(04 de octubre, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- A punto que se inicien los trabajos del nuevo mecanismo de seguimiento especial, hay una certeza que produce incertidumbre y es que aún no hay una explicación satisfactoria sobre el caso Iguala; hacen faltan piezas clave en el rompecabezas de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero. Se acumulan días, semanas, meses, años. Poco más de dos desde que se perpetró la barbarie; respuestas insuficientes, obstrucción de la justicia, remoción de funcionarios -como estrategia de control de daños- y una “verdad histórica” insipiente, son los matices de una indagación que habla de un Estado mexicano que se muestra incapaz de procurar justicia.
Recientemente, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), dio a conocer que un total de 130 personas, están sujetas a proceso por el caso; hasta septiembre del año pasado, sólo se había hecho pública la identidad de 78 detenidos, de los entonces 111 detenidos, los cuales estaban integrados en su mayoría por miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala y de Cocula; además del ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, y María de Los Ángeles Pineda, su esposa, a quienes se les acusa del secuestro y presunto homicidio de los normalistas, como se estipula en la “verdad histórica”. Cabe mencionar que, aunque hay pruebas que señalan la participación de policías estatales, federales y agentes militares, ninguno de los detenidos corresponde a éstas instancias.
Para abril del año en curso, la cifra de detenidos ascendió a 120, de los cuales 62 presentaron denuncias por presunta tortura y por aprehensión arbitraria, según informó Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mientras que, entre los 130 detenidos al día de hoy, al menos 60 están buscando abandonar la prisión alegando tortura o detenciones arbitrarias; entre los que destacan José Luis Abarca y su esposa, María de Los Ángeles Pineda y el líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado.
Para el diputado de Movimiento Ciudadano y miembro de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, Víctor Sánchez Orozco, quién platicó sobre el tema con Revolución TRESPUNTOCERO refirió que en su mayoría, no hay una responsabilidad que los ligue directamente.
“Los Abarca están más ligados a situaciones como corrupción y enriquecimiento ilícito, esto responde más a que el gobierno intenta buscar chivos expiatorios; salvo el caso de Sidronio, los procesados por el caso son sujetos de un bajo orden criminal, que siguen procesos de otra índole que no los vincula directamente con los 43 estudiantes” sentenció.
Señaló que hay todo un ramillete de evidencias y testimonios que falta revisar, “aún no se han llamado a declarar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y tampoco se ha informado si los citarán a declarar al general, a los elementos de la policía federal. Lo que demuestra es que hay una serie de omisiones graves en el caso”, detalló.
A pesar de esto, indicó que espera que las nuevas líneas de investigación que proporcionó el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en sus informes, así como la implementación de herramientas tecnológicas puedan aportar datos para la investigación.
“El trabajo del grupo de expertos movió un poco la estructura, presionó al gobierno y dio nuevas líneas de investigación, ojalá se puedan recabar mejores datos, mejores imágenes, de mejor calidad, que sirvan para desmentir la verdad histórica, que más que respuestas, genera preguntas, da más dudas, que certidumbre” puntualizó Ortiz.
Cabe mencionar que desde el pasado 18 de agosto los padres de los 43 normalistas rompieron el diálogo con la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que se separara abruptamente de su cargo, César Alejandro Chávez Flores, titular de la Visitaduría General, y quien llevaba a cabo la investigación en contra de Tomás Zerón de Lucio, por su presunta responsabilidad por la siembra de evidencia en el río San Juan, misma que había sido expuesta por el GIEI, desde abril pasado.
El 14 de septiembre, se produce la renuncia de Tomás Zerón de Lucio de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), sin embargo, más tarde se le da una asignación por parte de la presidencia como secretario técnico de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS). En el boletín No.422/16 de la Segob, se estipula que esta asignación es un reconocimiento hacia el trabajo de Zerón.
“El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designó hoy a Tomás Zerón de Lucio como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. El nombramiento de Zerón de Lucio es un reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores” refiere el boletín.
Lo anterior provocó el encono de los padres, quienes reafirmaron su postura de no reanudar el diálogo con el personal de la PGR hasta que hubiese una resolución de la investigación hacia Zerón de Lucio, tal como lo documentó en su momento Revolución TRESPUNTOCERO.
“Es indignante, que después de que tiene una investigación abierta, todavía lo premien en un cargo más alto, es una burla para nosotros, pero no sólo una burla para los 43 padres de familia, es una burla todos los mexicanos”, expresó entonces Mario César González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González.
En tanto, la expectativa se hacía más grande alrededor de la eficacia del nuevo mecanismo de seguimiento especial que implementará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), siguiendo las recomendaciones del GIEI.
Fue el pasado 9 de septiembre, cuando finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la CIDH sobre los costos operativos del mecanismo de seguimiento, que implementará nuevas tecnologías, además de seguir nuevas líneas de investigación que, han señalado, darían 80 posibles lugares en los que podrían aparecer los normalistas, en un rango que comprende Iguala, Cocula y Huitzuco.
Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres, comentó a Revolución TRESPUNTOCERO su perspectiva acerca del nuevo mecanismo de seguimiento. “Para nosotros la presencia del mecanismo especial de seguimiento va constituir un contrapeso que coadyuve a que el gobierno mexicano, pueda retomar con seriedad las líneas de investigación que recomendó el GIEI; solamente en las líneas que generó el GIEI, generan una perspectiva a los padres de esclarecimiento, las otras desde nuestro punto de vista, el basurero de Cocula, no ofrece esa posibilidad y yo creo que ahí es dónde está el trabajo clave del mecanismo especial de seguimiento”, refirió.
Aseveró que desde abril hasta julio, el gobierno no movió ni un dedo para la implementación del mecanismo, y que fueron los padres los que tuvieron que tener la iniciativa para implementarlo.
“Una vez que se concretó en Washington, hubo reticencia por parte del gobierno, el gobierno ha estado poniendo obstáculos para el nombramiento de las personas que conformarán el mecanismo, sobre todo, nos interesaba que algunas personas del GIEI integraran éste, era importante que al menos uno de ellos estuviera porque eso permitiría avanzar” recalcó.
Entre las recomendaciones del GIEI destacan la unificación de la investigación, para asegurar que haya un adecuado acercamiento al proceso y evitar el riesgo de la pérdida de evidencia; investigar de manera adecuada las violaciones de derechos humanos y delitos que se presentaron en el caso como los homicidios con disparos a quemarropa, la tortura, y las circunstancias de la muerte en el caso de Julio César Mondragón Fontes, además del encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad; señalar cómo línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión en contra los normalistas el móvil del traslado de estupefacientes; determinar otras responsabilidades, así como la actuación de todos los cuerpos de seguridad que estuvieron presentes; capturar a los presuntos responsables de mayor nivel como Felipe Flores Velásquez, secretario de seguridad pública de Iguala en el momento de los hechos; examinar otros lugares compatibles con restos cremados, investigar la existencia y posible uso de hornos de cremación en entidades públicas y privadas en los municipios de Iguala y Cocula, u otros; incorporar a la investigación fotografías satelitales y tecnología de búsquedas. Reiterar la solicitud de contar con una serie más amplia y de mejor calidad de las imágenes satelitales del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y de otras instituciones.
En cambio, hay quienes apuntan, a que la investigación debe verificar hipótesis como la que plantean los periodistas Francisco Cruz Jiménez, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, en su libro “La Guerra que nos ocultan”, en la que la situación del Estado de Guerrero y otras zonas de conflicto no responde sólo a la explicación simplista de las disputas entre el narcotráfico y el gobierno, sino que apunta a un contubernio entre crimen organizado, compañías mineras y los diferentes estratos del gobierno.
Al respecto, el politólogo, historiador y periodista, Claudio Albertani, explicó a Revolución TRESPUNTOCERO, que esa hipótesis también fue planteada en el libro “La noche de Iguala y el despertar de México”, que publicó en 2015 en colaboración con Manuel Aguilar Mora.
“En el libro que hicimos aquí, varios profesores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, proponemos una hipótesis, que se tenía que verificar hace un año, cuando hicimos el libro, de que hay algún tipo de involucramiento de las compañías mineras en el crimen, lo que hay es un intento de despoblar la región, todo lo que están haciendo es para encubrir el caso, nos da más bases para creer en ello. En el caso de esta región, la población consciente y revoltosa como lo son los estudiantes de las normales rurales, no conviene al gobierno, ni a las mineras, ni al crimen organizado, entonces hay que eliminarlos, por eso todo lo que hace el estado mexicano, está encaminado a encubrir, esa situación, y nos es muy sospechoso que poca gente lo diga” añadió.
Explicó que de lo que se trata es de un caso de acumulación por despojo, en el cual, las empresas condicionan su inversión a cambio de mantener el orden unipolar de las cosas, es decir, se establecen generalmente en lugares rurales en dónde se concentra una gran riqueza natural, apropiándose de los recursos y ofreciendo trabajos con salarios miserables, hasta que imponen su propio orden, entonces, los habitantes de esas zonas sufren paulatinamente un despojo del aire, de la tierra, del agua y de su vida.
Hizo énfasis en que en todas las partes del mundo en donde se concentra la minería de oro, hay conflictos, “parece que nadie a puesto atención de que, en esta región, se ha extraído más oro en 20 años, que en 200 años de dominación española, y desde que están Gold Corp (En Carrizalillo) y Torrence Gold (En Cocula), ha habido conflictos”. Aseveró que la noche de iguala es como la noche de Tlatelolco, “aún no se sabe cuántos murieron en Tlatelolco, pero se sabe que murieron, lo que se sabe es que fue una operación organizada al más alto nivel. De Iguala se sabe lo mismo, el nombre de Peña Nieto va quedar manchado para siempre, es un crimen innombrable que realizó primero y encubrió después”, enunció.
El 12 de septiembre la CIDH, anunció el inicio de la fase de implementación del nuevo mecanismo de seguimiento especial. Se espera que los expertos de la CIDH lleguen durante la primera quincena de octubre; por su parte los padres han referido que esperan se haga particular énfasis en la búsqueda en Huitzuco, debido a que es un nuevo punto señalado por el GIEI.
A dos años de la noche de Iguala, resulta fundamental el papel de las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, así como de todos los miembros que integran a la sociedad mexicana para exigir justicia en este caso que, sigue siendo herida abierta para el todo país.
