El compadre de Enrique Peña Nieto, Benito Neme Sastré, se encuentra en problemas legales y se prevé que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acuse penalmente frente un juez.
Aunque, el ex director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) entre 2013 y 2018, no firmó ningún documento que lo vincule de forma directa con contratos con sobreprecios o licitaciones, los investigadores han obtenido información sobre operaciones financieras que no corresponden a sus ingresos.
Además de ello, por órdenes suyas de modificaron documentos para favorecer a determinadas compañías y se aumentaron costos. Según información de Eje Central y las fuentes cercanas al caso, al menos cuatro de sus ex colaboradores están siendo investigados por ello.
La gestión de Benito Neme en Capufe ha sido de las más cuestionadas, pues según 18 auditorías que se le practicaron, se han dejado de aclarar casi 58 millones de pesos.
Según reportaje de Proceso, publicado en octubre de 2018, el Órgano Interno de Control (OIC) detectó que Benito Neme realizó un contrato de outsourcing hasta por 2 mil 172 millones de pesos con una empresa denominada Servicios Integrales Trujillo Romano con un domicilio fiscal fantasma y con irregularidades en la supuesta contratación de más de 4 mil personas.
Se presume que ello generó un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional.
Según la auditoría del OIC, entre las irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al personal de mando de Capufe.
La empresa Servicios Integrados Trujillo Romano también ha presentado documentación apócrifa, y de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha detectado también que de las 12 empresas que supuestamente emitieron documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.
Ante esta situación la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya se ampliaron, y la Fiscalía trabaja junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear todas las operaciones de Neme Sastré, su familia y círculo cercano.
Al ex funcionario se le imputa por haber beneficiado a empresas que a su vez le habrían pagado el beneficio. Concretamente se revisa el manejo de los recursos provenientes del sistema de telepeaje, pues partir de 2014 se eliminaron todos los controles que existían para la recaudación y entrega del dinero de cada caseta en el país a cargo de Capufe.
Lo anterior se debe a que el dinero entraba en efectivo y de forma directa a las arcas de la institución, sin mayor regulación.
Cabe recordar que Neme Sastre es cercano de Peña Nieto desde su campaña rumbo a la elección presidencial de 2012, aunque su relación se remonta a tiempo atrás. Fue en septiembre del 2008, Peña Nieto y su ahora ex esposa, Angélica Rivera fueron invitados como padrinos de honor en el bautizo del hijo de Benito Neme.
Benito Neme tiene una una maestría en Derecho Internacional Económico por la Universidad de Houston, la cual obtuvo tras recibirse como licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Según su declaración patrimonial, de mayo de 1995 a junio de 1998, el extitular de Capufe trabajó como gerente tipo “D” en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en donde tenía como función principal la integración y administración de las asociaciones de vecinos en los conjuntos habitacionales.
Un mes antes de que su compadre asumiera la presidencia, Neme Sastré declaró que se desempeñó como profesionista independiente, dando asesoría legal en el sector privado.
La confianza con el priista creció luego de que Neme Sastré fue nombrado como coordinador jurídico de la campaña de Peña Nieto.
Sin embargo, ahora se le investiga por tráfico de información para beneficiar a empresas con licitaciones turbias, contratos y concesiones irregulares, así como operaciones fraudulentas en el cobro del telepeaje que presuntamente causaron graves daños al patrimonio nacional.
Fue en 2014, que Capufe subrogó a una empresa denominada Telepeaje Dinámico S.A. (Tedisa), un contrato por 4 mil 250 millones de pesos, uno de los más caros para telepeaje en las 41 carreteras que administra.
ccca.
