Juez federal decide no vincular a proceso a Francisco Javier Báez Álvarez, ex director de Programación y Presupuestación de la Sedatu, “por la presunta autorización ilegal de más de 185 millones de pesos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM), en el caso de la ‘Estafa maestra’”, informó Reforma.
De acuerdo con la publicación, “Báez Álvarez fue colaborador del Oficial Mayor de la Sedatu, Emilio Zebadúa, quien bajó las órdenes de la Secretaria Rosario Robles, es señalado como el autor intelectual de la estafa en la dependencia.
“Fernando Payá Ayala, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) no ofreció los datos mínimos suficientes para procesarlo por el delito de ejercicio indebido del servicio público”.
El ex funcionario fue imputado de autorizar a la Tesorería de la Sedatu, la que dependía de su dirección, “el pago de 185 millones 839 mil 480 pesos a la UPFIM por los servicios para automatizar el registro, control y seguimiento de la información generada por el Centro Ciudad de las Mujeres, en Tlapa, Guerrero”.
La Fiscalía sostiene que “la Universidad subcontrató a terceros por un porcentaje superior al 49 por ciento del convenio, lo cual es ilegal, y que el dinero presumiblemente se destinó a empresas “fantasma”, por lo que tampoco hubo una contraprestación”.
Este martes, durante la audiencia, los fiscales federales acusaron que “la dirección que estaba a cargo de Báez, a través de la Tesorería, autorizó los pagos a la UPFIM con 9 facturas irregulares, mismas que no revisó.
“En ninguna de ellas se desglosó el impuesto al valor agregado (IVA) y en al menos cuatro se facturó en favor de un convenio distinto al firmado por la Sedatu con la Universidad hidalguense”.
El convenio original es el SEDATU/DGAPADN/UPFIM/33901.03/2016 y las facturas referidas fueron emitidas con base en el convenio SEDATU/DGAEG/33901.03/2016.
La Fiscalía basó la imputación con base en el Reglamento Interior de la Sedatu, en su artículo 31 fracción 8, que otorga a la Dirección de Báez las facultad de realizar trámites de pago del presupuesto de la Secretaría y “vigilar su aplicación en las unidades administrativas”.
“Si el trabajo no se entregó, eso no es reclamable al imputado, él justificó el pago, este artículo del Código Fiscal genera una obligación parta el contribuyente, no puede generarle una obligación a quien recibe este comprobante sino sólo al contribuyente”, dijo el juez, señaló la misma publicación.
