El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada, Juan Pablo Albán, respondió a los cuestionamientos del Gobierno mexicano y aclaró que el informe reciente sobre desapariciones no se enfoca en una administración en particular, sino que examina el comportamiento del problema a lo largo de más de una década.
El pronunciamiento surge luego de que autoridades federales rechazaran el contenido del documento, al considerar que no refleja adecuadamente la situación actual del país. Ante ello, Albán subrayó que el análisis incorpora información acumulada desde 2012, incluyendo datos recientes sobre personas desaparecidas.
Asimismo, el representante del organismo internacional defendió el papel del Comité, con facultades para supervisar el cumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos.
En ese sentido, también precisó que el informe fue dirigido a la Asamblea General del organismo, en apego a los procedimientos establecidos en la convención internacional correspondiente, lo que permite escalar la discusión cuando se detectan patrones preocupantes.
Finalmente, Albán señaló que el desacuerdo entre gobiernos y organismos internacionales es parte del diálogo institucional, pero advirtió que las descalificaciones pueden debilitar la cooperación necesaria para atender problemáticas complejas como las desapariciones.
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