(25 de noviembre, 2017. Revolución TRESPUNTOCERO).- Arturo Campos lleva mil 461 días en prisión de manera injustificada. Él es un indígena na savi, acusado de cargos de secuestro, robo y delincuencia organizada, sin embargo, asegura: “lo único que hice fue defender los derechos de los pueblos indígenas de Guerrero”.
Ha señalado que, denunció 11 casos de esterilizaciones forzadas a hombres indígenas de su región, acompañó a las viudas de 10 indígenas y un estudiante de la UNAM asesinados por el ejército a exigir justicia, “y saqué a la luz dos casos de tortura sexual del ejército a mujeres indígenas. Mi trabajo era demasiado incómodo para el gobierno”, afirma.
Además, en un testimonio señaló, “mi delito fue luchar por mi gente y organizarla. Aunque los tribunales federales han declarado mi inocencia y reconocido mi papel de defensor de derechos humanos de los pueblos indígenas, sigo detenido por un proceso abierto en Tlapa”.
Sobre el caso, la activista Celina Caballero comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, que “Arturo está pagando el costo de enfrentarse al gobierno, de exhibirlo y enseñar además de acompañar a la población más desprotegida a defenderse de los embates de las autoridades federales, estatales y locales que ven y tratan a los indígenas de manera inhumana.
El defensor de Derechos Humanos, Arturo Campos Herrera, miembro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC), ahora se encuentra en el penal de Ayutla. Debió de haber salido libre hace meses, porque el juez federal Benito Arnulfo Zurita firmó el amparo, donde obliga a la Cuarta Sala Penal a excarcelar al policía comunitario, pero esto no sucedió, aunque ya se aseguró que no hay pruebas para los delitos que se le imputaron de manera tan vulgar, con tal de acallarlo”.
De acuerdo con los testigos, el 1 de enero de 2013 fue detenido de manera arbitraria por policías ministeriales bajo las órdenes del entonces titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, acusado de secuestro agravado.
Campos se encontraba en Chilpancingo, participando en un acto por la liberación de Nestora Salgado, Gonzalo Molina y otros 12 compañeros comunitarios detenidos y encarcelados semanas antes, a propósito de una campaña emprendida desde el gobierno perredista de Ángel Aguirre para debilitar a la CRAC. En aquella fecha, Arturo Campos, al igual que Nestora Salgado y otros líderes de la policía comunitaria, le fue imputado el delito de secuestro.
Su activismo social inició varios años antes, El 7 de junio de 1998, con la masacre del Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, donde fueron ejecutados once campesinos a manos del ejército, los pueblos indígenas Me ́phaas y Ñu Savi se organizaron y formaron la Organización Independiente de Pueblos Mixteco y Tlapanecos (OIPMT), en donde nombraron a Arturo Campos como Coordinador de la Organización.
Estando como coordinador de la OIPMT, acompañó a varias víctimas de esterilización forzada por parte de la Secretaría de Salud de Guerrero de diversas comunidades como la Fátima, Ojo de agua, Ocotlán y El Camalote del municipio de Ayutla, para interponer sus denuncias ante el Ministerio Publico.
De igual forma, denunció los abusos de elementos del Ejército mexicano y Policía Judicial que hostigaban y amenazaban a los ciudadanos de la región bajo el pretexto de conseguir información de grupos subversivos. Fue así que el año 2002, Arturo Campos se unió a la lucha y acompañamiento de las mujeres indígenas Me’phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, víctimas de tortura sexual a manos del elementos del Ejército mexicano y que en el año 2010 fueran beneficiadas con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en contra del Estado mexicano.
“Arturo Campos, a lo largo de su trayectoria ha forjado su identidad como defensor comunitario que creció en los surcos de la Costa y la Montaña. Desde niño luchó contra la discriminación de que fue objeto por parte de la población mestiza.
Caminaba varias horas para asistir a la escuela más cercana. Ya de joven en lugar de buscar su comodidad y la de su familia, decidió poner sus esfuerzos y energías al servicio de los pueblos Ñu Savi de Ayutla. Cuando el Ejercito Mexicano masacró a los indígenas de El Charco Arturo se involucró decididamente en la denuncia. En el 2013 cuando la delincuencia organizada y común azotaban el Municipio de Aytutla organizó a las comunidades para integrarse a la CRAC-PC y traerle tranquilidad a su pueblo”, se argumenta.
Además, la activista afirma que “a Arturo no le perdonaron exhibir a las fuerzas armadas y al aparato gubernamental que usa la violencia como principal elemento para mandar en el país y en las distintas comunidades que pueden ser llamadas disidentes y que buscan mejoras en su territorio y población.
Hoy la familia del defensor de Derechos Humanos mantiene una precaria vida sin él, las autoridades lejos de facilitar su libertad presionan para que esto no pase, para que sirva de escarmiento a todo aquel que quiera continuar con la misma defensa. A las comunidades indígenas siempre les ha tocado ser las víctimas de las masacres por alzar la voz por exigir lo que les corresponde legalmente. Él es la carne de cañón del gobierno”.
