(13 de mayo, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Las elecciones del 7 de junio en México se aproximan y la presión a los candidatos políticos en diferentes estados de la república por parte de grupos de la delincuencia organizada se hace más notorio.
De acuerdo con un análisis de In Sight Crime, organización dedicada al estudio de seguridad nacional, el Instituto Nacional Electoral (INE), “no está haciendo lo suficiente para impedir que el flujo de dinero proveniente del crimen organizado llegue a las arcas de las campañas de los candidatos”.
In Sight Crime sostiene que especialistas en el tema como Jesús Tovar Mendoza, director ejecutivo de la Red de Estudios sobre la Calidad de la Democracia en América Latina, indican que las campañas tienen que dar cuenta detallada de sus gastos, pero lamentablemente las autoridades electorales no hacen nada por comprobar de dónde proviene ese dinero.
“Como resultado, los grupos criminales pueden proporcionar beneficios económicos o en especie a las campañas, o directamente a los electores, con el fin de influir en las votaciones”, expresa Tovar Mendoza.
Además la fundación señala que durante mucho tiempo, en México han existido vínculos entre políticos y organizaciones criminales, vínculos que se consolidan mediante contribuciones a las campañas, con las cuales esencialmente se compra la lealtad de los políticos.
“Uno de los casos recientes es Julio César Godoy, ex congresista de Michoacán, o José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero”. Incluso retomó las elecciones de 2012 donde Enrique Peña Nieto compró votos de su partido “financiados mediante tarjetas de débito prepagadas. Se descubrió que parte de la financiación de estas tarjetas provenía de figuras vinculadas al crimen organizado”.
Indica que los problemas persistentes en el INE demuestran también que la reforma institucional es un proceso muy tedioso. Los líderes mexicanos han demostrado durante mucho tiempo una tendencia a crear nuevas entidades cuando fallan las viejas. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la seguridad.
Para ln Sight Crime, “México ha renovado innumerables veces los cuerpos de policía federal en los últimos veinte años, y ninguno de ellos ha demostrado ser mejor que sus predecesores. Ello se debe a que el solo hecho de crear una nueva institución no la fortalece”.
Y agrega: “un INE más eficaz sería una herramienta efectiva para controlar también a los defensores políticos de los criminales, pero éste sigue siendo un objetivo a largo plazo”.
EPN no confisca patrimonio de narcos porque representaría atacar financiamiento electoral: Buscaglia
Los cárteles han demostrado el alto nivel de equipamiento que han alcanzado, además se ha hecho cada vez más evidente la extensión de sus redes hasta el ámbito político.
En palabras del Dr. Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia, el motor de la delincuencia organizada en México es la política y los partidos políticos.
“La corrupción política mexicana es el corazón de la delincuencia organizada. México es un país de más de 27 mil desapariciones, de más de 1 millón de desplazamientos forzados debido a conflictos armados (…) el país es un país de secuestros, extorsiones y trata de personas y el que piense que no es así que me diga y yo se lo pruebo en pocos minutos”, dijo.
Asimismo indicó que el problema de inseguridad de México no tiene que ver con la falta de equipo para enfrentar a la delincuencia, sino se trata de un asunto meramente de corrupción política.
“El problema de México no es un problema de armas o de equipamiento, es un problema de corrupción política y empresarial que permite, por ejemplo, que el cártel Jalisco Nueva Generación se haya expandido como lo hizo por toda la república y más allá de México”, indicó.
El investigador aseguró que Enrique Peña Nieto no ha querido tomar medidas de confiscación patrimonial en contra de los criminales y las empresas usadas por estos para sus actividades, debido a que hacerlo representaría atacar a sus partidos y al financiamiento electoral de estos.
“El presidente de la república al no querer tomar las medidas de confiscación patrimonial, que tomó Italia por ejemplo y que procesó al 60% de su parlamento, al no querer confiscar a las empresas por las cuales estos grupos criminales usan sus transportes, usan la infraestructura, no quiere atacar esos ángulos porque significa atacar a sus mismos partidos y al financiamiento electoral, no quiere atacar el cáncer en su propia casa, en su propio seno, al no querer hacerlo, la única manera de contener este tsunami es mandar a soldados”, puntualizó.
