(07 de enero, 2015).- La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) compartió, en el Diario Oficial de la Federación, su código de conducta, en el cual se establecen los principios de “legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”, mismos que están obligados a cumplir todos los que laboren en dicha dependencia.
En el archivo se hace énfasis en la necesidad de “prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad” y mejorar la calidad en la gestión pública para asegurar a la ciudadanía la certidumbre acerca de las actividades de los servidores públicos de la SEDENA.
Entre los valores que se enumeran se encuentran, entre otros, el respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, así como mantener un ambiente laboral sano, libre de hostigamiento y acoso sexual además de dejar claro que el personal de la SEDENA debe “conducirse, siempre, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, con absoluta imparcialidad y sin discriminar a ninguna persona, ya sea por su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que pudiera atentar contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Ante este anuncio resulta contradictoria, pero pertinente, la petición del coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, e integrantes de esa bandada, de “dar a conocer ya” los resultados de la investigación de los casos de Iguala – Cocula y Tlatlaya, ya que a más de tres meses de los hechos, ya no debería haber indagatorias y por ende “nada justifica que no se den a conocer los resultados”. Además de que SEDENA ha declarado que se desconocen las pruebas y testimonios contra militares precisamente por el caso Tlatlaya.
Barbosa también hizo hincapié en que en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, parece que el gobierno federal decidió “no revelar la totalidad de los vínculos del crimen organizado con las instituciones presentes en las regiones de Iguala y Cocula. Tal parece que apuesta erróneamente al desgaste de la protesta nacional y a la corta memoria”.
Al referirse al caso de Tlatlaya enfatizó en decir que “el gobierno se ha negado a reconocer la responsabilidad de las autoridades involucradas en esos hechos. Los problemas no se resolverán por simple transcurso del tiempo o suponiendo que no existen”.
A su vez exigió que el poder ejecutivo realice cambios en su gabinete.
