Hace un año, cuando hicimos la reseña del primer año de nuestra columna “T de Tecnología”[1], celebramos la primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que representó un parteaguas en la orientación de los recursos públicos para promover un desarrollo social en los sectores más rezagados del país y garantizar nuestra soberanía científica y tecnológica. En el segundo aniversario de esta columna México está a punto de inaugurar un nuevo gobierno en el que la Ciencia se elevará a categoría de Secretaría de Estado.
El anuncio anterior fue hecho el 20 de junio pasado cuando la Dra. Claudia Sheinbaum presentó a la Bióloga Rosaura Ruiz Gutiérrez para encabezar la nueva Secretaría. Como titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, desde su formación en diciembre de 2018, la Mtra. Ruíz Gutiérrez se hizo responsable también de la creación de la Universidad Rosario Castellanos y de la Universidad de la Salud, dos instituciones de Educación Superior con las que el gobierno de la Ciudad de México apostó para mitigar el rezago de oferta en educación pública y gratuita para los jóvenes capitalinos.
Se reconoce ampliamente que la ciencia es un pilar fundamental para la innovación, ya que impulsa tanto la productividad como el crecimiento económico. Cuando el Estado invierte en ciencia y tecnología, se facilita la creación de nuevas tecnologías y procesos que aumentan la eficiencia en múltiples sectores económicos. Priorizar la ciencia y la tecnología crea un ambiente propicio para atraer inversión extranjera, particularmente en sectores de alta tecnología y conocimiento especializado. Además, el apoyo a la investigación científica promueve avances en medicina y salud pública, mejorando la calidad de vida de la población y disminuyendo los costos de atención médica a largo plazo.
Consciente de lo anterior en el arranque de su campaña electoral la Dra. Sheinbaum dió detalles de su Plan de Gobierno en los “100 pasos para la Transformación”. En el número 30, en particular, establecía su intención de expandir a nivel nacional las universidades de la Salud, que cada año abre espacio a 1,000 alumnos de Medicina y Enfermería General y Comunitaria en su plantel de Santa Fé y la Rosario Castellanos, que en 5 años de operación ofrece ya 23 licenciaturas, cinco especialidades, siete maestrías y tres doctorados en los siete planteles que la integran y cuenta con una matrícula de 43,000 alumnos.
Cómo científica la Dra. Sheinbaum sabe que los desafíos complejos como el cambio climático, las pandemias y la seguridad alimentaria requieren soluciones basadas en evidencia científica. También tiene claro que a través de la ciencia, los gobiernos pueden desarrollar políticas efectivas para enfrentar estos desafíos. En un mundo donde las amenazas a la seguridad nacional incluyen ciberataques y la guerra tecnológica, el desarrollo científico-tecnológico se convierte en un aspecto clave de la defensa nacional. Al fomentar el desarrollo de tecnologías propias, un país reduce su dependencia de tecnologías extranjeras, fortaleciendo su autonomía y pueden posicionarse como líderes en la solución de problemas globales, para fortalecer su posición en la escena internacional y también contribuir a un futuro más sostenible y equitativo para todos.
El Plan Nacional para la Innovación de la CONAHCYT que se empezó a construir a partir de este año, tiene el objetivo de reforzar y coordinar los esfuerzos de innovación en todo el país, buscando beneficiar a la sociedad y promover el desarrollo de México. La idea es que todos participen de manera armoniosa: desde la sociedad en general, pasando por las universidades, los pueblos, los tecnólogos, científicos, empresas privadas, hasta el gobierno y los organismos públicos. Pero, lo más importante, es que este esfuerzo no se concibe sin el trabajo conjunto y responsable con todos los actores sociales involucrados, desde los responsables de tomar decisiones a nivel local y estatal, hasta cada persona que vive en nuestro país.
Sin duda es una muy buena noticia que el Estado Mexicano recupere la rectoría en el desarrollo científico y tecnológico. Así podrá dirigir el presupuesto hacia objetivos que beneficien al bien común, en lugar de estar impulsada únicamente por intereses comerciales o de lucro. Y para garantizar que los beneficios del progreso científico estén disponibles para todos los segmentos de la sociedad, no solo para aquellos que pueden pagarlos, solamente así el conocimiento desarrollado con recursos públicos podrá contribuir a reducir las desigualdades y promover la justicia social.
Por lo anterior la titular de la nueva Secretaría deberá dar continuidad a las universidades para el Bienestar Benito Juárez, que al día de hoy cuenta con 203 planteles en operación en municipios de alta y muy alta marginación en donde ofrecen hasta 36 carreras en las áreas de Desarrollo Regional Sustentable, Procesos Agroalimentarios, Patrimonio Histórico Cultural y Natural, Energía, Estudios Sociales y Salud[2].
Fomentar la educación científica y la investigación también fortalece el desarrollo integral de las personas, asegurando su capacidad para vivir vidas plenas, realizar sus potencialidades y contribuir al bienestar colectivo. Esto envía un mensaje claro a las futuras generaciones sobre la importancia del conocimiento y la investigación, inspirando a los jóvenes a seguir carreras en estos campos. Promover la ciencia a nivel estatal también fomenta el pensamiento crítico y la alfabetización científica entre los ciudadanos, lo cual es fundamental para una democracia saludable donde las decisiones políticas son debatidas y entendidas por una población bien informada. La ciencia promueve una cultura de investigación y aprendizaje continuo. Invertir en ciencia no sólo impulsa el progreso tecnológico, sino que también enriquece la cultura y el patrimonio intelectual de una nación.
En conclusión, ver la ciencia como un asunto de Estado no es solo una estrategia de desarrollo, sino una necesidad para asegurar el bienestar y la estabilidad a largo plazo de cualquier nación. Un compromiso sólido con la ciencia permite a los gobiernos adaptarse y responder a los desafíos del presente y del futuro, promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible. Un Estado que valora la ciencia utiliza datos y evidencias para formular políticas públicas, lo que resulta en decisiones más informadas, efectivas y transparentes.
Para alcanzar este anhelo de justicia social para construir un México más justo y sostenible a través de la educación debemos asegurar, además de todo lo anterior, que la aplicación de todo el conocimiento científico y tecnológico pase por un filtro ético y filosófico alineado con el humanismo mexicano.
[1] Un año de T de Tecnología – Revolución 3.0
[2] Cuáles son las carreras y sedes de las Universidades para el Bienestar – Infobae
