Un juez federal ha asestado un duro golpe a la legalidad de la “Operación Justicia”, el programa impulsado por el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, para investigar a su predecesor, César Duarte Jáquez. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal ha ordenado la devolución inmediata de una residencia a los hijos de Duarte, al determinar que el aseguramiento del inmueble, realizado en 2017, fue ilegal y carente de sustento judicial.
La resolución del tribunal concluye que la propiedad no tenía ninguna relación con los delitos que se le imputaban a César Duarte y que no había nada que investigar dentro de ella. Este fallo se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre la efectividad y los motivos detrás de la “Operación Justicia”.
La defensa denuncia una “Persecución política”
De acuerdo con el equipo legal de la familia Duarte, la casa en cuestión fue el hogar de los hijos del exgobernador y fue asegurada de manera “arbitraria” durante las indagatorias del gobierno de Corral. Los abogados del exmandatario señalaron que los delitos que justificaron el aseguramiento del inmueble “nunca pudieron ser probados” y, por lo tanto, no existían elementos para mantener la propiedad bajo resguardo.
“Esta resolución comprueba una vez más la enorme mentira que fue esa operación, que solo trajo para el Estado un despilfarro indiscriminado de recursos y una burla para la ciudadanía”
Declararon los abogados.
La defensa de Duarte aseguró que la resolución comprueba que los señalamientos en contra del exgobernador fueron parte de una persecución política sin sustento jurídico. Asimismo, han calificado los delitos que presuntamente motivaron el aseguramiento de los bienes como “inventados”.
El contexto del caso Duarte
César Duarte, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, enfrenta varios procesos penales por supuestos delitos de corrupción, peculado y enriquecimiento ilícito. Fue detenido en Estados Unidos en 2020 y posteriormente extraditado a México, donde actualmente se encuentra en juicio.
Con esta nueva resolución, el tribunal federal ha excluido el inmueble de la lista de bienes incautados, reconociendo que pertenece legalmente a los hijos del exgobernador y que no hay elementos que justifiquen su retención. La defensa de Duarte ha presentado un nuevo amparo para solicitar la devolución de otros inmuebles, argumentando que los aseguramientos obedecen más a motivos políticos que a cuestiones legales.
Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la resolución judicial.
