Enrique Peña Nieto traicionó su promesa de sacar a las fuerzas armadas de las calles. De hecho, ha optado por lo contrario: intensificar el proceso de militarización del país, invirtiendo grandes recursos presupuestales para tal efecto. Los resultados son los mismos: una gran masacre a lo largo y ancho del territorio nacional; la producción, tráfico y consumo de drogas no han disminuido; se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales; la impunidad es escandalosa y los desplazamientos aumentaron. Hay miedo generalizado, despojo de bienes y propiedades, muerte de civiles, impunidad en los crímenes, razias sociales, incremento de las actividades ilícitas, represión de movimientos sociales, activistas y periodistas.
Más de 21 mil muertos se contabilizan en lo que va de la presente administración: un promedio de 750 al mes, más de 25 homicidios diarios. Guerrero, Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Baja California y Michoacán, son los estados más violentos. Donde se realizan operativos militares se incrementa la tasa de homicidios. Son miles los hechos de violencia en los que las fuerzas armadas se han involucrado, incluidas las recientes masacres de Tlatlaya y Apatzingán. La estrategia de militarización incrementa la violencia y las ejecuciones y hace tolerables ciertas prácticas como las ejecuciones y “levantones”. Permite que la sociedad asuma que los asesinados o secuestrados (por parte de autoridades o grupos criminales) son culpables a priori.
A pesar de la estrategia de medios que se opera desde Los Pinos, todos los días los diarios nacionales dan cuenta de los hechos de violencia: la reacción al Operativo Jalisco desplegado por el gobierno federal que dejo un saldo preliminar de afectaciones en 19 municipios tras 29 bloqueos, cuatro enfrentamientos, 7 muertos, 15 detenidos, 11 bancos y una caja popular incendiados, además de 16 gasolineras incendiadas; la centena de muertos tan sólo en un municipio de Guerrero, Acapulco, en el mes de abril, donde se resiente una ola de violencia; de las cotidianas balaceras que dejan decenas de muertos en la región de la Costa Chica; de los enfrentamientos entre policías comunitarios y Agentes de la Fuerza Estatal; de las lucha intestinas por el control de los cárteles de la droga en diversas entidades el país, a pesar de los operativos militares que se implementan para coparlos, y que han desembocado en casos como el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.
Grave es el hecho de que los grupos criminales se hayan atrevido a desafiar abiertamente al Estado mexicano con acciones como la de este viernes en que uno de los helicópteros que participaban en la Operación Jalisco fue agredido con armas de fuego, incidente que dejó tres militares muertos y 12 heridos -10 soldados y dos policías-. La aeronave, un Cougar matricula 1009, dijo la Defensa Nacional, tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia.
Sólo Tlaxcala y Yucatán, son los estados que se han salvado de la ola de violencia nacional, según datos oficiales. Los hechos violentos, asesinatos y homicidios se han concentrado en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Durango, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero y Veracruz, donde la intervención militar está asociada al aumento de muertes violentas. La guerra que se libra es contra la sociedad en general, el Estado mexicano desarrolla una política de represión preventiva, de la mano del posicionamiento de los negocios de los sectores que representa por la vía de la fuerza militar.
CONTRADICCIONES
Ni entre los funcionarios públicos de primer nivel se ponen de acuerdo sobre los “avances” en contra del crimen organizado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostiene que han avanzado con pasos firmes y sólidos en la recuperación de la tranquilidad de Tamaulipas, mientras que el comisionado Monte Alejandro Rubido afirma que “no se le ha dado vuelta al problema de inseguridad en Tamaulipas”. Dice que esta entidad es una de las más conflictivas del país y la zona más compleja es parte de la frontera, entre Reynosa y Matamoros. Afirma que la violencia en Tamaulipas es responsabilidad de dos nuevos grupos, “Los Ciclones” y “Los Metros”, el primero asentado en Matamoros y el otro en Reynosa. Mientras que el responsable de la política interna sostiene que “existe una gran coordinación que nos permite entregar mejore resultados”, sólo que no los vemos.
Rubido García asegura que han neutralizado 93 de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno federal, y que ya están detrás de los 29 restantes. Señala que han caído capos de la talla de Joaquín “El Chapo” Guzmán; Héctor Beltrán Leyva, el “H”; Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”; Miguel Ángel y Omar Treviño Morales y Servando Gómez, “La Tuta”. Sin embargo reconoce sus limitaciones en cuanto al cártel Nueva Generación, que opera en Jalisco y Michoacán, y que ha dejado a más de una veintena de agentes de seguridad muertos. Es precisamente el tronco donde han surgido las principales organizaciones criminales del país, que están lejos de ser erradicadas, a pesar de las declaraciones de funcionarios de primer nivel.
