Este 22 de octubre el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que continuará con el procedimiento administrativo en contra de los seis consejeros que en 2021 votaron a favor de prorrogar la consulta de Revocación de Mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior, luego de que la mayoría de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró improcedente el juicio interpuesto por una de las personas involucradas, Claudia Zavala.
La propuesta del magistrado ponente, Felipe Fuentes, para que este caso corra por la vía administrativa, fue respaldado por Felipe de la Mata, Gilberto Batiz y Claudia Valle.
“El proyecto advierte que esta Sala Superior es legalmente incompetente para conocer de este asunto porque la autoridad que emitió el acto impugnado no es de naturaleza electoral”, dijo Fuentes.
Además de que señaló que la persona que interpuso el juicio general, es decir la consejera Zavala, no está en indefensión y el procedimiento aún no concluye. “En este momento el procedimiento de responsabilidad administrativa, en el cual se emitió el acto reclamado no ha concluido y, por lo tanto, tampoco existe una declaración firme de sanción que pueda dejar en estado de indefensión a la actora”.
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Felipe De la Mata comentó que los involucrados pueden defenderse en el ámbito administrativo e incluso por la vía del amparo. Por su parte, Claudia Valle dijo que su voto no significa avalar que el OIC coaccione a los consejeros.
“No avalaríamos nunca que se convierta un Órgano Interno de Control en un órgano que ejerza coacción velada o expresa del ejercicio libre, independiente, constitucional y legal de las consejerías de ningún Instituto Electoral. Me parece que esto se salvaguarda con la propuesta que estamos votando”.
Sin embargo, abundó, no es competencia de la Sala Superior del TEPJF determinar acciones del área administrativa.
En contra, al considerar que si bien es un acto administrativo el origen sí es electoral, se manifestaron Janine Otálora y la presidenta Mónica Soto. “No es un acto administrativo, es un acto, un tema de criterio por el cual debe respetarse la independencia de todas las personas que integran Consejos Generales de autoridades administrativas”, indicó.
