(12 de noviembre, 2014).- Tras la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida en España como la “Ley Mordaza”, la cual prevé la restricción de manifestaciones ante las sedes legislativas y los edificios públicos, así como la imposición de multas a los participantes en movilizaciones consideradas “discrecionalmente” como ilegales, se ha desatado una polémica en todas las bancadas que hicieron frente común contra el dictamen aprobado por el Partido Popular (PP) y en la ciudadanía española.
En ese sentido, en la editorial del diario La Jornada señaló que “la aprobación y previsible promulgación de la ley mordaza es particularmente improcedente si se toma en cuenta que las políticas adoptadas en años recientes por la Moncloa –en coincidencia con el retorno del PP al gobierno español, e incluso desde los estertores del último gobierno socialista– amenazan a prácticamente todos los sectores de la sociedad española –los asalariados, los jubilados, los jóvenes, pero sobre todo a grupos particularmente vulnerables, como los desempleados y los trabajadores inmigrantes indocumentados– y que el propio gobierno ha cancelado en los hechos los canales institucionales de expresión de las discrepancias políticas y sociales”
Lo anterior -añade el texto del rotativo- genera un caldo de cultivo idóneo para la aparición de protestas sociales como las que protagonizaron los indignados hace dos años. Movilizaciones que ahora quedarán sometidas a la criminalización y la persecución a consecuencia de dicha ley”
Y así como en México, en territorio español ha persistido “la tentación de imponer” medidas represivas y de criminalización de las manifestaciones de la ciudadanía, donde además la combinación de la “insensibilidad oficial, la indignación popular y ausencia de cauces institucionales para expresarla y convertirla en acción política” puede resultar “costoso” para el gobierno de Mariano Rajoy.
Finaliza: “Es previsible que éstos no podrán ser contenidos con medidas autoritarias como la recientemente aprobada Ley de Seguridad Ciudadana, sino con acciones que reduzcan el déficit de representatividad y legitimidad que padece la institucionalidad española contemporánea”.
