I.- ¿Conocerá el nuevo defensor de los derechos humanos: Luis Raúl González Pérez –al menos por los forros– la magnífica investigación en dos tomos de Víctor Fairén Guillén: E1 defensor del pueblo: ombudsman? Y sobre cuyo desempeño hay que tener ojo avizor, porque nunca más debemos dejar que la CNDH transite en complicidad con los funcionarios de los poderes de todo nivel, incluyendo a los ministros de la Corte, cada vez con más sueldo, prestaciones, seguros, choferes, automóviles, guardaespaldas, comedores privados con cavas europeas y cientos de asesores y secretarios de estudio y cuenta, etcétera, para que en verdad se respeten los derechos de todos los mexicanos, se reparen los daños y no sólo se amoneste a quienes pisotean garantías y derechos. Raúl González no puede ser otro Raúl Plascencia. Así que como diría López Obrador respecto de Calderón: la crítica y la información veraces deben traer al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el mecate corto, o se permitirá que el mismo Defensor se convierta en otro negligente y omiso que por favores o sobornos, sea el principal violador de los derechos humanos.
II.- En el asunto de las consultas populares para pedirnos nuestra opinión con relación a los problemas nacionales que competen a la soberanía de la Nación, de los nueve ministros de la Corte, sólo el Ministro Cosío votó a favor de que se llevaran a cabo las propuestas que solicitaron: PAN, PRI, PRD y Morena. Los demás, para quedar bien con el peñismo, se pusieron en contra de esos derechos. Por lo tanto, el nuevo Defensor de la CNDH debe –de oficio– emitir una resolución-recomendación contra cada uno de ellos, para mostrarles que se han convertido en violadores de esos derechos. De nada sirve que esas consultas estén asentadas como derechos del ciudadano en el Artículo 35 de la Constitución, si los ministros sustentan su cancelación en tonterías financieras. Esos ministros son parte de una rebelión que ha interrumpido la observancia de la Constitución y colaborado con un gobierno contrario a los principios que ella sanciona.
III.- Necesitamos un Tribunal Constitucional, quitándole a la Corte esa función y mientras tanto le corresponde a la CNDH intervenir para amonestar a los ocho ministros que cancelaron el ejercicio de las consultas populares. El peñismo ya amenazó con endurecerse más autoritariamente, anunciando una represión sangrienta contra quienes, víctimas de la violencia gubernamental, protestan por todo el territorio. Eso anuncia que habrá violaciones a los derechos humanos; y de continuar con los precedentes de Plascencia, el encargado de defender al pueblo, nuevamente hará caso omiso de esas violaciones que han tenido, con la supresión del derecho a las consultas populares, un primer ejemplo de que los mexicanos habremos de soportar o resistir las embestidas de violencia gubernamental. Si la CNDH no emite una severa recomendación a la Corte por haber impedido el ejercicio de las consultas populares, mal habrá comenzado su nuevo titular.
