El 31 de diciembre de 2015, en su informe denominado “La situación de los derechos humanos en México”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que en México la procuración de justicia es una “simulación” y que mientras el propio Estado mexicano reportaba 26.798 personas “no localizadas” o desaparecidas a nivel nacional, sólo se habían emitido seis sentencias en el ámbito federal por el delito de desaparición forzada. Sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa el Informe sostiene que es “un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado” y agrega que “la práctica de la tortura es alarmante”.
En síntesis, la CIDH habla de que “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años”, una “grave crisis de derechos humanos (que) fue constatada en terreno y se caracteriza por una situación extrema de inseguridad y violencia”.
Más allá de los abrumadores datos sobre las violaciones a los Derechos Humanos que sistemáticamente implementa el Estado mexicano (aunque la CIDH desconoce que la crisis de seguridad y crisis de derechos humanos no son la misma cosa y no son procesos que deban ir necesariamente emparentados) es importante saber si existe una base material que “justifique” sistémicamente ambas crisis.
Así como en la Colombia de los años 80 se afirmaba que el desarrollo capitalista se basaba en un sistema de “ganancias a sangre y fuego”, habrá que ver si en México hay un correlato similar, menos genérico y más específico, para explicar la “crisis de derechos humanos” en curso.
Se prevé que el crecimiento del PIB mexicano para el año 2016 sea de un 2.4%, luego que el FMI corrigiera a la baja sus previsiones de enero de 2016, las que a su vez corregían a la baja las previsiones de octubre de 2015. Mientras las economías de los países de América Latina y el Caribe (ALC) siguen impactadas por la baja mundial de los precios del petróleo, “la exposición de la economía mexicana a las exportaciones de petróleo no es tan grande”. Por otro lado la Inversión Extranjera Directa (IED), que fue de 24.837 MDD en 2015, será de 28.695 MDD en 2016. El Banco Mundial afirma que el crecimiento del PIB en la región ALC se estancó totalmente en 2015, pero dado que México creció menos que el resto en el período del auge, está repuntando rápidamente en virtud del alza del consumo en Estados Unidos.
Aunque la economía mundial sigue recuperándose, lo hace a un ritmo cada más lento y frágil, donde los escenarios a la baja tienen más probabilidades de materializarse. En un contexto regional de caídas generalizadas (Brasil -3.5; Argentina -1.0; Venezuela -8.0; Ecuador -4.5) sólo Colombia (2.7), Estados Unidos (2.6) y México (2.4) contradicen la corriente. Mientras tanto a nivel mundial Rusia cae 1.0 y China sigue decreciendo el ritmo (6.9 en 2015; 6.3 en 2016).
¿Cómo se relacionan la crisis de seguridad y estos buenos indicadores macroeconómicos?, una pregunta que aborda la imbricación entre la economía legal e ilegal. Un ejemplo es el lavado de dinero del narcotráfico por parte de entidades financieras como HSBC, Citigroup y Santander, denunciados por permitir el blanqueo a través de sus cuentas. Otro es la relación entre los cárteles del narcotráfico en Michoacán que controlan la explotación de hierro con transnacionales como Ternium, Arcelor Mittal y Endeavour Silver.
Más puntualmente los asesinatos de Bernardo Méndez, por oponerse a la Fortuna Silver Mines en Oaxaca, los de Ismael Solorio y Manuela Solís, contra la minera MAG Silver en Sonora, o el de Betty Cariño, contra la minera New Gold en San Luis Potosí, muestran una amplia difusión de la frontera entre lo legal y lo ilegal, lo que habitualmente se denomina acumulación primitiva de capital.
Los frecuentes ataques contra diversas comunidades indígenas responden a la necesidad de implementar proyectos que extienden la frontera extractiva y agroindustrial o para la construcción de grandes infraestructuras. El conflicto de los yaquis por el Acueducto Independencia muestra esta matriz.
En gran medida la crisis de derechos humanos es resultado del modelo de desarrollo económico vigente en México. En primer lugar este modelo agudiza las limitaciones que involucran a grandes colectivos campesinos, indígenas y poblaciones urbanas. La privatización de los recursos naturales estratégicos, los pactos comerciales que desregulan la tierra, el cierre del acceso a las fuentes de provisión de agua, la presión extractiva sobre selvas y bosques, todo ello agravado por la reforma energética y la Ley Minera, significan una concatenación necesaria entre desarrollo y quiebre de derechos. En segundo lugar, el crecimiento económico que viene de la mano de las grandes inversiones, acarrea consigo las reglas de emprendimiento propias de la economía global, con contratos leoninos, legislación especial, achatamiento de la masa salarial, desindicalización de la mano de obra y flexibilización en toda la línea.
Esta violación sistemática de los derechos humanos es un requisito necesario, no sólo conveniente para el éxito actual del modelo de desarrollo económico en México. El desarrollo mexicano no surge espontáneamente con el solo requisito de la “mano invisible” y la autorregulación de las leyes del mercado. Un fuerte intervencionismo estatal arbitra entre actores disonantes, localismos furiosos y recursos escasos, allí donde todo, sobretodo la geografía, conspira en contra.
Dados los condicionamiento geopolíticos propios de un país rodeado por desiertos al norte, selva al sur y montañas al este y oeste, sin ningún río navegable en su territorio, donde las zonas de producción y consumo de alimentos están distantes entre sí y que además es vecino de Estados Unidos, el mantenimiento estratégico de una tasa de crecimiento promedio del 2.5% interanual (superando levemente la tasa americana) sólo puede realizarse, en un contexto de caída regional y débil crecimiento global, mediante el ejercicio de una presión extrema sobre el sustrato productivo del país: la geografía y la población.
Adicionalmente, si bien un 46% de pobreza suaviza la disputa por la participación en la renta nacional, la existencia de un esclerosado régimen de partidos, no permite procesar y canalizar las demandas, volviéndolas rápidamente inconstitucionales. Que el índice de pobreza en Veracruz sea del 58% (17% en pobreza extrema) ayuda a comprender un aspecto de la crisis de derechos humanos allí. El otro aspecto tiene que ver con las millonarias inversiones que tienen como destino a la entidad portuaria y la necesidad de regimentar la participación tumultuaria en una renta creciente, una tarea más urgente allí que en cualquier otro lado.
El relativo bienestar y progresismo en el que viven las millones de personas de la Ciudad de México se asienta sobre la crueldad de una clase dirigente que entiende (con acierto) que crecer es depredar y reprimir.
