Por: Estela Garrido
@stelagarrido3_0
A partir del 8 de febrero de este año, entró en vigor la Ley General de Víctimas, misma que fuera “congelada” por la controversia constitucional interpuesta por Felipe Calderón y aceptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en julio de 2012. Posteriormente, el 5 de diciembre, Enrique Peña Nieto desistió formalmente de dicha controversia, lo cual, permitió su promulgación.
Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, manifestó que se harán cambios a la ley recién entrada en vigor. El Congreso de la Unión debe hacerle ajustes para que sea un instrumento funcional, señaló la perredista de la Peña. Agregó que se considerarán las propuestas de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aunque dejando al poder legislativo la última palabra.
De acuerdo con la funcionaria, México requiere un “saneamiento” para reparar el daño que ha ocasionado la violencia, la impunidad y la corrupción en el país, publicó el diario La Vanguardia. Si bien la ley abre un camino para la defensa de derechos humanos en México, al ser este país el primero en el mundo con una norma de este tipo, hasta el momento no se trata de un instrumento con “operatividad”, labor que corresponderá a los legisladores.
Es necesario hacer correcciones y modificaciones a la ley. En primer lugar, es necesario clarificar quiénes son consideradas “víctimas” por esta normatividad, así como las atribuciones que tendrá cada una de las órdenes gubernamentales en cada caso. Hace falta también fijar el límite presupuestal del programa y los criterios de compensaciones. Incluso falta establecer claramente las formas en las que el Estado deberá pagar a los agraviados, obligado a resarcir el daño en caso de violación a los Derechos Humanos.
La Jornada publicó una entrevista con José Luis Soberanes Fernández, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), académico e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en derecho constitucional, quien sostuvo que tal y como estaba planteada, la Ley General de Víctimas, era producto de la irresponsabilidad de los legisladores, a los que les preocupa más “colgarse medallitas”, que la redacción de un instrumento jurídico completo y funcional.
Sin “técnica jurídica”, el resultado es una ley descuidada, sacada al vapor para no quedar mal políticamente ante las denuncias presentadas principalmente por Javier Sicilia, fundador del MPJD. Esta falta de rigor, se reflejará en la imposibilidad de aplicarla, señaló Soberanes.
La ley establece el derecho de las víctimas “a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia y no repetición, entre otras garantías consagradas en la Carta Magna, en los tratados internacionales y demás instrumentos en la materia”. A pesar de haber entrado en vigor hace un par de días, aún no cuenta con un reglamento que especifique su método para alcanzar los objetivos que plantea.
La legislación establece que dentro de 90 días naturales a partir del 8 de febrero, deberá crearse el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctima. El gobierno federal deberá calcular los ingresos necesarios para la creación de esta unidad y para determinar con qué fondos se repararán los daños asentados en la ley. Posteriormente, habrá de conformarse una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Tanto los congresos locales como cualquier autoridad relacionada con la atención a víctimas tendrá que replantear sus normas para que se ajusten con la nueva ley federal.
Los principales activistas de esta ley fueron: María Elena Morera, presidenta de Causa en Común; Brisa Solis, directora de Cencos, Javier Sicilia, Silvano Cantú y Julio Hernández Barros, integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quienes participaron en la redacción de la ley, al igual que el académico Santiago Corcuera, de la Universidad Iberoamericana.
