(05 de marzo, 2018. Revolución TRESPUNTOCERO).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) “buscar y dar a conocer información de los casos de desaparición forzada en el país”, los cuales están dentro de la categoría que indica la probable intervención de personas armadas y/o de la comisión de ilícitos.
La información deberá estar desglosada por: Fecha de desaparición, entidad federativa y municipio donde ocurrió, así como sexo y edad del desaparecido.
De acuerdo con la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos “la desaparición forzada es un problema sensible, de extrema gravedad y cada vez más frecuente, por lo que el proporcionar acceso a este tipo de información resulta de especial relevancia”.
A esto sumó que, de acuerdo con el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas, “en el año 2006 se contabilizaron 87 casos y para 2016 se contabilizaron 3 mil 805 casos”.
Dio a conocer que “de mil expedientes analizados, se encontró que 101 de ellos corresponden a casos en que los quejosos señalaron la participación de la delincuencia organizada en la desaparición de la víctima y 270 casos se relacionaron con la presunta participación de agentes del Estado”.
Kurczyn Villalobos declaró que, “de acuerdo con el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, el total de personas en esa situación ascendía entonces a 30 mil 499 casos, de los cuales, 29 mil 485 respondieron al fuero común y mil 14 al fuero federal”.
Según información de personas que continúan sin localizar, que proporciona la propia PGR, “al 31 de diciembre de 2016, 10 entidades federativas concentran el 79.2 por ciento del total nacional de personas desaparecidas, respecto del fuero federal, dichas entidades son: Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California”.
Human Rights Watch, ha señalado que desde 2006 miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han participado en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada.
En agosto de 2016, el gobierno informó que aún se desconocía el paradero de más de 27 mil personas informadas como extraviadas desde 2006. “Es habitual que agentes del Ministerio Público y policías no tomen medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo indican a los familiares de las personas ausentes que deben investigar por su cuenta”.
Las autoridades no han identificado restos o partes de cuerpos humanos hallados en distintos sitios del país, incluyendo en fosas clandestinas.
HRW señala que el gobierno federal ha impulsado dos iniciativas potencialmente prometedoras para encontrar a personas cuyo paradero se desconoce, pero estas han tenido resultados limitados. En 2013, creó una unidad dedicada a la investigación de desapariciones, que en octubre de 2015 pasó a ser una Fiscalía Especial.
Sin embargo, al ser consultados en abril, miembros de esa fiscalía indicaron que habían presentado cargos en apenas cuatro de un total de 830 casos de desapariciones que habían empezado a investigar.
En 2015, el Congreso aprobó una reforma constitucional que lo habilita a sancioanr leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura, mediante las cuales se establecería una definición única a nivel nacional para cada uno de los delitos y se facilitaría su juzgamiento en los 31 estados y México D.F. Al momento de la redacción de su informe, Peña Nieto había presentado los proyectos al Congreso, pero ninguno había sido promulgado.
HRW señaló que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas han estado implicados en reiteradas y graves violaciones de derechos humanos —incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas— en el marco de acciones contra el crimen organizado.
“El gobierno ha conseguido pocos avances en el juzgamiento de los responsables de abusos recientes, y menos aún en la gran cantidad de abusos cometidos por soldados y policías desde que Felipe Calderón (2006-2012) inició la ‘guerra contra el narcotráfico’ en México”.
