- La STPS subrayó que la iniciativa no contempla recortes en percepciones, prestaciones ni derechos adquiridos, y que el objetivo central es mejorar las condiciones laborales, fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo.
El gobierno federal presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a reducir de manera gradual la jornada laboral semanal en México, con el objetivo de transitar de las actuales 48 horas a un esquema de 40 horas sin disminución salarial. De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la propuesta tendría un impacto directo en aproximadamente 13.4 millones de personas trabajadoras en todo el país, principalmente en sectores donde prevalecen jornadas extensas.
La dependencia federal explicó que la reducción se plantea de forma escalonada para permitir una adaptación ordenada de los centros de trabajo. El calendario proyectado considera una disminución progresiva a lo largo de varios años, lo que permitiría a empleadores y trabajadores ajustar procesos productivos, organización de turnos y esquemas operativos sin afectar la continuidad de las actividades económicas.
La STPS subrayó que la iniciativa no contempla recortes en percepciones, prestaciones ni derechos adquiridos, y que el objetivo central es mejorar las condiciones laborales, fortalecer el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, y homologar la legislación mexicana con estándares internacionales en materia de tiempo de trabajo. Asimismo, se destacó que la reforma forma parte de una política laboral más amplia impulsada por el Ejecutivo federal para dignificar el empleo y fortalecer el mercado interno.
Información oficial señala que los mayores beneficios se concentrarán en ramas como la industria manufacturera, el comercio, los servicios y el transporte, donde una parte significativa de la población ocupada labora más de ocho horas diarias. La reducción de la jornada busca incidir de manera directa en la salud, el descanso y la productividad de las personas trabajadoras.
Previo a su presentación, la propuesta fue analizada en espacios de diálogo con representantes sindicales, empresariales y especialistas en materia laboral. El gobierno federal reiteró que el proceso legislativo permitirá enriquecer la iniciativa y construir consensos que garanticen una implementación efectiva, con impacto positivo tanto en el bienestar social como en la estabilidad económica del país.
