(31 de marzo, 2015).- Las próximas elecciones de junio serán una labor complicada para el Instituto Nacional Electoral (INE) y es que hay muchas iniciativas para que el voto sea anulado, como un reclamo por la deplorable situación por la que vive el país, por su parte los consejeros del INE se pronunciaron contra esa medida.
“En las condiciones actuales, hacer un llamado porque no se vote es contrario a una tradición democrática que ha permitido que los poderes públicos se instalen a partir de elecciones comiciales”, señaló el consejero Marco Antonio Baños.
A su vez recordó que la figura del voto blanco no existe en México y que, a diferencia de otros países, en donde es posible dejar curules vacías en función del número de votos blancos, en este país no hay consecuencias en la designación de gobernantes.
“Lamentablemente cuando una persona cruza intencionalmente la boleta, la anula y lo convierte en un voto nulo. Ojalá que los ciudadanos mexicanos tengan conciencia de que su voto sea efectivo y que lo ejerzan con libertad”, agregó Baños.
Por su parte la consejera Pamela San Martín apuntó que las demandas de los ciudadanos, hacia los políticos, no puedes ser solamente para las elecciones del 7 de junio, debe continuar, además que prevé una mayor participación.
“Las elecciones intermedias suelen tener un nivel de participación menor que las presidenciales, pero este año tenemos un contexto distinto que es que hay 17 elecciones locales y 9 elecciones a gobernadores o gobernadoras y esos son elementos que suelen incentivar la participación”, agregó San Martín.
Agregó también que, ante el enojo y reclamo social hacia los partidos, las instituciones electorales y los gobiernos, corresponde a todos es trabajar para hacer vigentes los derechos democráticos de los mexicanos.
Acerca de la propuesta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para que se firme un convenio entre partidos, gobiernos y autoridades electorales para blindar las elecciones de la influencia del narcotráfico, los consejeros indicaron que esa es una responsabilidad compartida.
“La autoridad electoral tiene una restricción, se sujeta a los principios establecidos en la ley. Esa parte es la que revisa el Instituto Nacional Electoral y hay un filtro previo que ya los partidos debieron ejercer y ellos son responsables de que estén postulando a ciudadanos que no tengan situaciones vinculadas al crimen y una situación patrimonial clara”, espetó Baños.
