Todo parece indicar que habrá “borrón y cuenta nueva” al renovarse gobiernos estatales en nueve entidades federativas. Tal vez la excepción se presente en Nuevo León, donde por primera vez ganó un candidato independiente. Pero es lo que confirma la regla, porque ni siquiera en Guerrero, Querétaro, Michoacán y Sonora, en donde los votantes cambiaron de opción política en la silla estatal, nada parece indicar que habrá cambios relevantes, investigaciones de enriquecimientos ilícitos, indagaciones sobre desviación de recursos públicos, o castigo a delitos electorales y violaciones a derechos humanos.
A Silvano Aureoles, en Michoacán, no se le ven ánimos de investigar a Fausto Vallejo, a su gente, mucho menos a Salvador Jara, dado que su candidatura y arribo al gobierno estatal se debió a una negociación política de alto nivel. En Querétaro, todo parece indicar que la transición será tersa con la llegada de Francisco Domínguez Servín e incluso se tendió una red de protección al nombrar a José Calzada, como responsable de Sagarpa. En Guerrero, Héctor Astudillo está más preocupado por poner orden en casa y que no manche a su administración el caso de Ayotzinapa, que por investigar a los anteriores gobiernos perredistas, empezando por Ángel Aguirre Rivero.
En Sonora, tal vez Claudia Pavlovich obtenga el permiso de Manlio Fabio Beltrones para investigar los negocios ilícitos de Guillermo Padrés, pero eso está por verse. Mientras que en San Luis Potosí, con Juan Manuel Carreras López; Campeche, con Alejandro Moreno Cárdenas; y en Colima, con José Ignacio Peralta Sánchez, todo parece indicar que habrá continuidad y nada moverá las aguas. Igual sucederá en Baja California Sur con Carlos Mendoza Davis, que dará continuidad al anterior mandato panista.
RODRIGO MEDINA EN RIESGO
De las entidades que habrán de renovar gobierno estatal, Nuevo León es el que tiene la mayor deuda. Al cierre de junio, tenía pasivos por 56 mil 158 millones de pesos, entre la deuda directa y la de organismos descentralizados, que sumado a nuevos créditos en el segundo trimestre de 2015 ascenderán a 65 mil 389 millones de pesos. Al considerar la deuda de largo y corto plazo, y Asociaciones Públicos Privadas, Medina hereda pasivos de hasta 100 mil millones de pesos, según el Consejo Cívico.
El gobernador Rodrigo Medina y su familia han tenido reiterados señalamientos de corrupción. En julio pasado, integrantes del Congreso Nacional Ciudadano presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra ellos por peculado, enriquecimiento ilícito y otros delitos federales. De acuerdo con esa organización, sus 20 propiedades ubicadas en Texas, EU, ascienden a un monto estimado de 15 a 20 millones de dólares.
Entre los pendientes que deja Medina, sobresalen la Línea 3 del Metro inconclusa, la construcción del Penal de Mina detenida, la meta incumplida de reclutamiento de policías de Fuerza Civil y el incremento de la deuda pública –calculada en más de 12 mil pesos per cápita. La construcción de la Línea 3 del metro, de 7.5 kilómetros, inició en octubre de 2013 y estaba programada para entregarse en agosto de 2015, pero la entrega se retrasó hasta marzo de 2016, por “fallas técnicas”. Este proyecto, una de las promesas del presidente Enrique Peña Nieto, se anunció con una inversión de 5 mil 692 millones de pesos, pero la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado informó en julio que el costo total será de 8 mil 039 millones de pesos, es decir, 41 por ciento más.
El Penal de Mina es otra de las obras inconclusas. La obra inició en julio de 2011 y se mantiene como elefante blanco desde hace tres años, tras una inversión de 400 millones de pesos. Para concluirlo se requiere una inversión de al menos 3 mil millones de pesos, según la administración saliente. Otra meta incumplida se refiere al número de elementos reclutados de Fuerza Civil, que al final de la administración debería de ser de 10 mil, pero la corporación sólo cuenta con poco más de 4 mil 300 policías.
GUILLERMO PADRES EN LA MIRA
El gobernador saliente de Sonora, Guillermo Padrés, enfrenta desde el año pasado una denuncia por peculado y operación con recursos obtenidos de manera ilícita. El mes pasado, un total de 45 mil firmas entregaron miembros del movimiento llamado “Malnacidos”, para exigir a la Procuraduría General de la República que registre avances en dicha investigación. Integrantes de dicho movimiento sostienen que existen suficientes elementos derivados del cambio de vida en lo económico de la familia Padrés a raíz de que Guillermo Padrés se convirtió en Gobernador y que se ha documentado en presas, ranchos, caballos finos, una hacienda en Hermosillo, entre otras cosas. Añaden que “existen denuncias públicas por moches y sobre precios en temas como los uniformes escolares”.
Al gobernador se le recrimina también que castigara con impuestos injustos a la gente y les perdonara impuestos a sus amigos. La gobernadora electa, Claudia Pavlovich Arellano, ha señalado que “habrá mano dura y mano justa” en contra de la corrupción del PAN en su Entidad, y que si bien no se van a fabricar culpables, tampoco se exonerará a nadie. En el caso del ex gobernador Guillermo Padres, advierte “no habrá borrón y cuenta nueva”, y confía en que la PGR actuará y desahogará el expediente y en la Procuraduría de Justicia del Estado “haré lo que a mi me toqué en su momento”.
La primer mandataria estatal mujer en Sonora, anticipa que tiene lista una respuesta de “justicia pronta y expedita” para el caso de la Guardería ABC, que incluye justicia desde la Procuraduría para los niños que murieron y atención para los que quedaron dañados. Entre los pendientes que recibirá, destaca la deuda con proveedores, un sistema de salud colapsado, deterioro de 3 mil 600 de 5 mil kilómetros de carreteras en el estado, y la penetración del narco.
A los problemas legales que ya enfrenta Padrés, se le suman denuncias contra el fiscal de Justicia, Carlos Navarro, y la presidenta del Sistema DIF Estatal, Iveth Dagnino de Padrés, esposa del gobernador saliente, por sus acciones u omisiones en el caso del tráfico de bebés por parte de funcionarios del gobierno de Sonora, que deberán ser investigados por la Procuraduría General de la República. De acuerdo con Juan Manuel Estrada Juárez, presidente de la Fundación FND, Niños Robados o Desaparecidos, en base a las denuncias con las que se cuenta en este momento son alrededor de 50 bebés vendidos, como mercancía por Vladimir Arzate Carbajal, director de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como José Manuel Hernández, asesor jurídico de la Unión Ganadera Regional de Sonora.
El activista señaló que “es imposible que la esposa del gobernador, Iveth Dagninio de Padrés, en su calidad de presidenta del DIF Sonora, no estuviera al tanto de lo que ocurría en la dependencia bajo su responsabilidad. Estrada sostiene que existen elementos suficientes para que la investigación sea atraída por la PGR, debido a que conjura el delito de delincuencia organizada al existir más de un funcionario público implicado.
