Por Natalia Antezana
@Natalia3_0
Ir a infografía de Alejandra Alanis
Pueden evitarse muchas muertes de mujeres si el aborto se practicara de manera segura y legal. En las últimas décadas se ha avanzado mucho en materia de salud respecto al tema de la interrupción del embarazo. Sin embargo, aún sigue siendo un riesgo la clandestinidad de dicha práctica, lo cual se debe en su gran mayoría, a las legislaciones que lo prohíben e incluso castigan con años de cárcel, tanto a los médicos que lo practican como a las mujeres que se someten a dicha operación.
Según la OMS, en la segunda edición de “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud”, del año 2012, el 41% de los embarazos son no deseados; se estima que se practican al año 22 millones de abortos de manera insegura, provocando la muerte de al menos 47 mil mujeres y complicaciones en aproximadamente 5 millones.
Cuando el aborto se practica de manera segura, bajo las condiciones óptimas de higiene y con técnicas y fármacos adecuados se vuelve un procedimiento muy sencillo.
Sólo el 16% de los países en “vías de desarrollo” tiene una legislación que permite la interrupción del embarazo. En el caso de los países “desarrollados”, el 80% tiene una legislación que permite el aborto.
En el caso de la ciudad de México, se calculó que el aborto inseguro le costó al sistema sanitario 2.6 millones de dólares, antes de la promulgación de la ley que permite la interrupción del embarazo. El ahorro anual con tratamientos seguros, asciende a 1.7 millones de dólares.
El 40% de las mujeres en el mundo viven en países donde las leyes con respecto a la interrupción del embarazo son muy restrictivas o donde el procedimiento es poco accesible o no se encuentra disponible en el sector salud.
Situación en América Latina
La OMS, al año 2012, estima que 3 millones 700 mil abortos en condiciones de alto riesgo tienen lugar cada año en América Latina y El Caribe.
La tasa de abortos varía entre 34 por cada mil mujeres en Sudamérica, 21 en Centroamérica y 12 en la región del Caribe.
En Cuba el aborto es legal desde el año de 1965, en Puerto Rico desde 1973, en Guyana desde 1995 y en el Distrito Federal desde 2007.
En el caso uruguayo, el senado aprobó en octubre del 2012 la ley que despenaliza el aborto. La norma entró en vigor el día 8 de enero, promulgada por el presidente José Mujica. Sin embargo, existe oposición a dicha medida, tanto de los partidos Colorado y Nacional y la iglesia.
En Argentina, el tema aún es un tabú en la sociedad, en especial en sectores de la iglesia católica y partidos conservadores. El aborto es considerado un delito penal, con excepción en los casos de violaciones, de riesgo de vida de la mujer y en caso de personas con discapacidades o deficiencias, en los cuales la interrupción del embarazo no es punible.
En los países de Paraguay y Venezuela, excepto en casos donde peligra la vida o salud de la mujer, el aborto es un delito con castigos de prisión tanto para médicos que lo practiquen, como para mujeres que se sometan al tratamiento.
Un comunicado de “14 millones”, (iniciativa ciudadana que unifica fuerzas de personas y organizaciones “Provida” del país ecuatoriano), solicitan que se veten todos los artículos que despenalizan el aborto y que se incluya la limitación de esa práctica en el proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal. En Ecuador, sólo se permite la interrupción del embarazo en caso de peligrar la vida o salud de la mujer.
El Código Penal en Bolivia, sanciona con cárcel de dos a seis años a quien practique el aborto sin consentimiento de la mujer o a una menor de 16 años, y de uno a tres años si existiese la autorización. Sin embargo, las leyes bolivianas permiten que el embarazo sea interrumpido en casos de violación, rapto no seguido de matrimonio, incesto o cuando la vida de la mujer está en peligro, aunque en todos los casos hace falta una autorización judicial.
En Colombia no se castigan los abortos en el caso de que el embarazo sea por violación, que el feto presente malformaciones o que la vida de la embarazada o del feto corran peligro.
En Brasil está tipificado como crimen por el código penal y se permite sólo en casos de violación, riesgo para la madre y, desde 2012, en el caso de un feto sin cerebro.
En Perú , a partir de datos de registros hospitalarios, se estima que las mujeres peruanas son las que más probabilidades tienen de abortar: 56 para cada mil mujeres entre 15 y 49 años de edad. Asimismo, ocupa el cuarto lugar como causa de muerte materna (7%). Sin embargo en la Ley de Salud existe una norma legal que obliga al personal médico a denunciar los casos en que existan indicios de aborto.
Esta disposición quiebra el principio de confidencialidad médico-paciente. El aborto está penalizado a menos que la mujer se encuentre en riesgo y el castigo por la interrupción del embarazo puede ser hasta de 2 años en el caso de la paciente y de uno a seis años en el caso del médico que realice el procedimiento.
Uno de los países más restrictivos en esta materia es Chile, en el cual no se permite el aborto en ningún caso. El Senado ha rechazado tres proyectos de ley respecto al aborto terapéutico durante el año 2012.
A pesar de la legislación, los niveles de abortos en el país son los más elevados de la región, con una tasa de entre 45 y 50 por cada mil mujeres: más de tres abortos por cada 10 embarazos.
En Suriman, también está penado el aborto en cualquier circunstancia, así como en El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
