Las incongruencias con las que se maneja el Instituto Nacional Electoral son visibles no solo en lo que respecta a sus dictados generales surgidos del grupo que lo comanda para todo el país, sino en sus bien llamadas “sucursales”. En el caso de los máximos encargados en las Entidades, éstos se niegan rotundamente a presentarse ante la opinión pública para explicar muchas de las dudas existentes no solo en cuento a su funcionamiento, a la jornada electoral, a lo prohibido y lo que tiene autorización sino en torno a la desconfianza del electorado sobre su manejo. La limpieza de su operación se encuentra en los boletines de prensa y en las declaraciones que hacen para su elaboración los diferentes comisionados.
Se mostraron totalmente ajenos –y esto es parcialmente- a la presentación de los candidatos a los foros organizados por asociaciones, cámaras o inclusive universidades. Todos ellos tuvieron que reunir la serie de requisitos exigidos por el INE para llevar a cabo estas presentaciones y sin embargo el Instituto de referencia nada hizo por obligar a los candidatos a presentar sus propuestas ante el auditorio demandante y por ellos autorizado. La península de Yucatán es un claro ejemplo del manejo de este Instituto, lo cual ha despertado en los ciudadanos interrogantes a las que, por supuesto, nadie les dará respuesta.
En Yucatán, cerca de dos decenas de organizaciones ciudadanas lanzaron sus respectivas convocatorias reuniendo todos los requisitos impuestos por el INE y logrando su autorización, sin embargo se enfrentaron a los argumentos de quienes tienen la obligación de dar a conocer sus plataformas y propuestas, mismos que condicionaban la llegada de unos a la presencia de otros. Así los del PAN, obviamente el PRI con sus aliados en esa Entidad, el Verde y el PANAL, y hasta los del PRD optaron por no presentarse. Los partidos realmente opositores a esta terna que cada vez es más visible en su unión, Movimiento Ciudadano, los de Morena, no pusieron objeción alguna.
La pregunta es clara y única: ¿por qué si hay que recurrir a las autorizaciones del INE para lograr estos encuentros, ese Instituto no obliga a los candidatos a participar? En Quintana Roo Juan Álvaro Martínez Lozano, Vocal Ejecutivo de la Junta de ese Instituto, se niega rotundamente a presentar a la opinión pública los lineamientos que se tienen para la jornada electoral del 7 de junio y también se resisten a explicarle a los ciudadanos el porqué de su negativa a llegar al fondo en los casos en los que la oposición al PRI y al Verde ha hecho denuncias por actos anticipados de campaña de sus ahora candidatos a los tres Distritos electorales.
Demetrio Cabrera, vocal ejecutivo de la junta Distrital III, misma que comprende el área más amplia de Benito Juárez, Cancún, también pretexta una y mil ocupaciones con tal de no presentarse a dar cuenta de la negativa de los candidatos del PRI y del Verde a presentarse en los foros que ellos mismos autorizan para que presenten sus respectivos currículos y den a conocer cuáles serán sus objetivos de llegar a ocupar una curul federal. Ni siquiera en el caso de las Universidades han llegado los abanderados de éstos partidos los cuales argumentan que no tienen ninguna necesidad puesto que el triunfo está garantizado. Por si los del INE no se han dado cuenta, estas ausencias de autoridad lo único que provocan es un mayor abstencionismo ante el desconocimiento que se tiene de quienes se proclaman desde ahora ganadores de la contienda.
Lo que sucede en Campeche es aún más grave ya que ahí no hay foro alguno al que asista el candidato del PRI a la gubernatura y el INE se muestra indolente ante la serie de señalamientos que se han hecho sobre “Alito”, en la persona de Alejandro Moreno Cárdenas que hablan no solo de niveles altos de corrupción sino de ligas con capitales procedentes de organizaciones criminales. Lo menos que podría hacer la autoridad electoral es demandar una investigación que, una vez concluida, sea la que determine si prosigue la elección y su candidato o se toman otras determinaciones. No es posible que se limiten a observar que la responsabilidad sobre estos abanderamientos recae en los partidos que los postulan y ellos como autoridad se mantengan ajenos.
Esta forma de actuación del INE se percibe en todo el país. Ningún señalamiento ni denuncia es válida para la autoridad electoral, como tampoco lo es para el SAT en donde podrían comprobar rápidamente si existe honorabilidad y cumplimiento ciudadano en los participantes en las contiendas. Así las cosas se percibe que se seguirá llenando la Cámara de Diputados de los mismos de siempre, de aquellos que no están dispuestos a mostrar su verdadero rostro a la ciudadanía, de darse a conocer proclamando honorabilidad y honradez y tal vez sea por eso, por la carencia de ambas que prefieran la oscuridad y el manto protector, la impunidad que les garantizan quienes los abanderaron.
