Bajar los precios del gas LP no es el primer caso y muy probablemente no será el último. Este es tan solo el campo de batalla más reciente, una de tantas confrontaciones que ha librado el gobierno encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de los oligopolios, esas mafias empresariales que florecieron durante la era neoliberal, gozando de lucro y privilegios, a expensas de la gente.
El incremento injustificado a los precios del gas licuado derivado del petróleo (que no debe confundirse con el gas natural extraído del subsuelo) no puede entenderse sin la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y sus secuaces, en medio de una trama de sobornos que han derivado en múltiples afectaciones para el país.
La reforma energética impuso una serie de condiciones legales para que en 2017 se quitaran las regulaciones y se liberaran los precios del gas LP. A partir de entonces, los precios se dispararon. Ya desde entonces, la Comisión Reguladora de Energía tenía en la mira a cinco grandes empresas por el notable incremento de precios. Esta tendencia continuó los años siguientes, haciendo cada vez más evidente la política de abuso que caracterizó al régimen neoliberal.
En 2021, tras el año de la pandemia, el gobierno de López Obrador detectó con mayor claridad un incremento inusual en los precios del gas LP. En mayo pasado, el director de Pemex, Octavio Romero, explicó que las empresas de gas estaban obteniendo un margen de ganancia cada vez mayor en comparación con los precios que ofrece Pemex. Esta anomalía, va más allá del incremento por la inflación y los precios internacionales del gas, y se explica por un sobreprecio sistemático que se hizo más evidente con la escalada tarifaria de dicho hidrocarburo.
De acuerdo con datos de Profeco, y sus informes semanales de Quién es quién en los precios de gas LP, las empresas gaseras venden el energético con un margen de ganancia que suele oscilar en 5 pesos, pero puede llegar hasta 8 o 10 pesos por kilogramo. Esto significa que por un tanque de 45 kilogramos se embolsan una ganancia de hasta 450 pesos en una sola operación. Ahora multiplíquelo por 100 tanques al día para darse una idea de la magnitud de este lucrativo negocio, donde los más pobres sacan la peor parte.
De enero de 2017, desde que comenzó la liberalización de precios, hasta julio de 2021, el precio por litro del gas LP pasó de 8.10 pesos a 13.52 pesos, lo cual implica un aumento de 66%. Algo aún más grave ocurrió con los tanques móviles, ya que el precio pasó de 15.02 pesos a 25.29 pesos por kilogramo de gas, en el mismo periodo, lo cual implica un aumento de 87%.
Este escenario provocó que el gobierno de López Obrador tomara cartas en el asunto para tratar de controlar la descontrolada escalada de precios que implican una fuerte afectación para la economía popular. En julio de 2021, el mandatario mexicano anunció la creación de la empresa estatal Gas Bienestar para competir con el oligopolio gasero y obligarlos a bajar sus abusivos precios, además de implementar una serie de medidas legales para imponer un máximo precio permitido.
El mandatario explicó que sólo cinco empresas controlan más del 50% del mercado de gas LP en el país. De acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, estas empresas son: Grupo Tomza; Gas Uribe; Vela Gas; Gas Nieto y Gas Zaragoza (de los mismos dueños que Tomza).
Casi al mismo tiempo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un posicionamiento explicando que hasta el momento existen dos investigaciones contra empresas distribuidoras de gas LP, bajo sospecha de que estas grandes compañías se coordinaron para “estar manipulando los precios y/o repartiéndose el mercado de la distribución y comercialización” de gas mediante “acuerdos ilegales”. Una práctica propia de organizaciones mafiosas, beneficiadas por la complacencia y las reformas legales de gobiernos corruptos.
Al verse obligados a reducir sus márgenes de ganancia, estas grandes empresas que cuentan con permisos emitidos por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) redujeron el margen de ganancia de otras empresas y grupos informales que a su vez son subcontratados de manera indirecta. Estos grupos de comisionistas, compran gas a las grandes empresas con el fin de repartirlo en casas y negocios a través de pipas y camiones. Mientras el margen de ganancia de las grandes empresas creció más de 50% en los últimos tres años, de acuerdo con un análisis de la periodista Karol García, de El Economista, los márgenes de ganancia de los comisionistas se redujeron a prácticamente nada, al pasar de 20% a 0.3%, datos de la Unión de Gaseros del Valle de México. Este fue el principal detonante para que los grupos de gaseros comisionistas llamaran a un paro nacional ante el riesgo de perder sus fuentes de empleo. Una situación que ejemplifica cómo se fueron creando grandes estructuras de abuso, lucro y sobreprecio en un sector vital para la economía de los hogares mexicanos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el 79% de la población mexicana (100 millones de personas) dependen del gas LP para cocinar sus alimentos.
En respuesta al paro, el presidente López Obrador dio a conocer una serie de medidas para garantizar el abasto de gas y analizar la posibilidad de emprender acciones legales contra los distribuidores que se nieguen a dar el servicio. En tono firme, el mandatario dijo, con otras palabras, que su administración no cederá ante la presión de grupos mafiosos que han afectado a millones de mexicanos.
Esta postura no es nueva. Desde el inicio de su mandato, López Obrador emprendió una cruzada contra el robo de combustible (huachicol) y también contra la corrupción imperante en la compra de medicamentos. En ambos casos, los grupos afectados respondieron moviendo sus hilos para generar desabasto de gasolina y medicinas, con el objetivo de doblegar al gobierno y salirse con la suya, como estaban acostumbrados.
La batalla de López Obrador contra el huachicoleo ha dado buenos resultados. En el caso de la batalla contra las farmacéuticas, ha sido más complicado y todavía no se obtienen resultados contundentes, ya que como hemos visto en los últimos años, el desabasto de medicinas para niños con cáncer ha sido un tema recurrente en lo que va de su administración.
Pero más allá de los casos particulares, la enorme cantidad de estructuras empresariales de corte mafioso que operaban bajo la protección del régimen neoliberal, evidencian la podredumbre estructural que persiste en México. Los criminales de cuello blanco se cansaron de saquear las arcas públicas y exprimir los bolsillos de la gente, que encima de todo, ha padecido un proceso de precarización del trabajo que explica en buena medida los altos niveles de violencia que persisten en el país.
El abuso sistemático de los oligopolios, es uno de los factores clave en la transformación del país. Por ello es benéfico que el actual gobierno decida meter en cintura a estas estructuras mafiosas.
La pregunta es: ¿Cuántos frentes de batalla simultáneos podrá abrir López Obrador sin poner en riesgo su proyecto de Cuarta Transformación? Hasta el momento, las encuestas de aceptación están del lado del presidente, quien ya tiene la mira puesta en su próximo campo de batalla: la revocación de mandato. Un escenario donde los oligarcas derrotados del viejo régimen neoliberal, intentarán cobrarle a López Obrador su atrevimiento de combatir a las mafias de cuello blanco.
