“La cárcel está llena de ‘pagadores’. Pudieron o no cometer el delito pero alguien tiene que pagar por este. Vieri Antonio García Soto es un ejemplo vivo de lo que es un ‘pagador’”, sentencia el abogado y coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), Antonio Lara Duque.
Vieri Antonio García Soto fue sentenciado a 62 años de prisión tras ser acusado de participar en el asesinato de cinco taxistas en la colonia Valle Dorado en el municipio de Naucalpan, Estado de México.
La noche del 28 de abril de 2015, un grupo armado entró a una base de taxis y comenzó a disparar en contra de los cinco conductores que ahí se encontraban, ellos fallecieron en el acto.
Meses después, en diciembre de ese mismo año, a Vieri Antonio, quien residía en Nuevo León, le ofrecieron un trabajo en el Estado de México y con ello la oportunidad de volver a su tierra natal cerca de sus padres, por lo que aceptó.
El 25 de noviembre de 2016, Vieri Antonio fue detenido sin una orden de aprehensión cuando se dirigía a su casa tras salir de su trabajo.
“Mi hijo se quedaba en nuestra casa entre semana porque su trabajo era en Ecatepec y el trayecto era un poco más corto. Siempre que salía de su empleo me avisaba que ya había salido y cuánto le tomaría llegar. Esa noche me llamó y me dijo: ‘vengo por Río San Joaquín, hay mucho transito’.
“Varios minutos después me llamó y me dijo que un retén lo había detenido, que revisaron su camioneta pero encontraron todo en orden y ya me habían dejado ir pero en eso un hombre encapuchado lo detuvo y lo amenazó con un arma. Él me dijo: ‘dicen que estoy detenido porque estoy implicado en un delito pero no me explican en qué’. A nosotros nos informaron que lo llevarían al Ministerio Público de Naucalpan, pero cuando mi esposo llegó a buscarlo, ahí no había nadie”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO Araceli Soto, madre de Vieri Antonio.
Al joven lo llevaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tlalnepantla, también conocido como penal de Barrientos. Dos días después, el domingo se llevó a cabo la primera audiencia donde finalmente el joven y su familia se enteraron que era acusado del multihomicidio de los cinco taxistas de Valle Dorado.
El único testigo y sobreviviente del ataque armado, señaló a Vieri como uno de los culpables y lo describió como un hombre de aproximadamente 1.70 de altura, tes morena, cabello lacio y ojos cafés.
“Mi hijo es de tes blanca, ojos verdes, complexión robusta y mide 1.83 de altura. Esa es una evidencia para que el juez descartara la presunta participación pero no lo hizo”, explica Josefa, que también menciona que Vieri posiblemente podría estar en libertad si la familia hubiera tenido los 70,000 pesos que le pidieron los policías para dejarlo ir del penal de Barrientos.
“Cuando logramos conseguir la cantidad, los policías dijeron que ya no lo dejarían en libertad porque ya habían ingresado la ficha de la detención y por eso mi hijo se quedó en prisión. Eso como madre me ha dejado devastada porque es un golpe durísimo porque no es culpable, no es asesino, se demostró con pruebas que estaba en Nuevo León aquel año y no valió para el juez”, agrega Araceli Soto.
Además de identificaciones, el jefe de Vieri Antonio escribió una carta en la que declaró que el día de los asesinatos el joven laboró en la empresa de seguridad de Nuevo León. El documento estuvo acompañado de una copia del registro de su entrada y salida. Esto no fue suficiente.
“Para mí es muy difícil ver cómo mi hijo se está acabando dentro de una prisión por un delito que evidentemente no cometió y las pruebas están ahí”, añade Josefa.
Contradicciones y declaraciones inverosímiles en el caso
En el caso de Vieri tenemos la evidencia de una práctica sistemática en el poder judicial del Estado de México: sentencia a las personas basándose en “testigos singulares”, explica a Revolución TRESPUNTOCERO el abogado defensor del caso, Antonio Lara Duque.
“Los ‘testigos singulares’ no están relacionados con ninguna otra prueba que se puede corroborar con su testimonio, con periciales, con fotografías, con videos, ni siquiera con otros testigos y aún así los jueces determinan sentenciarlos, bajo el argumento que ‘no se puede poner en tela de juicio el dicho de una persona’ y eso evidentemente viola a todos los principios del debido proceso. Porque la investigación criminal tiene que ser objetiva, científica y técnica.
“Evidentemente la declaración de una persona en la famosa testimonial no cumple con la objetividad, la cientificidad a la que aspiraríamos estas alturas del desarrollo de la humanidad”, señala el abogado.
Lara Duque enfatiza que el testigo es la prueba penal que la humanidad utiliza desde hace 3000 años. “Hoy entrados ya en pleno siglo XXI la tecnología y la ciencia permite adquirir estudios de ADN, huellas digitales, cámaras de video, periciales de balística, periciales en criminología y todo eso no se usa pero sí se atiende el dicho de una persona que incluso puede tener contradicciones y declaraciones inverosímiles como es el caso”.
Añade que “se deja en prisión a las personas porque el sistema de justicia necesita justificar que se está combatiendo el crimen organizado. Es la necesidad de cifras lo que tiene a muchos jóvenes en prisión y la realidad es que esos jóvenes cumplen con características que nosotros llamamos de ‘discriminación estructural’. Suelen ser originarios de pueblos indígenas o de colonias populares que tuvieron poco acceso a lo que en criminología de derechos humanos se le llama ‘derechos económicos, sociales y culturales’.
“Y es en ellos donde se recarga el sistema de justicia para justificar una pretendida labor de combate a la delincuencia. Justamente en Vieri se denotan estas características. Es un joven que tiene la secundaria trunca, originario de una colonia popular y con un trabajo humilde. A él lo detienen de forma arbitraria, sin una orden de aprehensión que solamente tramitan cuando ya lo tienen esposado, incluso en la investigación le pusieron un apodo porque su nombre no es precisamente común”.
El abogado Lara Duque señala que durante el juicio el juez reconoció que los testigos de Vieri Antonio eran congruentes en sus dichos y coincidentes, así también que las documentales que demuestran que el estuvo en Nuevo León eran válidas “pero dice que no tiene por qué poner en tela de juicio el dicho de quien lo denunció y esa idea generó la sentencia condenatoria del joven”.
En el ambiente de policía ministerial, explica el abogado, quien hace las denuncias son las “madrinas”, es decir, personas que no necesariamente están dadas de alta el cuerpo policiaco o que ya están dados de baja, como fue el caso del testigo “quien en su declaración tiene cuestiones inverosímiles”, señala.
“Este señor dice que observó los hechos estando en el segundo piso de una casa pero al mismo tiempo dice que estuvo a un metro de distancia de Vieri. No se entiende cómo esto es posible, sin embargo, con esa declaración notoriamente ilógica el juez le dio la razón y dijo: ‘se equivocó. Pudo haber sido uno, dos o tres metros, no importa lo que haya dicho’.
“La segunda contradicción surge en el dictamen de necropsia, se dice que las personas fueron abatidas con el tiro de gracia con armas de bajo calibre y el testigo dice que Vieri llevaba armas de alto calibre, evidentemente no corresponde el testimonio con el dictamen pero esto a los jueces no les importa porque hay una disposición institucional que toda persona acusada de delitos de alto impacto tiene que ser sentenciado culpable para justificar cifras del combate a la delincuencia”, comenta el abogado Lara Duque.
Colonias populares: el caldo de cultivo para generar culpables
Durante las condenas por delitos graves, las autoridades en el Estado de México “no están llevando a los culpables a la cárcel, los policías están yendo a las colonias populares a detener jóvenes.
“Es el caldo de cultivo preferido para los ministeriales porque ¿Quién va a meter las manos por un muchacho de una colonia popular? Por un joven que tiene como única expectativa es ser obrero. Lo digo crudamente pero esa es la realidad”, explica el abogado Lara Duque.
El defensor jurídico recuerda al escritor uruguayo Eduardo Galeano. “Ellos son los nadie, los que no son personas sino recursos humanos, incluso da una sentencia cruda pero real cuando dice que valen menos que la bala que los mata.
“Y en el caso de Vieri Antonio García Soto, él vale menos que la sentencia que lo mata porque autoridades y sociedad lo hemos convertido a él y a otros jóvenes en los ‘nadie’ mexicanos del siglo XXI”.
Lara Duque vuelve a ser enfático en que Vieri es un “pagador” a quien convirtieron en “nadie”, al explicar que cuando las autoridades detienen a una persona tienden a convocar a la prensa para presentaban los —presuntos— culpables “y el problema es que en ese compromiso político que asume el funcionario presenta a quien sea, así de claro”.
Uno de los recursos que Vieri Antonio presentó fue el amparo directo, el cual le fue negado. “Eso responde a la lógica de que alguien —quien sea— tiene que pagar. Se esperaría que los jueces y luego los tribunales tengan la capacidad de impartir justicia y no violaciones al debido proceso. A esto se suma que hay una carga prejuiciosa cuando se trata de acusaciones por homicidio”.
Sobre el caso de Vieri Antonio García Soto la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya tuvo un pronunciamiento en el que reconoció que el joven es víctima de violación a derechos humanos y en la Ley de Amnistía del Estado de México “en su artículo cuarto, fracción 12, contempla que toda persona que tenga un pronunciamiento de algún organismo de derechos humanos o bien de un organismo internacional, será sujeto de amnistía independientemente del delito del que se trate. Por ello en el caso particular de Vieri, hoy por hoy queda formal e institucionalmente planteado que él es una víctima de violaciones a derechos humanos”, explica Lara Duque.
El también activista califica de “capricho político” la negativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México a reconocer que hubo violaciones a derechos humanos como lo evidenció la Comisión Estatal.
“Es un orgullo malentendido porque a pesar de que se equivocaron no lo quieren reconocer y equivocarse puede ser una actitud muy humana pero no reconocer el error es un problema cuando se trata de una institución. El exceso de soberbia por parte del poder judicial está repercutiendo en un encarcelamiento injusto de cientos de jóvenes mexiquenses, puntualiza el abogado.
El caso de Vieri Antonio García Soto se encuentra ya ante el Congreso de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Codhem) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), además, de acuerdo a los estatutos jurídicos, puede haber otro pronunciamiento por parte del Congreso del Estado.
El abogado Lara Duque considera que debe haber “sensibilidad suficiente por parte del Congreso local para retomar el pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y generar las fuerzas sociales e institucionales necesarias para quienes están en la actitud de obstaculizar la Ley de Amnistía en el caso de Vieri.
“Porque no pasa nada si una institución asume que se equivocó, es sano para una sociedad que sus instituciones asuman los errores para corregirlos de allí nuestra convicción que este joven se ha puesto en libertad”.
A su vez, Lara Duque, lamenta que no se haga caso al pronunciamiento de un organismo público de derechos humanos “porque no es un ente que litigue, está argumentando que hubo violaciones a derechos humanos y en cualquier sociedad democrática esto tendría que traducirse en asumir el pronunciamiento y actuar en consecuencia pero el poder judicial tal cual manoteo el pronunciamiento de la Comisión Estatal”.
Permitir esto, señala el abogado, significa abrir la puerta un debilitamiento institucional de cualquier institución defensora de derechos humanos del país. “Si de por sí estos organismos no tienen dientes para hacer valer sus determinaciones, la actitud del poder judicial solo fortalece esa mala idea porque la fuerza de los organismos públicos no está en la vinculatoriedad de sus determinaciones sino en la fuerza moral”.
En Edomex se pide justicia con sangre
En el Estado de México, cada jueves desde junio pasado, mujeres jóvenes, adultas, de la tercera edad, campesinas, indígenas, obreras y estudiantes, se manifiestan a las puertas del Poder Judicial de la entidad.
Ellas exigen que se cumpla la Ley de Amnistía para sus presos. La primera acción fue pintar las palabras “justicia” y “libertad”, en las paredes del Poder Judicial, para ello usaron su propia sangre. El siguiente jueves, ante la negativa de hacer cumplir la Ley de Amnistía por parte del Estado, procedieron a raparse.
Las acciones tienen el propósito de llamar la atención de la opinión pública nacional e internacional y evidenciar, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, las injusticias, abusos y atropellos que padecen de forma cotidiana “por parte de un sistema de justicia que sólo castiga la pobreza, la ignorancia y en todo caso la rebeldía”.
Lizbeth Adriana Gutiérrez Morales, esposa de Vieri Antonio, relata a Revolución TRESPUNTOCERO, la negativa “fría y grosera” con la que rechazó la fiscalía la Ley de Amnistía en su caso.
“Una señorita, cuya función solo es informar, le dijo a mi esposo que no volviera a meter la Ley de Amnistía porque para la fiscalía y los ministeriales él era culpable y todas las veces que insistieran se le negaría porque él era un homicida.
“Son cosas que duelen porque sé que no es así, él no lo hizo, yo estuve con él en Nuevo León. Recuerdo las palabras del juez: ‘tu esposa y tu amigo no pueden ser testigos porque pudieron ponerse de acuerdo para ayudarte’. Yo no entiendo cómo con todos los elementos que dan verdad a la inocencia de mi esposo las autoridades siguen negando la libertad, eso no es justicia”, comenta Gutiérrez Morales con voz entrecortada y lágrimas en los ojos.
Vieri Antonio García Soto tiene tres hijos a los que no ha podido ver crecer. El mayor de ellos tiene 14 años, le sigue una niña de 11 años y la más chica tiene 7 años. “Yo solo pido que le regresen su libertad y su vida porque ya se perdió cinco años de crecimiento y crianza de sus hijos”.
Nora García, hermana de Vieri Antonio, asegura que son las familias de inocentes quienes estar cada semana exigiendo justicia por sus presos. “A las manifestaciones no llegan las familias de los que sí son culpables. Sin embargo, son gritos ahogados, porque si a la misma Comisión de Derechos Humanos no le hacen caso cuando se pronuncia que hubo violación de derechos, qué podemos entonces esperar nosotros que exigimos justicia”.
Lo peor, a decir por Nora García, es a la hora de leer el expediente jurídico. “Todas las declaraciones de los testigos son idénticas, solamente copian y pegan los textos. Además, se omiten las incoherencias. El único supuesto testigo dice que vio a mi hermano disparar, pero él estaba un piso arriba de los crímenes y además escondido detrás de un sillón. Las contradicciones abundan así como el hecho de que las huellas de mi hermano no aparecieron en ningún momento en la escena de los homicidios”, relata a Revolución TRESPUNTOCERO.
Nora señala que la Fiscalía del Estado de México está colmada de policías ministeriales “que pretenden extorsionar a las personas para no llevarlas a prisión que fue lo que sucedió en este caso”.
La ley del Amnistía del Estado de México contiene 20 artículos fue aprobada el 20 de diciembre del 2021 por el Congreso local. El 5 de marzo pasado entró en vigor.
“La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en el Estado de México, y tiene por objeto establecer las bases para decretar amnistía en favor de las personas en contra de quienes estén vinculadas a proceso o se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los delitos previstos en ésta Ley, cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean reincidentes por el delito que se beneficiará”, explica la Gaceta Oficial.
Siendo uno de los motivos de su aprobación “Uno de los añejos reclamos de la sociedad hacia las autoridades en general, la justicia social y la demanda de trabajo con equidad económica, la sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos, rompe el principio de empatía que es factor indispensable de cohesión e instaura la Ley del más fuerte, misma que termina en total anarquía e injusticia social.
“En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, se hace mención de la importancia de adoptar un cambio de paradigma en seguridad, hay una propuesta de Ley de Amnistía del Presidente Andrés Manuel López Obrador donde hace énfasis “pleno respeto a los Derechos Humanos y Emprender la Construcción de la Paz”, respectivamente. Ello a fin de recuperar la confianza en la autoridad y ante la imposibilidad de derrotar las diversas expresiones delictivas”.
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero continúa el apoyo al movimiento Amnistía que sirva, bajo el argumento que “se sabe lo que significa, lo que se siente, una sentencia condenatoria cuando se es inocente”.
“Nos hemos dado cuenta que lo que sirve, lo que se utiliza, lo que llega a ser significativo para tener una respuesta favorable es comprar al abogado, comprar al secretario, comprar al juez, comprar a los peritos y solo así se obtiene la inocencia.
“Porque si no tienes recursos, si no tienes dinero para pagar al abogado que corrompa no vas a salir libre, aunque tengas todas las pruebas a tu favor, aunque no haya ningún elemento que te incrimine”, asegura un grupo de expresos políticos.
Hasta el 6 de agosto pasado se han realizado siete manifestaciones y tras estas, la Comisión Especial de Amnistía de la Legislatura, aceptó reunirse con las familiares que se han rapado y sangrado como medidas de protesta al no obtener justicia.
El coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrilleros, Antonio Lara Duque, informó a este medio que existen 20 solicitudes de presos a quienes se les ha negado la ley de Amnistía y la reunión tendrá como objetivo que se dé seguimiento a estos procesos a fin que no se queden en el olvido.
