(20 de octubre, 2014).- “Quizá el México bronco no existe, es sólo una amenaza de discurso; lo que existe es un México integrado y dominado”, es una frase que parece haber entrado en profunda crisis.
El artero atentado en Iguala contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa fue una política de extirpación de un proceso de movilización estudiantil que amenazaba con volverse nacional. Dirigido a los estudiantes del Politécnico, cabeza visible de múltiples expresiones juveniles de descontento en todo el país, el mensaje mafioso lanzado por el gobierno federal ponía un claro límite de “reclamos sí, política no”. La movilización estudiantil, sin quererlo, se lanzaba de frente contra las reformas del Pacto por México, el programa de gobernabilidad impuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al nuevo proveedor mundial de mano de obra barata.
En aras de la sobrevivencia del Pacto, murieron allí 6 personas (la mayoría estudiantes, uno de ellos desollado) y fueron heridas otras 25. Aún se encuentran desaparecidos 43 estudiantes. Lo que amenazaba ser una movilización estudiantil de alcance nacional, se transformó en un escándalo internacional y un polvorín interno de proyección incalculable. Los reclamos del Politécnico fueron encausados, porras priístas mediante, pero el desmadre resultante superó toda previsión. Hasta Porfirio Díaz estaría indignado por el pésimo desempeño del PRI ultraliberal en el nuevo milenio.
El responsable directo (eslabón inferior de la cadena de mandos) es el prófugo alcalde perredista de Iguala, sindicado por Reporte Indigo como uno de los jefes del ahora famoso cartel de los Guerreros Unidos y sobre el cual todavía no se libró una orden de detención. La responsabilidad trepa hasta el Congreso de Guerrero, que defendió al alcalde Abarca “a capa y espada”; hasta el gobernador Ángel Aguirre, asesino intelectual de los estudiantes; hasta Osorio Chong, “dialogando” con los estudiantes del Politécnico y los familiares de los desaparecidos con su retórica de “casos aislados”; hasta Murillo Karam, en un profundo e ignorante silencio lleno de complicidad; hasta Peña Nieto, declarando que el problema es de orden local. Todos sabían, todos callaron, todos complotaron, todos mataron.
Como parte de una negligencia criminal característica, no se ha dado a conocer el nombre de los detenidos ni se expusieron las líneas de investigación. La lentitud y la aparente impericia con que avanzan las investigaciones son exasperantes. Las autoridades han impedido la intervención de forenses argentinos especializados en la identificación de cadáveres. Los padres de los desaparecidos están prácticamente solos a cargo de la búsqueda.
Fenómenos que eran propios del narcotráfico y que se repetían hasta el hartazgo en Estados y municipios regidos por la convivencia entre crimen y autoritarismo, ahora son características propias de la forma democrática de gobierno, del “arte” de hacer política, de una forma sustancialmente mafiosa y criminal de resolver problemas. Ya no es el narco quien corrompe a los gobiernos, son los gobiernos quienes contratan a los sicarios y dirigen al crimen organizado. Así lo dijo López Dóriga en Televisa, en su afán por castigar al PRD sin percibir que castigaba al presidente de la República.
Buscando cadáveres de estudiantes aparecen cadáveres por doquier. Si hay un gran México enterrado en el olvido, hay otro enorme México enterrado bajo tierra.
No se trata en este caso de un Estado fallido, lo que daría cuenta de un Estado ausente, carente de control, incapaz de gestionar la vida pública. El Estado mexicano está demasiado presente, aunque bajo un aspecto criminal, ilegal y delictivo. En Tlatlaya o Iguala da lo mismo: ejército, policía o narcos actúan igual y cada vez más unidos. Reclamar el cumplimiento de la ley, el restablecimiento del Estado de derecho o el rescate de las instituciones parece una serie de consignas inertes, inocuas, inocentes. Es más maduro reclamar una nueva legislación, un nuevo Estado, unas nuevas instituciones. Porque el viejo edificio que nos cobijaba se cae a pedazos, y está por aplastarnos.
“Cuando está de por medio la seguridad nacional, no hay Constitución o leyes que valgan una chingada”, decía Miguel Nazar Haro. El Pacto por México todo lo exige, aunque el México bronco despierte. Y más vale que despierte.
