La peor forma de injusticia es la justicia simulada.
Platón
El derecho a la justicia está reconocido como un derecho humano en los instrumentos internacionales y en la Constitución mexicana. Es una condición indispensable para el ejercicio pleno de otros derechos fundamentales.
En términos sencillos, tener derecho a la justicia significa que cualquier persona debe poder acudir ante una autoridad para resolver un conflicto, defender sus derechos o responder a una acusación. Pero este derecho no se agota en el acceso formal a un tribunal. Implica también que el proceso sea justo, que se escuche a todas las partes, que se respeten las reglas, y que todo se basen en la ley, y no en el poder o el privilegio.
El derecho a la justicia exige condiciones reales de igualdad. Eso implica eliminar barreras económicas, geográficas, lingüísticas, culturales o de género que dificultan o impiden el ejercicio de este derecho. No basta con tener leyes o juzgados abiertos: es necesario garantizar que todos puedan usarlos y entenderlos.
Un juicio justo no es un trámite técnico. Es una garantía de equidad. Permite corregir abusos del poder público, reparar daños y construir confianza. Por eso, el acceso a la justicia es indispensable para que derechos como la salud, el trabajo, la propiedad o la integridad puedan satisfacerse.
Sin embargo, los sistemas judiciales han replicado las desigualdades estructurales de la sociedad. En la práctica, el acceso a la justicia ha estado condicionado por el nivel educativo, la posición social o los recursos económicos. Por eso, garantizar este derecho no es solo una cuestión técnica o administrativa: es una responsabilidad política y constitucional del Estado.
Tener el derecho a la justicia reconocido en papel no basta. Si no existen condiciones reales para ejercerlo, ese derecho no existe. El Estado mexicano, y particularmente el Poder Judicial, tiene la obligación de garantizar que este derecho se cumpla plenamente.
No es la ciudadanía la que debe adaptarse a un sistema complejo y excluyente. Es el sistema de justicia el que debe transformarse para adaptarse a las personas. Solo así podremos hablar de que el derecho a la justicia sea una realidad, no una promesa.
