El empresario transportista Gerardo Tamez Tamez, presentó dos denuncias por presuntos actos de corrupción ante la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de México contra un juez y un magistrado, así como una queja contra un Ministerio Público por supuesta actuación parcial a favor del empresario José Cerrillo Chowell en un enfrentamiento que ha dejado en evidencia los vicios de las administraciones anteriores a la Reforma al Poder Judicial.
En junio del presente año, en una breve entrevista para CN13 Noticias, el empresario potosino y director general de la Negociación Minera Santa María de La Paz y anexas, José Cerrillo Chowell, criticó las políticas públicas y económicas de los últimos dos sexenios, poniendo especial atención en la Reforma al Poder Judicial.
En aquella entrevista, el empresario indicó que le parecía triste la aplicación de dicha reforma pues, afirmó, “desapareció al Poder Judicial”, lo que a su consideración dañaba profundamente el quehacer nacional.
Meses después, el empresario Gerardo Tamez denunció al juez interino del Juzgado 32 Civil, Roberto Landa Arenas, y el magistrado de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Eugenio Ramírez Ramírez, ambos funcionarios pertenecientes a la administración previa a la Reforma Judicial y que tendrán que esperar hasta 2027 para ser candidatos.
En entrevista para Revolución 3.0, el penalista Omar Amador Olivares, representante legal de Tamez, precisó que, al provenir del sistema anterior, se refuerza la presunción de que estos funcionarios pertenecen a un antiguo esquema de corrupción, que, se espera, se acabe con la nueva integración del Poder Judicial.
“Lo que buscamos es hacer visible no tanto una contienda entre empresarios, sino visibilizar las grandes vicisitudes, estos grandes actos de corrupción y hacer ver que este personaje (Cerrillo Chowell) ha actuado en total impunidad no solo en Ciudad de México, sino en otros estados”.
Primera denuncia: juez Landa y la desaparición de acuerdos
El 23 de mayo de 2025, el equipo legal de Gerardo Tamez presentó una denuncia que señala al juez Roberto Landa Arenas y a su Secretario de Acuerdos, Enrique Hernández Cruz, por presuntamente haber desaparecido una constancia que daba por terminado un juicio ejecutivo mercantil respecto a un pagaré de 49 millones de pesos (deuda ya saldada según la representación de Tamez).
Al sustituirlo con un acuerdo con la misma fecha, pero publicado el 4 de marzo, el juez Landa habría permitido reabrir un proceso ya declarado caduco, afectando a Tamez y configurando un delito penal.
“Nos sorprendemos y nos percatamos de estos acuerdos contradictorios, en uno concluyen el procedimiento y en otro lo continúan, cuando los abogados civilistas van al juzgado en la Ciudad de México a consultar personalmente el expediente, se percatan que ya no existen esos primeros dos acuerdos que decretaban la terminación del procedimiento”.
Esta presunta alteración dejó abierta la posibilidad de asegurar 49 millones de pesos a Tamez y, por consiguiente, a su empresa Transportes Peñón Blanco. Como prueba de la alteración, en la denuncia obran registros electrónicos del acuerdo original en el sistema interno del Poder Judicial de la CDMX, a los que solo la autoridad tiene acceso.
Segunda denuncia: el magistrado que bloqueó las investigaciones
La segunda denuncia se interpuso el 17 de junio del presente año y se realizó contra el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez, por presuntamente exceder sus atribuciones al negarle a Tamez la admisión de un recurso de apelación en un enfrentamiento previo contra Chowell y otros colaboradores por un presunto fraude que causó un daño aproximado de 828 millones de pesos.
Amador Olivares explica que, si bien dichos colaboradores fueron vinculados a proceso y enfrentaron la cárcel, Cerrillo Chowell se amparó y en noviembre de 2023, un juez penal de Nuevo León decidió que, debido a que algunos de los actos investigando sucedieron en Ciudad de México, era competencia de la administración capitalina.
El equipo de Tamez apeló la decisión del juez de aceptar que se investigue en Ciudad de México, a lo que el magistrado Eugenio Ramírez Ramírez resolvió desecharla y desconocerla. Amador Olivares explica que Ramírez debió limitarse a resolver sobre la apelación, sin embargo, en su sentencia, el magistrado determinó que no existía materia penal contra Cerrillo Chowell y ordenó a la Fiscalía no seguir con la investigación. Al bloquear las investigaciones, habría incurrido en el delito de prevaricación (vulnerar el derecho de acceso a la justicia).
“Está impidiendo que la fiscalía investigue a José Cerrillo Chowell. Eso es la gravedad del acto de corrupción. Un magistrado no puede impedir algo que le corresponde únicamente a las fiscalías, que es investigar los delitos (…) ¿Porque con los otros colaboradores sí permite que siga investigando, pero ya cuando toca a este personaje resolver su situación, impide que se investigue sus delitos?”.
Queja contra el MP: presión y hostigamiento
Finalmente, a este enfrentamiento se añade una reciente queja presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, contra el Ministerio Público Francisco Javier Díaz Monroy, a quién se le acusa de integrar la carpeta contra Tamez de forma exprés, parcial e irregular.
El MP Díaz Monroy también estaba a cargo de una denuncia presentada por Tamez contra un apoderado de Cerrillo Chowell, pero en este caso, el agente ha obstaculizado su avance, lo que, para los abogados de Tamez, evidencia un trato desigual y parcial, actuando en favor de Cerrillo Chowell.
Asimismo, resaltan la rapidez con la que se programó la audiencia contra Tamez, la cual había sido fijada para finales de septiembre, luego reprogramada para el 10 de octubre y actualmente en espera de ocurrir el 18 de noviembre; Amador Olivares señala que estas diligencias suelen tardar dos meses, por lo que consideran estas acciones como una maniobra de presión y hostigamiento.
Si bien el equipo legal de Tamez desconoce los factores que han perpetuado la impunidad no sólo en su enfrentamiento, sino frente a anteriores acusaciones de corrupción, fraude, daño ambiental y evasión de la justicia, periodistas de San Luis Potosí han denunciado que para lograr la impunidad Cerrillo Chowell financió numerosas campañas electorales, principalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
