Una jueza federal suspendió la audiencia de imputación programada contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con la pensión vitalicia que le otorgó Petróleos Mexicanos (Pemex) en 2004.
La decisión judicial, tomada el lunes 15 de diciembre, no aborda el fondo del caso, sino que implica un freno temporal al proceso penal. La juzgadora resolvió posponer la diligencia y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar su acusación ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, indicando un cambio en la sede donde deberá continuar la acción legal.
Una Pensión Bajo la Lupa
El origen de este conflicto legal se remonta a octubre de 2004, tras el fallecimiento del esposo de Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien era funcionario de Pemex. Aunque en su momento se determinó que la muerte fue un accidente, la FGR y la Dirección de Pemex, bajo la administración actual, sostienen que fue un suicidio, lo que —según la paraestatal— invalidaría la pensión vitalicia y otros beneficios como el seguro de vida, que en conjunto sumaron más de 17 millones de pesos y una pensión mensual de casi 130 mil pesos para Casar.
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Mayo de 2024: Pemex presenta una denuncia formal contra María Amparo Casar y sus hijos, argumentando que la pensión fue otorgada de manera ilícita.
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Septiembre de 2024: La FGR judicializa la carpeta de investigación.
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Diciembre de 2025: Se programa la audiencia de imputación, la cual fue suspendida por la jueza.
La FGR acusa a Casar de uso ilícito de atribuciones y facultades por presuntamente beneficiarse de un proceso irregular. También se tenía prevista la imputación de dos exfuncionarios de Pemex que habrían autorizado el otorgamiento de la pensión.
Tensión y Defensa del Proceso
El caso ha generado gran atención pública debido al perfil de Casar, conocida por su postura crítica hacia el gobierno actual desde la dirección de MCCI.
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Postura de la FGR: La Fiscalía ha negado trabajar “por consigna”, como se ha señalado en algunas publicaciones, y afirma que la investigación fue iniciada conforme a derecho desde abril de 2024, revisando la integración de la carpeta judicializada en septiembre.
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Casar y Críticos: La analista y sus defensores han señalado que la acusación es parte de una “persecución política” orquestada desde el gobierno federal, buscando represalias por las denuncias de corrupción promovidas por MCCI.
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Implicaciones Legales: Las autoridades judiciales han enfatizado que la suspensión es una medida que forma parte del debido proceso y no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad de los señalados. La jueza incluso reprochó a la administración del Centro de Justicia Penal la programación de la audiencia sin seguir los procedimientos correctos, lo que obligó a posponer la diligencia.
Se espera que el Poder Judicial defina en breve el curso del procedimiento, una vez que la FGR cumpla con los requisitos para reprogramar la audiencia en la sede judicial correcta. La resolución de este caso sentará un precedente sobre la responsabilidad penal en el otorgamiento de beneficios dentro de empresas del Estado.
