La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que el caso del director de Investigación Aduanera de la ANAM, Alex Tonatiuh Márquez Hernández, ya está siendo atendido por las instancias correspondientes tras revelarse una investigación por presunto lavado de dinero por más de 250 millones de pesos.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada directamente sobre si el funcionario permanecerá en su cargo mientras se desarrollan las indagatorias. Su respuesta fue clara:
“Lo tiene que definir la Secretaría Anticorrupción. Es la Secretaría la que nos va a decir […]. En estos casos, cuando puede haber una presunta situación de corrupción, entra la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.
¿Quién es y qué se investiga?
Márquez Hernández ocupa una posición clave dentro de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), órgano central en el combate al contrabando, tráfico ilícito y delitos fiscales. Sin embargo, ahora enfrenta una pesquisa federal por su presunta relación con la empresa Aledo S.A. de C.V., señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de operar con recursos de procedencia ilícita por un monto estimado de 257 millones de pesos.
De acuerdo con la información, Márquez figura presuntamente como representante legal y principal empleado de esa empresa, que se encuentra bajo escrutinio por movimientos financieros irregulares que encendieron alertas en el sistema fiscal nacional.
Sin impunidad, pero con proceso: la nueva ruta contra la corrupción
La presidenta dejó claro que, en su gobierno, cualquier caso sospechoso activa de inmediato el protocolo institucional, y que no será Palacio Nacional quien dicte el destino de los funcionarios investigados, sino la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encargada de evaluar, definir y actuar según las evidencias.
Este es el primer caso de alto perfil que podría ser procesado bajo la nueva política anticorrupción que impulsa el actual gobierno federal, con un enfoque centrado en la legalidad, el debido proceso y la rendición de cuentas, sin linchamientos ni encubrimientos.
Por ahora, Márquez continúa en funciones, pero su situación pende de una resolución administrativa que podría definirse en los próximos días.
Mientras tanto, las investigaciones avanzan en silencio, pero con lupa federal, y el caso podría convertirse en un parteaguas sobre cómo se manejarán las acusaciones de corrupción en esta nueva etapa del sexenio.
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