(29 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El titular de la , Luis Raúl González Pérez, argumentó que es inaceptable que los derechos humanos sean -para muchas personas- una mera “construcción doctrinal o teórica” que no se refleja en su vida diaria por la desconfianza que generan las instituciones, misma que se agrava por la inseguridad, desigualdad, violencia, colusión entre autoridades y el crimen organizado, así como por la falta de respuesta.
Al presentar el informe anual de la dependencia a su cargo, el ombudsman nacional agregó que la estabilidad y vigencia de las instituciones se pone en riesgo por las graves violaciones a derechos humanos, pues estas evidencian el entramado de impunidad, corrupción y falta de aplicación de las normas.
González Pérez informó que durante 2015, la CNDH abrió 327 expedientes a través de los que se reportó la desaparición de 423 personas; al menos en 11 de estos casos, la dependencia advirtió la presencia de elementos suficientes para calificarlos como desapariciones forzadas.
Guerrero, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, encabezan la lista de las entidades de la República donde más se denunció la desaparición de personas el año pasado.
La CNDH en números…
Ante los legisladores que integran la Comisión Permanente -que hoy tuvo su última sesión- el funcionario informó que durante el 2015, la CNDH abrió 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales: 9 mil 980 fueron por la presentación de quejas; 8 mil 252 orientaciones directas; 9 mil tres por remisiones y 632 inconformidades.
Respecto a los asuntos presentados en 2014, el año pasado hubo un incremento de 12%; en particular, las quejas se incrementaron 18%, al pasar de 8 mil 455, a las casi 10 mil en 2015.
Las autoridades que más fueron denunciadas por violar derechos humanos fueron: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en 2 mil 185 casos; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación (Segob), con mil 308; la Policía Federal (PF), 783; la Procuraduría General de la República (PGR), 761; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 705; el Instituto Nacional de Migración (INM), 688; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 620; la Secretaría de Educación Pública (SEP), 548; la Secretaría de Marina (Semar), 373; y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en 316 casos.
Durante el mismo periodo, el organismo emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 diversas autoridades y de nueva cuenta, el IMSS fue la dependencia que más señalamientos acumuló con 13; en segundo lugar se posicionó la Comisión Nacional de Seguridad con siete; el gobierno de Chiapas –encabezado por Manuel Velasco, del Verde Ecologista- el ISSTE, el INM y la PGR empataron en tercer lugar, con tres recomendaciones cada uno.
Entre los derechos humanos más violentados que se denunciaron y sobre los que hubo más recomendaciones, destacan: ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de migrantes, entre otras.
Agrupados, por área, el sector salud fue el más cuestionado al acumular 3 mil 070 quejas, mientras que en el de seguridad registró 3 mil 24 y el educativo, 702.
Las entidades que más denuncias generaron son: el Distrito Federal, con 2 mil 350 casos; Estado de México, 791; Tamaulipas, 613; Veracruz, 468; Sonora, 442; Chiapas, 405; Jalisco, 354; Oaxaca, 349; Nayarit, 302 y Michoacán, 299.
Tras la emisión de las recomendaciones, la CNDH dio seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que dieron origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos y 58 denuncias fueron consignadas ante las distintas procuradurías.
Algunos casos…
Al presentar el informe, González Pérez recordó que la dependencia a su cargo emitió recomendaciones sobre diversos casos que modificaron la percepción de violencia en nuestro país; por ejemplo, la matanza en Apatzingán, Michoacán –ocurrida el seis de enero del año pasado- cuando elementos de la Policía Federal abatieron a civiles y luego los señalaron como integrantes de un grupo delictivo, hechos de los que se derivó la recomendación 3VG 2015, por violaciones graves a los derechos humanos.
Los señalamientos alcanzaron al titular de la Sedena, al ahora exgobernador de la entidad y el presidente municipal de Apatzingán.
“Casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingan o Tanhuato, modificaron la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país y pusieron a prueba a las instituciones, incluida a la CNDH y evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como la debilidad del Estado de Derecho en varias regiones del país”, dijo González.
Sobre la desaparición de los 43 normalistas, el ombudsman señaló que “para la CNDH, el caso Iguala es un expediente abierto” y recordó que el organismo a su cargo presentó 32 observaciones y propuestas para diversas autoridades involucradas en la investigación, en el documento titulado “Estado de la Investigación del Caso Iguala”.
Ante senadores y diputados, el funcionario recordó que el Congreso tiene pendiente la emisión de leyes generales en materia de desaparición forzada y tortura –a la que calificó como un flagelo inadmisible e indignante que representa un serio retroceso en el Estado de Derecho-además de la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país.
