(16 de octubre, 2014).- A pesar de que el gobierno federal ha presentado un nuevo plan para remodelar “radicalmente” el sistema de Justicia, donde la PGR será suplida por la Fiscalía General de la República, Peña Nieto “no ha explicado adecuadamente por qué es necesaria. Y, teniendo en cuenta el sustancial costo que implica el cambio, la responsabilidad recae sobre los defensores de la reforma para demostrar que ésta haría de México un país más seguro”, así lo consideró la firma Insight Crime.
“Suena hueca la afirmación de Peña Nieto de que las críticas sobre la parcialidad de la PGR obstaculiza su legitimidad. Él dijo que los mexicanos a menudo sospechan que los políticos utilizan a los fiscales para castigar a sus enemigos, lo que de hecho sería un mal que valdría la pena erradicar de raíz. Sin embargo, él no ofrece ningún ejemplo de algún caso relevante; un indicador obvio de que debemos tratar su justificación con sospecha”, señalaron.
Al examinar la legitimidad del sistema de justicia penal, abunda el análisis de la organización cuya sede está en Washington, hay un problema mucho más grande que el de los políticos tratando de castigar a sus enemigos: la incapacidad de poner constantemente a los responsables tras las rejas; así como la falta de confianza generalizada en el sistema judicial de la nación que “se manifiesta en el desenfrenado subregistro de crímenes“.
También plantea la cuestión sobre cómo es que una entidad autónoma, como lo será la FGR, con un titular elegido por el Senado, “sería inmune a la presión política”. “El personal de menor rango, responsable del procesamiento de los casos, puede incluir a muchos individuos ambiciosos y ansiosos de ganarse los favores de los políticos. La independencia y autonomía judicial es un concepto difícil de alcanzar en muchos países, independientemente de cómo esté configurado el sistema de justicia”, apunta.
Y agrega: “La creación y dotación de personal de una nueva agencia es inevitablemente un proyecto largo y costoso. Hay un costo de oportunidad para cualquier iniciativa gubernamental, especialmente cuando se trata de una reforma institucional. Por supuesto, hay momentos en los que la estructura básica de una agencia gubernamental está tan dañada que tiene sentido volver a empezar, pero iniciar tales esfuerzos en busca de poca ganancia tangible es una locura. Además, México ya se encuentra en medio de un gran esfuerzo por reformar su sistema judicial e implementar un sistema de juicio oral; es un error dividir su atención antes de que se complete el proceso”.
“Los líderes mexicanos tienen una larga historia de perseguir la reforma institucional sin prestar suficiente atención a si el cambio es necesario o si los cambios realmente mejorarán las cosas. Esto es más evidente cuando se trata de la reforma policial. La Policía Judicial Federal fue una de las agencias dominantes en la lucha contra el crimen durante los años noventa, hasta que el presidente Vicente Fox creó la Agencia Federal de Investigación en 2002. Esa agencia, a su vez, fue reestructurada en 2009 bajo la presidencia de Felipe Calderón, convirtiéndose en la Policía Federal Ministerial. Abundan ejemplos similares”, concluye.
Cabe señalar, el mes pasado, la administración peñanietista envió al Congreso un proyecto que pretende la creación de una nueva agencia llamada la Fiscalía General de la República, que equivale al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre una de las atribuciones de la FGR, quien esté al frente ya no estará supeditado al fallo presidencial, sino que será seleccionado por el presunto como por el Senado de la República, con una duración de 9 años en la administración.
Ilustración: Antonio Guzmán
