(18 de junio, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Legisladores del PRD, PAN, MC y PT denunciaron que las agresiones y amenazas de que han sido víctimas varios brigadistas que trabajan en la recolección de datos para un estudio de la asociación civil Borde Político sobre la aplicación de recursos asignados a municipios, a través del fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), evidencia el mal manejo que se da en las administraciones locales de los recursos públicos.
La diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT), sostuvo que Borde Político tiene como objetivo transparentar y proporcionar información a los ciudadanos, en coordinación con la Universidad de Harvard y la Universidad de Nueva York, y como consecuencia, se les pidió que dejaran su trabajo tras acusarlos de tener intenciones políticas; cuestionó la postura de varios presidentes municipales y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al no transparentar sus manejos.
“El incidente de Borde Político nos pone entre el viejo México de los 70, el autoritario que pretende que los ciudadanos no tengan derechos y que no se informen y el México del futuro, que pretende que a través de la contraloría social y de la información, a través del análisis serio de los datos, sin tintes políticos, la gente pueda educarse y formarse una opinión no solamente para votar, si a eso es a lo que el gobierno le tiene miedo”, argumentó Aguilar.
En su participación, el senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvo que los municipios son “la cuna de la opacidad” y que los procesos de corrupción están más arraigados, lo que provocó que la clase política fuera “por decirlo menos, de un autoritarismo que nos remite a otras épocas que todos considerábamos estaban superadas en nuestro país”.
Las amenazas e intimidaciones a los brigadistas de la asociación civil se registraron en lugares como Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde fueron hostigados por individuos no identificados por repartir trípticos; la policía local detuvo a los coordinadores de campo para presentarlos ante el secretario particular del presidente municipal y el secretario municipal, quienes les prohibieron continuar con la distribución de la información.
En las comunidades del estado de México, Villa Victoria y Cuautitlán Izcalli, les pidieron un permiso municipal para operar y luego de solicitarlo, les fue negado sin explicación alguna; en Chimalhuacán, presuntos simpatizantes de Antorcha Campesina fueron los que intimidaron al equipo y en Atlacomulco, los antorchistas tampoco les permitieron desarrollar sus actividades.
En Aquismón, San Luis Potosí, el personal de campo fue interceptado por elementos de la policía local, en camionetas con vidrios polarizados, y amenazaron con no hacerse responsables de lo que le ocurriera al personal de Borde Político, por lo que el equipo salió de manera intempestiva de la localidad; sin embargo, las camionetas los fueron siguiendo hasta Ciudad Valles.
El panista Fernando Rodríguez añadió que asociaciones como Borde Político contribuyen a una transición no solo en lo electoral, sino hacia una “democracia con contenidos que combata a la corrupción, que limite a la autoridad y que promueva la transparencia y la rendición de cuentas”.
Añadió que si no hay castigo para los responsables de las agresiones, este tipo de intimidación hacia Borde Político podría extenderse a cualquier asociación que incomode a algún actor político o a alguna autoridad de cualquier orden de gobierno.
El perredista Fernando Belaunzarán recordó que la ciudadanía mexicana tiene el derecho de conocer en qué se aplican los recursos públicos y conocer los estudios realizados por cualquier instancia, por lo que los presidentes municipales “contrariaron dos derechos muy importantes: el derecho a la información de los ciudadanos y el derecho a la expresión de la sociedad civil, que además, contribuye a que los recursos públicos se utilicen tal y como lo aprobamos en la Cámara de Diputados…¿qué causó tanta molestia?, que los recursos que se etiquetaron para ciertas obras en los municipios, a los presidentes se les dio la gana usarlos en otra cosa, lo cual, por supuesto, incluso tiene responsabilidades penales por malversar dinero público etiquetado para ciertas obras”.
Belaunzarán denunció que aún permanece el acoso en ciertos municipios a las brigadas, por lo que solicitó que los presidentes municipales de Cuautitlán Izcalli y Villa Victoria, del Estado de México, además de los de los municipios Juventino Rosas y Dolores Hidalgo en Guanajuato y Aquismón y Tamasopo en San Luis Potosí, cesen el acoso a Borde Político y garanticen su seguridad.
Por su parte, el legislador de Movimiento Ciudadano (MC), Danner González, sostuvo que “se es incómodo cuando se piden cuentas a los gobiernos sobre el uso de sus recursos y cuando esa incomodidad trasciende, cuando esos poderes se ven rebasados, no les queda más que la mano dura y el garrote”.
Sin embargo, la Comisión Permanente se limitó a aprobar un exhorto para que la Procuraduría General de la República (PGR) analice “la viabilidad de integrar una averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los integrantes de la Asociación Civil Borde Político”.
