Según información del periodista las 13:30 horas del lunes 1 de diciembre, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, modificó su declaración y admitió culpabilidad ante la jueza federal Sharon Johnson Coleman, en una audiencia realizada en la Sala 1241 del tribunal federal de Chicago.
Durante la diligencia celebrada en el edificio judicial Everett McKinley Dirksen, Guzmán López confirmó su decisión de declararse culpable, luego de haber rechazado previamente los cargos que enfrenta en Estados Unidos. De acuerdo con los reportes disponibles, este ajuste en su postura lo coloca en un nuevo tramo del proceso penal que se sigue en su contra, cuya siguiente audiencia quedó programada para el 1 de junio.
Los registros del caso señalan que la admisión de culpabilidad incluye acusaciones por lavado de dinero y actividades relacionadas con el narcotráfico. Además, durante la exposición del Ministerio Público se recordó que Guzmán López fue señalado de haber participado en el traslado forzado de una persona hacia territorio estadounidense, un hecho vinculado al testimonio de Ismael “El Mayo” Zambada. Sin embargo, se subrayó que dicha participación no genera beneficios procesales para el acusado ni responde a solicitudes del gobierno estadounidense.
El caso se remonta a julio de 2024, cuando Guzmán López y Zambada fueron detenidos tras arribar en avioneta a Texas. En ese entonces, ambos negaron los cargos por narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego. Meses después, el 25 de agosto, Zambada modificó su declaración y aceptó dos de los delitos imputados.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Guzmán López participación dentro de la facción de Los Chapitos, integrada por él y sus hermanos, a quienes se señala de haber retomado las operaciones del Cártel de Sinaloa tras la condena a cadena perpetua de El Chapo en 2019. Desde su captura, la disputa entre esta facción y el grupo conocido como La Mayiza ha intensificado la violencia en Sinaloa, generando cientos de víctimas entre personas asesinadas y desaparecidas.
En el contexto más amplio del caso, el gobierno de Estados Unidos mantiene bajo investigación la estructura del Cártel de Sinaloa, a la que responsabiliza del tráfico de fentanilo hacia su territorio. Las autoridades han documentado una cadena que incluye la importación de precursores desde China, la operación de laboratorios clandestinos en México y redes de distribución transnacional, así como esquemas de lavado de dinero y tráfico de armas coordinados por diversos operadores vinculados a la organización criminal.
