(02 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El 1 de noviembre del año pasado una menor de 17 años originaria de Aquismón, San Luis Potosí, fue asesinada luego de acompañar a su hermana y cuñado a tomar un autobús.
En el camino de regreso a su casa se encontró a Gamaliel, un adolescente de 15 años, a quien tenía un mes de conocer y con el que conversó mientras la acompañaba en su camino, el muchacho le pidió un cambio de ruta y “acortar” el camino por una vereda.
Ahí le confesó, según declaraciones de él, que estaba enamorado de ella y que quería ser su novio, a lo que la muchacha se negó ya que, como le explicó, tenía novio y un mes de embarazo. Él se molestó y comenzó a discutir con ella, pues quería saber quién era el padre del hijo que esperaba.
Él la empujó y ella cayó, así fue como el muchacho aprovechó para comenzar a asfixiarla hasta percatarse que estaba muerta, pues ya no se movía. Colocó piedras en la cabeza de la chica y corrió a su casa, donde lavó sus tenis y su ropa manchada de sangre. Agregó que “no sabía lo que hacía, porque antes de encontrarme con ella me había drogado con cocaína”, según información obtenida por Revolución TRESPUNTOCERO.
“Se trata de un feminicidio, existen elementos. Las autoridades encargadas de impartir justicia en esta entidad y en todo el país tienen rasgos de misoginia, revictimizan, ponen trabas, algunas veces porque para ellos reconocer que llevan la investigación de un feminicidio es un peso aún más grande, demuestra que existe odio de género.
“Si no hubieran organizaciones no gubernamentales, familiares y sociedad civil presionando para identificar y aceptar que uno u otro caso es un feminicidio, en este país habrían homicidios pero nunca los primeros, no los reconocen porque es aceptar que la cultura del machismo y la misoginia impera con más fuerza, sería aceptar que a diario se incrementan porque a las autoridades locales y estatales las muertes violentas de mujeres les tiene sin el menor cuidado, incluso insultan a la víctima con declaraciones que claramente no tienen fundamento alguno y en cierta manera hasta benefician al inculpado”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO la abogada criminalista y analista del caso Lorena Viesca.
Lo anterior en relación a las declaraciones del director de la Policía Ministerial del Estado, José Guadalupe Castillo Celestino, quien en días pasados aseguró que la muerte por asfixia provocada a la menor de 17 años, no es un feminicidio. Sus argumentos fueron dos: consideró que no se pudo determinar en ningún momento que el agresor fuera misógino y porque tampoco el que hubiera asesinado por odio de género.
“Por lo tanto sólo se puede tratar como un homicidio”, sentenció. Luego de la detención del adolescente y después de declarar cómo y por qué llevó a cabo el crimen, el caso siguió tomándose como un homicidio, aun cuando organizaciones se manifestaron en contra de la manera en que se desarrolló en su momento el proceso jurídico.
Ante los hechos, el Instituto Nacional de las Mujeres, hizo un pronunciamiento en el que aclaró que no es necesario que se compruebe que el victimario es “misógino”, puesto que de acuerdo con los protocolos existentes ya desde hace ocho años, un caso como este en donde una jovencita de 17 años tiene signos de estrangulamiento, que fue apedreada en el rostro e incluso indicios de al menos intento de violación, es claro que se trata de un feminicidio.
A su vez se aseguró que con argumentos que niegan un feminicidio es claro que institucionalmente desde la Procuraduría del Estado se sigue haciendo todo lo posible por no calificar como feminicidios los asesinatos de mujeres en dicha entidad.
“Los feminicidios han aumentado debido a la negación por parte de las autoridades. Ejemplos existen muchos. Uno de ellos es la historia de una chica de 15 años, tenía un novio de 20 años quien le pidió que se fuera a Coahuila con él, ella aceptó pero le dijo que sería después de su fiesta de quince años.
“Su hermana menor conocía la historia, porque se despidió de ella, pero la misma noche después de la fiesta la adolescente se arrepintió, se lo hizo saber al sujeto quien la mató a golpes desfigurando su rostro y enterrándole un arma punzocortante en la yugular. Él estaba briago.
“Por su puesto, las autoridades hablan de un hombre que no estaba ‘consciente’ de lo que hacía, por ello no se puede determinar si era o no misógino, tampoco quiere decir que ‘odiara a todo el género femenino’. Tanto en San Luis Potosí como en el país entero, las autoridades son hábiles para dar argumentos que conviertan un evidente feminicidio en un homicidio. Y si no lo son, entonces imponen sus razones por más estúpidas que parezcan y ahí nadie puede ya hacer nada más”, advierte Viesca.
Quien agrega que la problemática de los feminicidios se ha convertido en una ‘excusa’ más para ‘jalar’ fondos, “se hacen unos cuantos talleres, cursos, se supone que se da capacitación y se enseña qué hacer y cómo tratar a familiares de una víctima de feminicidio, sin embargo comprobado está que cuando denuncian los cuestionan y les imponen la falsa idea que es un homicidio y no más.
Así es como se supone que se invierten millones en la protección de la mujer y en aprender cómo actuar en caso de feminicidios, pero la realidad es que siguen escondiendo los casos, no son contabilizados a cabalidad y aun cuando las características son por demás evidentes, ‘casualmente’ las autoridades no encuentran ninguna de éstas y tampoco soporte en las observaciones que los organismos civiles encuentran en dichos casos”.
Por su parte la activista Daniela San Román, colaboradora de la Asociación Internacional para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), comenta a Revolución TRESPUNTOCERO que existe altas posibilidades que San Luis Potosí sea una de las entidades donde se necesite de manera urgente una alerta de género, pero la falta de cifras reales ha obstaculizado la exigencia.
“La violencia de género ha azotado al país entero, en las entidades donde se habla de bajos índices existen altas posibilidades que se trate de autoridades maquillando y escondiendo cifras y menores que se trate de una realidad y no existan muertes violentas de mujeres.
“No se trata de hablar de feminismo. Si hubiera una epidemia, o pandemia de muertes por odio en contra de un grupo social vulnerable se debe exhibir como tal, pero lamentablemente a las mujeres se les sigue humillando incluso después de muertas y tras un deceso violento. Se les hace menos y aún más para la impartición de justicia. Son las mismas autoridades las que acrecientan los feminicidi
Incluso, desde las investigaciones al “ahí se va” y la falta de análisis de cualquier tipo de prueba está otorgando preferencia a los culpables que a la víctima. Tanto policías como ministerio público solapan en un primer momento la violencia física y psicológica y después el feminicidio, porque cuando una mujer se atreve a denunciar, en gran parte de las ocasiones se le deja en libertad al agresor, por la manera en que se redactan los reportes, en venganza el hombre va y mata”, afirma San Román.
Informes de Rosa María Salazar Rivera, titular de la Fundación Luz y Esperanza, los reportes policiacos señalan golpes y lesiones, delito que no se persigue de oficio, lo que hace que fácilmente el acusado quede en libertad tras el pago de una fianza y el perdón de la víctima.
Por lo tanto lo que es y debería ser plasmado en dichos reportes es que la víctima denuncia violencia intrafamiliar, que es un delito que sí se persigue de oficio, si esto se reconociera impediría que al hombre violento se le otorgue la libertad.
según el índice delictivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva en todas las entidades del país, entre ellas la de San Luis Potosí -según los datos aportados por las propias entidades- no incluye el delito de feminicidio.
En el caso de San Luis Potosí, el año pasado se registraron 190 homicidios, sin embargo no se dio a conocer cuántas víctimas fueron hombres, ni cuántas mujeres, y tampoco en qué casos la investigación iniciada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tipificó el asesinato como feminicidio.
