Tan sólo en conmemoraciones como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado este año por Enrique Peña Nieto en el Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya, en el Estado de México, las autoridades federales voltean la vista a los indígenas del país, 15.7 millones de personas, el 14% de la población nacional, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, grupos que son pobres entre los pobres, que viven una situación de rezago que se traduce en la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. El porcentaje de quienes hablan lenguas indígenas en pobreza está en alrededor del 80 por ciento.
La atención a la población indígena del país, que enfrenta condiciones de pobreza, desventaja social y precariedad en general, se queda poco menos que en el discurso oficial. Peña Nieto presentó la Estrategia Banderas Blancas, cuyo fin, dijo, es disminuir el rezago en materia de agua potable, drenaje y electricidad, en localidades indígenas de más de 100 habitantes. En el remoto caso de aplicarse correctamente, este programa abarcará a unos 2 millones de indígenas, el resto, casi 14 millones quedan fuera, no obstante que presentan carencias, acceso a los servicios básicos, vivienda, agua potable, drenaje, electricidad, salud, educación y alimentación.
Las acciones oficiales son meros paliativos, una cinta adhesiva para una enfermedad de hondas raíces sociales no atendida por los últimos gobiernos fedérales y estatales. De acuerdo con la información oficial, se entregaron certificados del programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena a pobladores de Acteopan, Puebla; zapotecas de Oaxaca; chontales de Tabasco; y otomís de Temoaya; así como infraestructura a habitante de San Felipe del Progreso, estado de México; Larrainzar, Chiapas; el Nayar, Nayarit, y de apoyo a la formación de jóvenes y para iniciar comunitarias a nahuas de Cuajitlán de García, Jalisco; zoques de Uxpanapa, Veracruz, y wixáricas del Mexquital, Durango.
Peña Nieto anunció una estrategia de cobertura total para dotar de luz, agua y drenaje a tres mil 250 comunidades indígenas. Explicó que el gobierno de la República tiene planteadas diversas acciones entre ellas la Cruzada Nacional contra el Hambre y la reforma educativa, además del Programa de Zonas Económicas Especiales para cuatro estados, que presentará al Congreso en el próximo periodo de sesiones.
Las acciones gubernamentales ni siquiera intentan abarcar la atención de toda la población indígena del país, que son pobres ente los pobres, como se puede apreciar fácilmente en estados con el mayor porcentaje de habitantes indígenas como son Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí, y Veracruz, en donde la población con algún rasgo de pertenencia étnica se encuentra en mayores condiciones de precariedad que las personas que no lo presentan.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoce que la situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la población en general, resienten más carencias en el acceso a la alimentación que la mayoría de los mexicanos, tienen serias dificultades para tener acceso a una vivienda, cuentan con serios rezagos educativos y no es coincidencia que las entidades con más población indígena tengan los mayores índices de reprobación en primaria y secundaria, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En salud la situación es similar.
Una gran dificultad que enfrentan los indígenas en México son los obstáculos para acceder a la justicia. Cuando un indígena se ve involucrado en un problema legal, encara una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia en prisión. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos hay más de 8 mil indígenas mexicanos en cárceles mexicanas, la mayoría de ellos “no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante, e incluso en mucha ocasiones desconocen el motivo por el que están internos”.
En términos generales, los derechos de los pueblos indígenas no se respetan en el país, como lo ha denunciado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, admite que “no concluye aún el desarrollo legislativo para armonizar las constituciones locales conforme al contenido de la Constitución federal”, por lo que, al encabezar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, puntualizó que “es deber de los juzgadores adoptar las medidaw pertinentes que permitan alcanzar la igualdad de facto cuando exista discriminación estructural y sistemática”, cuando conozcan asuntos en que participen persona, comunidades o pueblos indígenas.
Durante el evento realizado en la sede de la SCJN, Aguilar Morales señaló que la emisión de resoluciones en materia indígena debe tener el efecto de cambiar prácticas procesales que aún persisten, para sustituirlas por otras que incorporen mecanismos que garanticen la igualdad de las partes. Por ello, agregó, el máximo tribunal ha emitido jurisprudencias y criterios para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia, como el respeto pleno de la autoadscripción, la garantía de contar con un intérprete o traductor y un defensor que conozca su lengua y cultura.
Por los errores de los pasados gobiernos y el actual, a la sociedad mexicana se le está condenando al estancamiento, a la pobreza, a la inseguridad y a la desigualdad extrema.
