Medios locales reportaron la tarde de este miércoles sobre una fuerte movilización por parte de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM), el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Guardia Nacional en albergues de la asociación civil Ayudante al Niño, luego de recibir denuncias de maltrato y abuso sexual contra menores.
Las clausuras ocurrieron en las sedes ubicadas en Texcoco y Chicoloapan. Las diligencias se realizaron gracias a órdenes de cateo que concedieron jueces del Poder Judicial mexiquense, quienes solicitaron la presencia de trabajadores y directivos señalados de abusar de niñas alojadas en esos lugares.
En total se rescató a 38 menores de edad de los albergues Casa Hogar Jirich, Bethel y Ágape, exclusivos para niñas, y Génesis y Esperanza, de niños.
Todos quedaron bajo resguardo del DIF del estatal y fueron asegurados por el Ministerio Público tras el hallazgo de indicios de presuntos delitos y faltas administrativas.
Esta intervención ocurre meses después de que once niñas se organizaran para denunciar los abusos que sufrían por parte de uno de sus cuidadores y tras la muerte de un niño, que ocurrió en extrañas circunstancias.
Albergues eran financiados por iglesias estadounidenses
Las denuncias fueron respaldadas por una investigación de Quinto Elemento Lab, quienes descubrieron que al menos 20 menores de edad habían sido víctimas de violencia y abusos durante los últimos 30 años dentro de casas hogar Ayudante al Niño en el Estado de México.
Dicha investigación señalaba que, en las instalaciones de Ayudante al Niño IAP, el dinero no era un problema gracias al financiamiento de iglesias cristianas de Estados Unidos.
Hasta el presente año, las voces de los menores que denunciaban estos abusos fueron ignoradas por el personal de la institución y por su director ejecutivo, Steve Ross, ciudadano estadounidense que ha dirigido la organización mientras se acumularon las agresiones y fue denunciado en 2017 por abuso sexual en agravio de menores.
Un sólo responsable en más de 58 años
El periodista Sanjuana Martínez documentó el mes pasado que uno de los albergues opera desde hace más de 58 años y se ha atribuido a siete hombres y una mujer que laboran en esos sitios tolerar y cometer abusos contra niñas, niños y adolescentes.
Previamente sólo se había logrado la detención de un sujeto identificado como Javier Colocia, acusado de abusar de una menor.
El individuo enfrentó un juicio y en abril de 2022 recibió una sentencia de 11 años de prisión, que purga en el penal de Molino de las Flores, en Texcoco. Otros presuntos implicados no han recibido castigo alguno.
A partir de las diligencias, se presentó a varios empleados de albergues ante el Ministerio Público para ser sometidos a interrogatorios. Se desconocen sus identidades.
