Tras la publicación de un de los Los Angeles Times, donde revelaba que el gobierno estadounidense no solo contempla la cancelación de visas, sino la presentación de acusaciones formales en tribunales federales contra funcionarios mexicanos presuntamente ligados al crimen organizado, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó evidencias de las acusaciones desde Washington.
La advertencia cobró fuerza tras las declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, quien durante un evento en Sinaloa lanzó un mensaje críptico que encendió las alarmas en el ámbito político: “Es posible que pronto veamos avances importantes en este ámbito. Así que estén atentos”.
“Lo que debe haber son pruebas”, responde Sheinbaum
Ante la posibilidad de una intervención judicial extranjera, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura firme durante su conferencia matutina. La mandataria subrayó que la procuración de justicia por actos cometidos en territorio nacional es facultad exclusiva de las instituciones mexicanas.
“La lucha contra la corrupción en México le corresponde al gobierno mexicano, a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales. No a Washington”, aseveró.
Sheinbaum fue enfática al señalar que, si bien su administración no protegerá a ningún funcionario con evidencias en su contra, no aceptará investigaciones que carezcan de sustento jurídico sólido.
Para reforzar su postura, recordó el polémico caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa que fue detenido en 2020 por la DEA en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico.
En aquel entonces, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a Trump y al fiscal estadounidense toda la información disponible. La respuesta fue contundente: no había pruebas suficientes. Cienfuegos fue devuelto a México, la FGR investigó y concluyó que no existía delito que perseguir.
Exigencia de reciprocidad con el “huachicol fiscal”
La jefa del Ejecutivo aprovechó el espacio para cuestionar la falta de cooperación de Estados Unidos en temas de interés para México. Específicamente, reclamó la entrega de dos empresarios con doble nacionalidad vinculados al contrabando de combustibles, conocido como “huachicol fiscal”. México ha solicitado formalmente la detención de estos individuos sin obtener respuesta.
“Nosotros también pedimos que se entregue a México a empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Y todavía no hay resultados”, subrayó Sheinbaum.
Respecto al embajador Ronald Johnson, la presidenta mantuvo un tono mesurado pero preventivo. Aunque reconoció que el diplomático ha sido un puente útil en temas técnicos como el transporte y la gestión del agua, advirtió que cualquier indicio de estrategia injerencista será señalado y reclamado por las vías diplomáticas correspondientes.
Por ahora, el gobierno mexicano se mantiene a la expectativa de las supuestas revelaciones anunciadas por Johnson, mientras reitera que la soberanía judicial no es negociable bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción.
