La Consulta Popular es, ante todo, un esfuerzo ciudadano por construir una auténtica verdad histórica. Juzgar crímenes del pasado y hacer una revisión crítica de cómo es que llegamos a la situación actual, es un ejercicio de memoria necesario para sanar las heridas que permanecen abiertas.
Desde los medios de comunicación hegemónicos, se trata de construir una narrativa tramposa: “la ley no se consulta, se aplica”. El problema es precisamente ese: que la ley no se aplicó durante décadas, con el fin de que los corruptos se protegieran las espaldas de manera cómplice, dentro de un pacto de impunidad que socavó las instituciones y desgarró al país.
La retórica legalista que suele predominar en los grandes medios de comunicación, omite convenientemente una verdad terrible. Nos guste o no, la política siempre estará por encima de la ley. Al igual que ocurre con la paradoja del Estado, que al mismo tiempo es producto de un acuerdo social y una imposición de unos sobre otros, el ejercicio de la ley esconde tras de sí relaciones de poder. Por eso, derecho no es sinónimo de justicia. En su tiempo el ‘apartheid’ que normalizó la segregación racial en Sudáfrica era legal. En la Alemania nazi, las leyes de Nuremberg fueron la base para la discriminación y posterior exterminio del pueblo judío. Legalidad sin justicia es sinónimo de tiranía. Y eso es precisamente lo que prevaleció en México, a lo largo del periodo neoliberal. Una serie de injusticias disfrazadas de legalidad.
La aprobación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario que legalizó el gigantesco fraude el rescate bancario, que seguimos pagando hasta la fecha, es un clarísimo ejemplo de una ley injusta, diseñada a conveniencia de élites corruptas que se enriquecieron otorgándose grandes créditos que de antemano sabían que se convertirían en deuda pública. No es el único caso. Las múltiples reformas a la Ley Minera a lo largo del periodo neoliberal, con el objetivo de maximizar ganancias de grandes empresas exterminando comunidades enteras y devastando el territorio son otro gran ejemplo. “La ley no se consulta”, dicen algunos legalistas, militantes de la derecha mexicana. Para ellos es mejor simplemente acatar leyes injustas, hechas a modo para abusar del pueblo. Al final del día, las leyes son también un instrumento de poder, creadas, reformadas, interpretadas y aplicadas por políticos. Luego entonces, toda ley es en realidad una manifestación de poder. Y cuando un régimen corrupto redacta leyes injustas, que lastiman y representan un agravio para las mayorías, lo correcto es cuestionar dichas leyes, quienes las crearon, quienes las aplicaron a su favor, en detrimento del pueblo. Eso es parte de lo que estará en juego el domingo 1 de agosto con la Consulta Popular. La oportunidad de juzgar los abusos del pasado.
La importancia de este ejercicio inédito en México no es asunto menor. Incluso la dirigencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tan crítica del presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de Cuarta Transformación, coincide en que la Consulta Popular es una oportunidad de saldar cuentas con un pasado que todavía duele. “Se llama a participar en la Consulta pensando en las víctimas”, escribió el Subcomandante Galeano, otrora Marcos, en un comunicado titulado Por qué Sí a la Consulta y Sí a la pregunta, fechado en julio de 2021.
La Consulta Popular es un ejercicio de memoria histórica. Volvernos conscientes de que el México actual es consecuencia de un enorme cúmulo de agravios contra el pueblo mexicano. Precisamente por ello, el principal poder reside en el terreno de lo simbólico: disputarle la narrativa histórica a la tiranía que dinamitó al país. Esta lucha política va más allá de lo legal. La Consulta Popular es también una metáfora, un juicio ciudadano contra los crímenes y las vejaciones cometidas por una clase política que, lejos de aprovechar la oportunidad para pedir disculpas y hacer una revisión crítica de sus actos, está enfrascada en una grotesca disputa por regresar al pasado, a los tiempos que, según dicen los propagandistas de la infamia, eran mejores que el presente. Como si el momento actual que vive el país, no fuera sino consecuencia de varias décadas de abuso. Eso explica por qué desde la derecha, se apuesta al olvido y la sumisión.
El derecho sin fuerza política, es letra muerta. Uno puede tener derecho al agua, pero la ley por sí misma no impedirá que llegue una empresa trasnacional a despojar a una comunidad del vital líquido, cuando dicha compañía está coludida con políticos y jueces corruptos, que interpretan y aplican las leyes a conveniencia del poder económico. El ejercicio de los derechos, es también una cuestión de fuerza política. De ahí la importancia de la Consulta Popular como un instrumento para movilizar políticamente a la ciudadanía, para hacer valer el derecho a la justicia que le fue arrebatado al pueblo mexicano por una corruptocracia que lo mismo avaló fraudes electorales, el saqueo a niveles exorbitantes o la infame “guerra contra el narcotráfico” que convirtió al país en fosa clandestina.
El llamado juicio contra los expresidentes es apenas la punta del iceberg. Los crímenes de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, son la representación simbólica de un proceso más amplio que involucró a empresarios, traficantes de influencias, medios de comunicación, jueces, legisladores, narcotraficantes, policías corruptos. México no podrá avanzar y curar las heridas mientras exista esta sed de justicia.
La Consulta Popular representa una oportunidad inédita para que el pueblo mexicano se erija como tribunal de la verdad, y pueda condenar públicamente los muchos agravios cometidos durante años. La resolución quedará ahí, para la historia.
Con los altos niveles de descomposición y corrupción imperantes en el Poder Judicial, será muy difícil que avance un proceso legal contra los expresidentes y sus secuaces. Lo sabemos muy bien. Pero la lucha no es legal, sino moral, histórica. Ese derecho a la justicia no lo podrán arrebatar ni jueces corruptos, ni los comentócratas que escriben desde su burbuja de privilegio y se beneficiaron del desastre nacional, ni los oligarcas que pretenden minimizar los alcances de la Consulta.
Es momento de que el pueblo mexicano empiece tome la justicia en sus manos, la justicia que le fue arrebatada por una estructura criminal que se adueñó del Estado. Y la justicia inicia con la construcción de una auténtica verdad histórica. Más que legal, la batalla se librará en el terreno de lo simbólico, en el imaginario popular. Nadie podrá arrebatarnos el derecho de sanar las heridas de un país roto y con sed de justicia.
