En estos 4 años hemos visto a los conservadores acudir a las calles a manifestarse contra el gobierno, en particular en torno a la seguridad pública. Siempre parecen primerizos, aunque no lo sean del todo. Desde 1997 lo han hecho y desde entonces son los mismos que desataron la debacle social de la violencia desmedida. Lo han hecho con soberbia y desprecio por la dignidad de las personas, lucrando con las víctimas. Hoy, desesperados porque ya no mandan, muestran su cara más cínica: la escena montada en el Zócalo el 2 de octubre por una de sus muy conspicuas representantes.
Ensayo de orquesta
En 2004, bajo el lema de “Rescatemos México”, una docena de organizaciones, a las que se le sumaron muchas más -en medios se habló de hasta 80, convocó a una marcha contra la inseguridad en la Ciudad de México. Todo el aparato mediático corporativo se unió al llamado, desde los analistas políticos hasta los conductores de programas de chismes del espectáculo. La marcha se realizó el 27 de junio con una enorme presencia y fue replicada en muchas ciudades del país. La gran cantidad de gente vestida de blanco y parcialmente en silencio le dio una reverberación política y social innegable.
En ese contexto, los mexicanos fuimos testigos de un hecho inédito: el Presidente de la República, Vicente Fox, apareció en televisión para expresar que se unía al reclamo “contra de la inseguridad”. Insólito porque el propio Presidente es responsable de la situación de violencia e inseguridad en el país. Miles de personas de buena voluntad y con razones de sobra acompañaron lo que acabó siendo la vuelta de tuerca de una estrategia basada en el chantaje y la sobreexposición mediática de la violencia, particularmente con relación al secuestro en el entonces Distrito Federal.
A llegar a la Jefatura de Gobierno, Cuauhtémoc Cárdenas enfrentó una ola de secuestros de alto impacto que recibían una cobertura mediática apabullante. A punto de iniciar su gestión en noviembre de 1997 sectores conservadores organizaron una marcha con personajes como Felipe Calderón, Eduardo Bours y Santiago Creel a la cabeza, que le demandaban al gobierno garantías de seguridad. En menos de tres años, Cárdenas sólo pudo contener el crecimiento delictivo, que le tocó enfrentar a Andrés Manuel López Obrador al asumir la Jefatura de Gobierno en el año 2000.
Aunque el fenómeno del secuestro no era privativo de esta entidad, todo el foco se centró en la capital. Personajes visibles y cobertura mediática permanente lograron crear una percepción de inseguridad y violencia que parecía exclusiva de ella. Más que para sus habitantes, poca relevancia tuvo en las consignas de ese día la gravedad de la violencia en lugares como Tijuana, tierra caliente de Michoacán o Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los convocantes a la protesta, lo hicieron contra el primer gobierno que “no” los representa y sólo hasta que un problema les afectó directa y, en el caso del secuestro, casi exclusivamente.
Si tomamos en cuenta el número de homicidios y su evolución durante el gobierno de Vicente Fox, lo que señalan las cifras a nivel nacional es una tendencia clara y consistente a la baja. Diversos estudios demuestran que, si bien existían zonas del país con violencia creciente y delitos de alto impacto, esta situación no era generalizada. En el caso del secuestro, a finales del siglo se concentraba en Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, estado de México, y en zonas específicas de otras cuatro entidades. Sin embargo, en cifras totales, iba a la baja, como asienta Mario Martínez Salgado (2012), “…la tasa de averiguaciones previas experimenta un descenso, inicialmente vigoroso, entre 1997 y 2005, seguido de un repunte considerable en 2006 y un nuevo descenso en 2007, antes de comenzar el ascenso con el que cierra en 2010”. A la fecha de la marcha, esto significa más de siete años en descenso. Esta tendencia se corrobora con el análisis que realiza el Dr. Juan Pablo Aguirre Quezada (2014) en un arco de tiempo mayor que va del 2000 al 2014, en el cual asienta: “el número de secuestros en México tuvo dos variaciones a destacar: por una parte se aprecia un descenso desde el año 2000 (591 casos) a 2005 (278); y si bien en 2006 se incrementó a 733 plagios registrados, disminuyó en 2007 a 438, cifra anual mayor que las registradas de 2002 a 2005”.
En resumen, la convocatoria no parecía tener como fundamento una verdadera crisis de seguridad en la Ciudad de México, sino una estrategia política de desgaste contra el gobierno capitalino, y la construcción de una política de seguridad desastrosa. Recordemos que mientras Fox inauguró su sexenio liberando al Chapo Guzmán, en la Ciudad de México fueron desarticuladas las principales bandas dedicadas al secuestro y se registraron números descendentes en prácticamente todos los delitos de alto impacto. El secuestro, como todos los delitos, se dispersó en el país y sus cifras subieron rápidamente; llegó a 1,700 casos en 2013.
Del cúmulo de organizaciones que marcharon aquel 27 de junio, la mayoría con reclamos de justicia legítimos, sólo un puñado fue recibido por el Presidente días después, aglutinados en torno a un grupo de la ultraderecha mexicana, particularmente del Yunque.
De acuerdo con las crónicas de La Jornada del día siguiente, el contingente más visible estaba dirigido por líderes de organismos empresariales y asociaciones afines, como Lorenzo Servitje, del Grupo Bimbo o María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia -ahora Causa en Común; Fernando Shütte, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal; los yunquistas Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez; panistas como José Luis Luege Tamargo, Manuel Gómez Morín, Margarita Saldaña y Mariana Gómez del Campo. Con estas presencias no sorprende la consigna de imponer la pena de muerte a secuestradores y el talante violento de los marchistas. Tampoco, que hayan impedido encabezar la marcha a las madres de “Las muertas de Juárez”; no era su lucha. La información periodística reporta los insultos y el intento de linchamiento por parte de estas pacíficas personas a un pequeño grupo que se manifestó en contra del “neoliberalismo”. Como lo hemos visto en varias ocasiones, cuando los sectores privilegiados de este país salen a las calles, recurren a la violencia ante cualquier interpelación.
Daño colateral
En el siguiente sexenio, ese pequeño grupo de personas y organizaciones cobraron enorme relevancia e influencia política en la Presidencia y la Secretaría de Seguridad Pública. Sirvieron de promotores y actores de una serie de reformas y acciones en materia de seguridad. A ellos se le sumaron académicos y “analistas” de los medios de comunicación corporativos alineados al poder en turno, económico y político. Se consolidó la autonombrada Sociedad Civil, “apartidista”, mediante organizaciones y personas selectas que actuaron como brazo legitimador de una política que al poco tiempo mostraría su verdadera cara. Un grupo que gozó de puestos, espacios mediáticos, fondos ilimitados para sus organismos asociados, como consultoras, observatorios y centros de “análisis” y de “investigación”; conferencias y simposios, viajes, becas y toda clase de privilegios y prebendas. Un par de figuras comenzaron a destacar públicamente, Maria Elena Morera e Isabel Miranda de Wallace (Isabel Torres Romero o Isabel Miranda Nieto, según la identidad que le convenga), desde el “activismo” ligado al PAN y, desde la academia y los medios, Denise Dresser. Alejandro Martí, víctima del secuestro de su hijo, fundó una organización, MéxicoSOS, aunque ha mantenido un bajo perfil.
En 2008, prácticamente las mismas organizaciones convocan a una nueva marcha, bajo la consigna “Iluminemos México”, menos numerosa que la anterior, pero con el mismo apoyo mediático, empresarial y del ejecutivo federal. De nuevo, como había hecho Vicente Fox, Calderón arropó e hizo “suya” la demanda. Se trató de crear respaldo social a una iniciativa que se venía cocinando en los círculos del poder con asesoría de representantes del Partido Republicano y el Departamento de Justicia de EEUU: el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), firmado el 21 de agosto por organizaciones civiles selectas y autoridades de todos los niveles.
En 2009, el Acuerdo derivaría en la Nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en modificaciones de leyes, reglamentos y ordenamientos de toda índole relativos a la seguridad pública, la administración y la procuración de justicia. Ahora sí, tendríamos policías profesionales y respetables en los tres niveles de gobierno, con la participación activa de la sociedad civil, que serían la punta de lanza para acabar con la delincuencia organizada y recuperar la paz y la tranquilidad. Iniciativa Mérida de por medio, hubo dinero a manos llenas para colmar de los “juguetes” más caros, y con frecuencia absurdos, al presidente y a gobernadores y alcaldes, junto con empresarios, consultores, expertos, becarios y todo tipo de afanadores y oportunistas que aplaudieron las iniciativas.
Recordemos, también, que dos años antes, en mayo de 2007, Calderón publicó un decreto por el que creó el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea, denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, bajo las órdenes directas del Presidente de la República y con dependencia técnica, operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional. Su “misión” es proporcionar apoyo a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, en tareas de restauración del orden y seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada o en contra de actos que atenten contra la seguridad de la nación. Tampoco se aireó públicamente la iniciativa de Ley que pretendía crear la figura denominada “declaración de existencia de una afectación a la seguridad interior”, con la que se justificaba la participación de las fuerzas armadas y otras instancias encargadas del combate al crimen sin pasar por el trámite jurídico de declarar la suspensión de garantías. Es decir, Felipe Calderón creó su propia Guardia Personal, militar totalmente, y pretendió imponer un estado de excepción sin pasar por la Constitución ni las leyes. Lo hizo sin discusión pública alguna y sin que ninguna organización, académico o analista respingara.
Al contrario, al tiempo que la violación de DDHH se hacía cotidiana y con una brutalidad creciente, la comentocracia mediática, la Sociedad Civil organizada y la academia disfrutaban del entramado de prebendas y privilegios que el nuevo sistema les otorgaba. Por ejemplo, Isabel Miranda recibió de Calderón el Premio Nacional de Derechos Humanos 2010 y el hijo de Maria Elena Morera colaboraba con García Luna; en su organización, Causa en Común, trabajaba José Antonio Polo, excolaborador, también, de Don Genaro. Eso sí, desde los gabinetes han analizado profusamente a las víctimas, a la violencia y a las policías y les han vendido una y otra vez las mismas recetas, recomendaciones, cursos y asesorías. Nunca se había estudiado tanto a las víctimas del delito y hecho tan poco por evitarlas.
Requiem
Una figura paradigmática, en esto de protestar usando causas, es Eugenia Denise Dresser Guerra, politóloga del sector académico empresarial, becaria Fullbright y Rockeffeler, así como de la NED, Fundación Nacional para la Democracia de EEUU, organismo que desde 1983 retoma algunas actividades que antes hacía la CIA directamente y que lo mismo financia académicos que golpes de Estado. Además de amiga de Margarita Zavala, la Dra Dresser fue una abierta propagandista de la política de seguridad del Presidente y de su Guerra contra las drogas, en particular de la Iniciativa Mérida, pactada en 2008, y que le permitió a EEUU instalar cinco centros de inteligencia de alto nivel, esos sí, para espiar a gusto.
En el ambiente ya caldeado de las entonces próximas elecciones presidenciales en EEUU, en el Congreso surgen voces que cuestionan los objetivos de la Iniciativa y se plantea la posibilidad de reducir los fondos comprometidos. Sus promotores, aquí y allá, operaron para que se presentara la Dra. Dresser Guerra ante el Subcomité para el Delito y las Drogas del Senado a rendir su testimonio sobre los “plausibles” esfuerzos contra el narcotráfico de quien llamó “hombre de acción”. Testimonio que no fue más que una defensa grandilocuente e impostada de la Guerra contra las drogas, que inició con una canción de amor de Bruce Springsteen, pasó a la distopia de George Orwell y de ahí a la serie de televisión The Wire, para concluir, casi al llanto -imagino-, con la exigencia de “más recursos no menos”, “para que las personas como yo podamos sentirnos en casa nuevamente”. Algunos en la audiencia debieron pasar de la risita discreta, al imaginar a Calderón como Rambo, al suspiro condescendiente con su cierre a lo Springsteen. Melodramático pero cool.
No sabemos qué efectos pudo haber tenido el espectáculo entre su audiencia, pero lo cierto es que los recursos no se redujeron y Calderón fortaleció su estrategia. A pesar de la evidencia de la multiplicación de la violencia a niveles nunca vistos en cantidad, pero sobre todo en salvajismo, Denise Dresser siguió en su defensa hasta el final del sexenio y, por supuesto, sin rendir cuentas; es La Sociedad Civil. Es, junto con “expertos” como Alejandro Hope, asesor de Calderón y hoy “analista en seguridad”, corresponsable de la multiplicación de víctimas de crímenes atroces, de homicidios y desapariciones sin cuenta. Quien convocó a la guerra, clamó por intensificarla ante un gobierno extranjero y se sentó a “analizar” sus consecuencias, hoy se opone, con igual ímpetú, a la pacificación del país. Les duele que el secuestro se haya reducido en 80% sin su consejo, sin sus exigencias, sin sus marchas.
Es brutal, por ello, que se haya presentado a “conmemorar” el 2 de octubre “acompañando” a madres buscadoras, víctimas directas de la debacle que ella propició. La imagen de la expulsión de Denise Dresser del Zócalo no puede ser más elocuente: el privilegio montado en los hombros de sus propias víctimas, silenciadas e invisibilizadas una vez más, enfrentado a la dignidad de un pueblo que le grita: nunca más.
Referencias
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Juan Pablo Aguirre Quezada. El secuestro en México. Situación en la última década. Cuadernos de Investigación. Instituto Belisario Domínguez. Senado de la República. http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/1959/CI-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Mario Martínez Salgado. El secuestro en México. Niveles, tendencias y distribución espacial entre 1997-2010 en Panorama Estadístico de la Violencia en México. Colmex, CIES. 2012. https://www.academia.edu/2136890/El_secuestro_en_M%C3%A9xico_Niveles_tendencias_y_distribuci%C3%B3n_espacial_1997_2010
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