(21 de noviembre, 2013).- En el primer trimestre de 2014 la Secretaría de la Función Pública tendría el dictamen sobre las acusaciones que enfrentan dos ex funcionarios públicos de la administración de Felipe Calderón Hinojosa.
La ex vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, y el ex presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, se encuentran bajo investigación por presunto conflicto de intereses en sus cargos como funcionarios públicos: el suministro de información privilegiada y tratamiento preferencial a empresas, para la obtención de un beneficio personal.
El caso que envuelve a Mony de Swaan fue expuesto por el periódico El Economista, donde se publicaron documentos que establecen una relación entre el ex presidente de la Cofetel, Virgin Mobile, la consultora Mckinsey y el fondo de inversión Tresalia sobre la licitación de la red abierta –que comprende infraestructura alámbrica e inalámbrica para ofrecer servicios de banda ancha y de línea fija.
El Economista dice que de Swaan actualmente labora con la consultora Mckinsey aunque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos lo inhabilita para trabajar, durante un año, en el sector en el que tuvo influencia.
Aunque de Swaan ha negado que actualmente tenga o haya tenido relación ilegal con las cuatro empresas en un tema tan delicado como la red abierta, desde el Senado ya se solicitó a las instancias federales investigar los casos.
Sota Mirafuentes, por su parte, es acusada por haber entregado 42 millones de pesos en contratos para su ex empleado y supuesto amigo Yamil Nares, quien es propietario de la empresa Defoe Experts on Social Reporting.
