Un juez de control desestimó el delito de terrorismo imputado al periodista Rafael León Segovia, detenido en Veracruz, pero determinó vincularlo a proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública, con la medida cautelar de prisión domiciliaria por un año, informó Article 19.
La resolución se emitió este martes por el juez José Guadalupe Nucamendi Albores, en una audiencia que, según información recabada por la organización defensora de la libertad de expresión, presentó inconsistencias, irregularidades y falta de argumentos sólidos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz.
“Terrorismo”, descartado: la defensa logró tumbar el señalamiento
De acuerdo con Article 19, durante la audiencia la defensa sostuvo que no existe prueba de una relación real entre Rafael León y estructuras criminales, elemento que fue clave para que el juez dejara sin efecto la imputación por terrorismo, la cual la organización consideró arbitraria.
Aun así, el juzgador decidió que el periodista enfrente proceso penal por otros delitos, lo que, según la organización, representa un precedente delicado para el ejercicio periodístico en el país.
Los cargos que sí siguen y la medida cautelar
Aunque el cargo más grave fue desechado, el juez determinó mantener el proceso por encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, y ordenó prisión domiciliaria como medida cautelar durante un año.
Diversas organizaciones civiles y sociales, de acuerdo con lo difundido por Article 19, calificaron la medida como desproporcionada, al considerar que limita la movilidad del periodista e impacta su posibilidad de continuar con su trabajo, además de afectar el derecho de la sociedad a estar informada.
Qué dijo la Fiscalía: “llegó antes que la autoridad”
Según lo señalado por la FGE de Veracruz, el hecho de que el periodista arribara antes que autoridades a cubrir determinados hechos podría interpretarse como un indicio de conocimiento previo de posibles actividades ilícitas.
Tras conocerse esos argumentos, organizaciones civiles advirtieron que resulta peligroso y contrario a la libertad de prensa sostener imputaciones con base en criterios que, aseguran, pueden confundir la eficiencia periodística con conductas ilícitas.
El “testigo protegido” y las dudas sobre el sustento de la acusación
Las organizaciones también resaltaron que la acusación se apoyaría principalmente en el testimonio de un “testigo protegido”, cuyas declaraciones, según han advertido, presentarían contradicciones y presuntas irregularidades en su obtención.
Además, señalaron que la Fiscalía habría utilizado como “indicios” la oportunidad del trabajo del comunicador y la supuesta omisión de denunciar hechos que habría conocido por su labor informativa.
Article 19 también reportó que la Fiscalía integró y judicializó la carpeta de investigación en apenas 20 días, mientras solicitó cuatro meses para la investigación complementaria.
Organizaciones sociales contrastaron ese ritmo con la lentitud que, señalan, persiste en casos de agresiones y asesinatos de periodistas, particularmente en una entidad considerada de alto riesgo para la prensa.
Llamado a intervención federal
Ante el riesgo que, de acuerdo con Article 19, enfrenta Rafael León y su familia, la organización exhortó al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a intervenir de manera inmediata y llamó a la FGE a cesar la criminalización de la prensa.
Asimismo, pidió al Poder Judicial del Estado de Veracruz garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad, al advertir que este caso podría marcar un precedente con impacto para más periodistas en México.
