Valentina Pérez Botero / @vpbotero3_0
La edad le ha llenado las manos de pecas. Graciela Galván cumplirá 80 años de vida, 30 de participar en la delegación mexicana de Amnistía Internacional (AI) y menos de 10 de haber escuchado el evento que detonó una de sus luchas: la historia de Percy Schmeiser contra Monsanto.
“Simplemente se trata de un violador de patentes que sabe cómo contar una buena historia” dice Monsanto en su página de internet sobre Percy, un canadiense de 82 años calificado por la transnacional como un violador de patentes de propiedad intelectual.
Para otras personas, como Graciela, Percy es una víctima de la intervención de Monsanto en las políticas públicas de los países donde se instala.
Este campesino es el primer cultivador, de 120 a lo largo de 12 años, que la empresa de agrobiotecnología demandó penalmente por el uso de sus patentes sin pagar regalías; Percy, por su lado, argumenta que desconocía que las semillas de canola que él cultivaba en su propiedad pertenecieron a Monsanto, pues nadie le informó de ello.
“La Organización Mundial de Comercio (OMC) aceptó que las semillas fueran propiedad intelectual y los países que pertenecen a ella se vieron obligados a defender esas semillas en su territorio”, señaló la luchadora social.
A raíz de las denuncias, Percy entró en un proceso judicial contra Monsanto. Perdió el juicio y apeló, pero volvió a perder. Así sucedió una ocasión más, hasta juntar tres derrotas seguidas.
Actualmente, el canadiense da conferencias alrededor del mundo sobre su caso, como un ejemplo de los abusos de Monsanto.
El caso de Schmeiser y de otros similares en Indiana, Estados Unidos, llevaron a que Graciela Galván a realizar una solicitud para que esta queja pudiera ser atendida por Amnistía Internacional, sin embargo, no ha tenido éxito.
La importancia de lo que se defendía era doble: la tierra –que normalmente era la moneda de cambio por las millonarias sumas que pedía Monsanto en compensación– y las semillas en sí: la acción de cultivar le permitió a la humanidad establecerse, pasar de ser cazadores-recolectores nómadas a crear agrupaciones sedentarias. Migrar dejó de ser una condición para sobrevivir.
Graciela mantiene que la propiedad intelectual de las semillas viola el artículo 1 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que establece que “en ningún caso, los pueblos pueden ser privados de sus propios medios de subsistencia” y desampara a los campesinos para defender su derecho humano a no ser arbitrariamente desposeído de su propiedad, privada o colectiva.
Leticia, su hija, recuerda el cabildeo cuando estaba por ser inaugurada la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para que la delegación mexicana atrajera la solicitud para la reunión bianual de AI.
Monsanto, y las otras cinco empresas de la agrobiotecnología que dominan las patentes y el negocio, han solicitado, durante los últimos dos años, la siembra comercial de maíz transgénico en México. Su visión del campo y la actividad agrícola omite la forma de vida campesina tradicional, pues ve a los alimentos como un negocio, no como un derecho humano.
“La agricultura, como cualquier otro negocio, es competitiva y los agricultores necesitan un campo de juego equitativo” establece Monsanto en su página de internet, por lo que el cumplimiento cabal del respeto a la patente –a través de regalías– es, para ellos, fundamental para continuar sus investigaciones, que cuestan más de dos millones de dólares diarios en desarrollo, según la empresa.
Amnistía Internacional aún no se ha pronunciado al respecto. Su campo de acción todavía no incluye derechos sociales, económicos ni culturales, por lo que la última vez que se discutió el tema resolvieron que hacía falta mayor investigación.
El año pasado la organización internacional contempló incluir la responsabilidad corporativa dentro de sus materias a tratar y en ese rubro, asegura AI México, se podrían incluir casos como los de Percy. Sin embargo, el tema no se tiene contemplado en la próxima reunión, que sucederá en el segundo semestre del año.
Graciela insiste en la inocencia de Percy y va más allá: su caso ejemplifica las diversas estrategias que Monsanto emplea para entrar a un país y subyugar a los pequeños productores. Advirtió que la contaminación genética, que se da por el intercambio entre organismos genéticamente modificados y alimentos nativos, puede ser otra estrategia.
Dicha contaminación en maíces criollos mexicanos fue detectada en México en 2001 por el investigador Ignacio Chapela, quien descubrió que el maíz nacional ya contenía genes transgénicos.
Mientras Percy da su lucha alrededor del mundo, Graciela, a sus 80 años, la da en su país: la mujer que quiere doblar a Monsanto y probar que el maíz no es de su propiedad.
