(03 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Era la noche de un 30 de enero en Ciudad Juárez, hace seis años y tres meses, cuando estudiantes que habían organizado una fiesta en un domicilio particular fueron interceptados por un comando armado que disparó en varias ocasiones a todo el grupo que ahí se encontraba.
El saldo fue de 15 jóvenes asesinados y 10 más gravemente heridos. En ese momento la llamada ‘guerra’ contra el narcotráfico se había intensificado y en el norte del país se comenzaban a presentar casos donde a grupos civiles en situación de pobreza los inculpaban de delitos que no cometieron o los obligaban a declararse culpables bajo amenazas hacia ellos y sus familias, sin faltar los daños físicos que derivaban en tortura, a decir por familiares, defensores jurídicos y derechohumanistas.
En aquellos asesinatos Felipe Calderón calificó de “pandilleros” a las víctimas, un acto característico de aquel sexenio, en donde se denostó abiertamente a las víctimas y comenzó a ser cada vez más frecuente el llamarlas “delincuentes”, principalmente cuando se trataba de jóvenes, dentro de lo característico de aquella ‘guerra’, se implementó la descalificación de víctimas.
En su momento la presión de los familiares de las víctimas y de parte de la sociedad civil, provocaron cierta presión para detener falsos culpables, no así para investigar, obtener justicia y a los verdaderos perpetradores, porque como en ese sexenio y como ahora, el uso de falsos positivos eran una constante, así detenían a personas que luego eran torturadas y obligadas a autoinculparse, casos que han tomando desde organizaciones no gubernamentales en México, como en internacionales tales como ONU y Amnistía Internacional.
Seis días después de los hechos, el 6 de febrero de 2010, las autoridades presentaron a los medios de comunicación a Israel Arzate Meléndez como uno de los principales responsables de la masacre en Villas de Salvárcar. Quien en el momento de su detención, fue víctima de tortura física y psicológica para obligarlo a confesarse como uno de los sicarios que participó en los hechos.
Para el Centro Prodh, organismo que le dio acompañamiento al caso, “Israel Arzate es ejemplo de la criminalización y estigmatización ejecutada por actores al interior del aparato estatal en contra de los sectores sociales marginados, quienes tendencialmente se encuentran en riesgo de ser detenidos, procesados y sentenciados por delitos que no cometieron”, por lo que en caso de Israel, también fueron usadas dichas circunstancias como “forma de legitimación del aparato de investigación y persecución del delito”.
El caso de Israel, según la perspectiva del Centro, evidencia las fallas del sistema mexicano de procuración y administración de justicia, en el que se permite la fabricación de delitos, la utilización de pruebas ilícitas y la tortura como práctica sistemática de sustitución de las investigaciones.
Sobre el tema, la abogada Nancy López, Directora del Área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), explica a Revolución TRESPUNTOCERO, que son pocos casos en donde se ha dejado en libertad a una víctima de tortura y ha sido por presiones de organismos pro derechos humanos nacionales e internacionales, “en un panorama como éste que la autoridad por sí misma rectifique es complicado, partiendo que no se ha asumido una postura seria del Estado frente a los actos de tortura, es decir todas las autoridades están siendo enteradas que se cometen estos actos y tendrían que estar previniendo y evitar que esto ocurra nuevamente.
Lo ideal debería ser que en cuanto el ministerio público se entera de la comisión del delito, lo siguiente sería abrir una averiguación previa e investigar, para que los jueces excluyan la evidencia obtenida por estos métodos”.
Sin embargo, dice la especialista, esto difícilmente pasará, porque no se ha tomado desde el estado una posición seria de rechazo a estos actos, tampoco ha existido interés por parte de las autoridades encargadas de investigarlos, ni de las procuradurías federales y locales por igual. Es así como “el Estado ha sido quien ha permitido que siga ocurriendo”.
La noche de la masacre en Salvarcar, Israel se encontraba acompañado de su esposa y cuñado en un sitio totalmente distinto a donde se perpetraron los asesinatos, ellos conocieron la noticia por los medios de comunicación y externaron su rechazo y preocupación por el nivel de violencia que estaba padeciendo en ese momento Ciudad Juárez.
Sin embargo, el 3 de febrero de 2010, por la tarde-noche, cuando Israel se dirigía a un centro comercial a realizar unas compras, fue interceptado por dos personas que iban en una camioneta, le preguntaron si era Carlos Madrigal, él se identificó con su nombre, pero esto no importó, dos soldados se sumaron a los primeros y violentamente lo subieron al vehículo, para después cubrirle los ojos”.
Israel estuvo en instalaciones militares de Ciudad Juárez, donde fue torturado por aproximadamente 30 horas, en las cuales padeció choques eléctricos en el pecho y el abdomen, colocaron una bolsa de plástico en su cabeza para producirle asfixia, lo cual llegó a confirmar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Comité Contra la Tortura, ambos pertenecientes a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“En cuestión de violación a derechos humanos, sin duda alguna han habido mensajes encontrados por parte del Estado, no basta con que haya un pronunciamiento asegurando que México los respeta, cuando este discurso no se ve evidenciado a través de las prácticas por parte de las dependencias, porque no basta con la creación de leyes o programas de derechos humanos, se debe reflejar a través de la investigación y sanción de los responsables de haber cometido las violaciones”, comenta la abogada.
Solamente así, señala, se demostraría la seriedad con la que el Estado mexicano entiende y aborda este problema. Sin embargo, comenta que parece ser que existe una especie de ‘sobreprotección’ hacia las fuerzas de seguridad pública, basado en evidencias que demuestran que esto podría estar pasando.
El 4 de febrero, a las 23:50 horas Israel fue presentado por primera vez ante el ministerio público por militares que dijeron lo detuvieron en flagrancia, cuatro horas antes. Después de esto regresó a una locación militar y fue ahí, donde dicen las autoridades, quiso declarar de manera “voluntaria”, su participación en la masacre de Villas de Salvárcar.
Sin embargo, los organismos que dieron seguimiento al caso, dieron a conocer que al día siguiente “bajo tortura física y psicológica lo amenazaron con violar a su esposa, fue obligado a autoinculparse. Por lo que Israel memorizó lo que los militares le indicaron y rindió su declaración frente a una defensora de oficio y, con la presencia de una videograbadora”.
López menciona que “el Estado tolera la tortura, hecho que indican los altos grados de impunidad que mantienen los casos de violaciones a derechos humanos. Sin duda hay un discurso público muy fuerte por parte de todas las instituciones de minimizar el problema de la tortura, de hacerlos ver como casos aislados, de señalar que quienes cometen estas prácticas son personas que desobedecieron órdenes, cuando lo que vemos y al menos en casos muy concretos, como es el norte del país, se tiene información que claramente los actos de tortura han formado parte de la estrategia de seguridad pública de las instituciones federales en particular las policías federales, el Ejército y la Marina”.
Por lo que para la especialista, es “sumamente preocupante que por un lado exista una minimización de la problemática y por otro lado pareciera una justificación dicho delito, el Estado envía mensajes que pareciera, nos intenta decir que van a afrontar el problema cuando existe impunidad e encubrimiento”.
Israel fue uno de los miles de jóvenes que como en aquel año y como ahora, padecen la pobreza y han tenido que salir adelante, padeciendo no solamente problemas económicos, sino viviendo con el acoso de las autoridades quienes en aquel sexenio como en éste, ser joven y pobre, se ha convertido en sinónimo de ser culpable, según la mayoría de los casos ocurridos a nivel nacional e internacional.
“La pobreza sin duda alguna es uno de los factores que favorece que se pueda ser víctima de tortura, el nivel socioeconómico, en donde se viva, o en el lugar donde te encuentres, son determinantes porque particularmente operativos de seguridad pública se realizan en barrios de nivel socioeconómico bajo, en los cuales las personas que se enfrentan a procesos de detención son de bajos recursos económicos y por lo tanto no pueden tener acceso a una defensa privada.
En estos casos no solamente están siendo detenidos, sino que al no contar con recursos propios para tener una buena defensa legal se enfrentan a una defensa legal del servicio público, el cual hemos visto también que muchas veces no atiende el tema de si son o no víctimas de tortura, más bien parece que están haciendo el trabajo al ministerio público que acusa”, puntualiza López.
En 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de Israel Arzate Meléndez “fundamentada en la nulidad de su declaración autoinculpatoria
A su vez, menciona que luego de enfrentarse a una serie de riesgos y peligros, “la vida ya no es igual, y mientras más lejano se esté de cualquier persona que represente al gobierno es mejor, el miedo dura para siempre, las secuelas se llevan hasta la muerte, enfrentarse a un Estado represor no se le desea a nadie”.
Sin embargo, aun cuando los casos de tortura cada día son más difíciles de ocultar, la sociedad mexicana sigue estando polarizada en el tema, “una parte tiene claro que efectivamente el cometer tortura no es algo justificable, pero también sabemos que hay grupos y sectores de la población que señalan que es un mecanismo que se utiliza y que podría servir en algún proceso para obtener información, lo que nosotros hemos manifestado que es riesgoso.
No se debe avalar un discurso como éste, cuando tiene consecuencias para las propias víctimas. Además este tipo de situaciones respaldan que cualquiera se pueda enfrentar a riesgos de exclusión de información, y se someta a un proceso penal a una persona que no cometió un delito y que las autoridades lo estén señalando como la verdad legal”, enfatiza López.
