El pasado mes de septiembre, siguiendo con el mandato constitucional en su Artículo 74, el Ejecutivo Federal presentó una propuesta de Ley para el Ejercicio Fiscal del año 2023. Este acto, que se realiza año con año, es de gran relevancia para las y los mexicanos porque permite identificar el tipo de relación que se establecerá entre el Estado y sus miembros que lo componen, a partir del trazo de la estrategia por medio de la cual el gobierno buscará recaudar la mayor cantidad de ingresos posibles y la forma en la que se propone distribuir dichos recursos.
El ejercicio de planificación al que se hace mención resulta clave en estos tiempos de transición, en los que se pretende romper con un Estado neoliberal heredado de gobiernos anteriores, que al amparo de un conjunto de postulados neoclásicos privilegiaron el interés privado, por encima del interés público.
Provocando con ello, no solo el desplazamiento del sector público -representante del pueblo- en lo que se refiere a la esfera productiva; también, y más importante, la limitación de su función planificadora al interior del país.
Aun cuando, desde un siglo atrás, quedara de manifiesto ser el escenario idóneo de las crisis económicas en el capitalismo.
El más conocido economista que visibilizó esto fue John Maynard Keynes, al sentar los fundamentos de una economía planificada desde el Estado. Partiendo de la superación de la Ley de Say, y reconociendo que una de las características más sobresalientes del proceso capitalista es la ausencia de un mecanismo de regulación automático que permitiera conservar los niveles de demanda efectiva para el mantenimiento del pleno empleo. Tal y como lo había planteado Carlos Marx, aproximadamente 70 años antes.
Esta evidencia científica, que fue ignorada por los neoliberales mexicanos durante cerca de cuatro décadas, hoy trata de seguir ocultándose por parte de la oposición. Quienes han organizado todo tipo de resistencia en contra de cualquier forma de gasto gubernamental dirigido a activar el proceso de planificación económica de largo plazo, mediante la inversión en empresas productivas del Estado. En la actualidad, los casos de PEMEX y la CFE son los más emblemáticos, al tratarse nada más ni nada menos que de dos sectores estratégicos. De ahí que para el año 2023 se les destinara 678 mil millones de pesos y 439 mil millones de pesos respectivamente.
Entre las críticas más reiteradas en contra de la planeación productiva de estas empresas, destaca el desprestigio hacia los representantes públicos que hoy las dirigen, al tacharlos de corruptos. Como si no hubiera administradores privados con esta característica. La diferencia es que, a los privados, la ley no les demanda un ejercicio de transparencia, porque entre sus funciones no se encuentra la de responder a las necesidades sociales, de forma directa. Pero, de que hay corruptos en sus filas, los hay. Basta con ver el caso más reciente de tres directivos de la empresa Altos Hornos de México, acusados de fraude, por más de 275 millones de pesos en perjuicio del dueño de la siderurgia.
Otro de los temas que han puesto sobre la mesa, de manera poco honesta los opositores, es el del endeudamiento.
Cuyos argumentos en la materia son más débiles, pues lejos reconocer que, las estrategias de refinanciamiento aplicadas por la actual administración han logrado refinanciar un monto acumulado de 78 mil millones de dólares, equivalente a 14% de la deuda total (que es más de 1 billón de pesos); se muestran incapaces de cuestionar los cerca de 3.9 billones de pesos que nuestro país, durante los gobiernos neoliberales, destinó al pago de servicio de la deuda externa.
Por eso, si genuinamente estuvieran interesados en el tema del endeudamiento, lo más sensato es que comenzaran a pronunciarse por otro tipo de política monetaria. Cuestionar ¿Por qué las funciones del Banco Central de México no se incluyen en las discusiones relacionadas con las políticas de bienestar social?, ¿Por qué ésta institución ha dejado de desempeñar una de sus funciones más esenciales: la de financiar los proyectos económicos que el gobierno planee?, ¿Por qué hoy no existe en nuestro país una sincronía entre la política fiscal y la política monetaria?
Y antes de que salgan con el argumento de que el gobierno no puede demandar al Banco Central financiamiento, porque esto impactaría sobre la tasa de interés, habría que explicarles que desde el año 2008 se ha demostrado que es la expansión financiera privada y no el déficit público, lo que ha empujado el nivel de las tasas de interés al alza.
