En 2006 se impuso un presidente ilegítimo mediante el fraude, al que las autoridades electorales le otorgaron legalidad. Se dice con frecuencia que Felipe Calderón inició su llamada guerra contra las drogas para legitimarse. Considero que eso jamás le interesó; para él y la oligarquía que lo respaldó, la legitimidad era otro árbol que da moras. En realidad, vendió la seguridad de los mexicanos a cambio del reconocimiento como Presidente por parte de los Estados Unidos. El candidato que iba a ser el “Presidente del empleo”, se olvidó de generar fuentes de trabajo y su “empleo” fue el empleo indiscriminado de la violencia. A la par, creó un enorme aparato burocrático con la presencia estelar de los autonombrados representantes de la sociedad civil. El siguiente gobierno no cambió este modelo, mientras la inseguridad y la violencia siguieron en aumento con un costo humano y social inmenso.
Las elecciones de 2018 marcaron un parteaguas en la ruta institucional en materia de seguridad y justicia, como en toda la vida pública.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que se había opuesto a que las fuerzas armadas realicen funciones de seguridad sin contar con el sustento legal adecuado, propuso la creación de la Guardia Nacional (GN) como respuesta operacional de su gobierno ante el grave problema de la inseguridad, con una actuación regulada y enmarcada dentro de parámetros policiales y con respeto a los Derechos Humanos. Ya antes había expresado su intención, habida cuenta que todo el aparato existente no sólo no cumplía su responsabilidad, sino que era gran parte del problema. Intentar partir de un esperpento para reconstruir uno nuevo era apostar al fracaso y el país no podía seguir manteniendo niveles de violencia crecientes.
La propuesta avanza y en mayo de 2019 se aprueba en el Senado, por unanimidad de todos los partidos, la Ley de la Guardia Nacional, que la define como “una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría” (SSPC), cuyo objeto “es realizar la función de seguridad pública a cargo de la Federación y […] colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios”. Establece cuatro fines y los medios para cumplirlos, entre los que destaco el tercero: “Investigar la comisión de delitos, bajo la conducción y mando del Ministerio Público competente en el ejercicio de esta función”. Queda claro que la GN tiene carácter civil con formación militar y policial, pero que se atiene a lo que cualquier otra policía preventiva del país. La diferencia está en que su disciplina y su control operativo es de orden militar, bajo la conducción de la Sedena.
Un aspecto muy importante es que cualquier delito que sus integrantes cometan en el ejercicio de sus funciones es sancionado por las autoridades civiles. Únicamente las faltas disciplinarias son atendidas en el ámbito militar. Es decir, el fuero miltar es una responsabilidad ante el cuerpo castrense, nunca un blindaje de impunidad.
Hay que recordar, también, que las fuerzas armadas han sido responsables, durante décadas, del Plan DNIII. Son millones de personas las que han recibido de ellas apoyos vitales en todos los desastres y catástrofes que ha sufrido el país. Todos sus crímenes deben ser castigados y garantizarse su reparación y no repetición. Pero reconozcamos que no son sólo eso, y que hoy de lo que se trata es de que sigan teniendo los principios, el carácter y el honor, que conlleva ese Plan, en su actuación como policías federales.
A poco más de tres años de su creación y con un respaldo social innegable, la discusión pública sobre el tema de la seguridad se ha centrado en el carácter, civil o militar, de la Guardia Nacional, pero no se ha abordado la Estrategia Nacional puesta en marcha en el país desde el primer día de la actual administración y de la que aquélla es sólo una parte operativa. Al revisar el Plan Nacional de Paz y Justicia 2018-2024, documento base de esta nueva estrategia, destaca una formulación radicalmente distinta, que pone énfasis en la construcción de la paz, atendiendo las causas profundas de las violencias, en un esfuerzo que involucra a todos los niveles de gobierno y el conjunto de la sociedad, desde el día a día. Estos planteamientos quedaron plasmados en la Estrategia Nacional a cargo de la SSPC, con los siguientes objetivos generales: 1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; 2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar; 3. Pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; 4. Regeneración ética de la sociedad; 5. Reformular el combate a las drogas; 6. Emprender la construcción de la paz; 7.Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios; y 8. Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Paz.
Es decir, la política de Estado ya no sólo se limita a “fortalecer” o “profesionalizar” policías con recursos crecientes, sino a un conjunto de acciones transversales que involucran a todo el aparato gubernamental, con un enfoque que recupera como centro de atención las causas sociales de las violencias y no sólo sus efectos. Ya no se trata de fortalecer la acción represiva del Estado, sino sus capacidades para construir un ambiente de mejoría social, económica y política entre los ciudadanos, incluyendo programas para el apoyo al empleo, la salud, la educación y la cultura, tales como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, por ejemplo. Considera además el combate a la corrupción y la reformulación del enfoque de atención a las drogas desde una perspectiva no punitiva sino de salud. Se sustituye la fuerza por la inteligencia policial y social, así como la tecnología y el uso de herramientas legales, como la extinción de dominio de bienes y recursos confiscados a la delincuencia, para destinarlos a infraestructura, equipamiento y acciones en materia de salud y bienestar.
En el desarrollo del Plan de Paz y su estrategia participan dependencias y entidades de la administración pública que antes no se consideraban en el entramado de acciones en materia de seguridad, como las secretarías de Bienestar y Cultura, Petróleos Mexicanos, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y los institutos Nacional de las Mujeres y el de Economía Social y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre muchas otras.
Es claro que se trata de un modelo de intervención pública de amplio espectro, cuyo análisis no puede limitarse a un maniqueísmo ramplón, ni centrarse en el carácter de uno de sus instrumentos. La Guardia Nacional no es el centro de la estrategia, es el recurso operativo para solventar de manera inmediata la necesidad de todos de contar con seguridad y tranquilidad en nuestra vidas. Bajo los estándares y modelos que dominaron la política de gobierno de los últimos treinta años, que sigue pregonando la oposición, necesitaríamos otros treinta para formar e integrar una policía nacional como la que el país requiere de manera urgente. Hoy la GN cuenta con casi 114 mil efectivos, debidamente capacitados y con un entrenamiento intensivo como policía de proximidad y un comportamiento intachable. Las excepciones han sido sancionadas, todas.
El día a día en la recuperación de la paz
Más allá del discurso, lo que observamos en el nuevo enfoque y su concreción, es que la coordinación se hace, por primera vez, de manera efectiva y permanente. No se trata de reuniones cada tres meses o más entre altos funcionarios que presentan sus “resultados” y regresan a seguir haciendo lo mismo sin consecuencias. A la par de la que encabeza el Presidente a las seis de la mañana, todos los días se llevan a cabo reuniones de trabajo en los llamados Gabinetes de Construcción de Paz en los 32 estados y en 266 regiones de todo el país. Las sesiones son conducidas por representantes de la SSPC y autoridades locales vinculadas con la seguridad, incluyendo gobernadores y presidentes municipales. La GN participa ahí donde es solicitada por las autoridades locales. En cada reunión, se revisa la situación y los eventos del día anterior, las expectativas para el día en curso y posibles conflictos venideros; los casos relevantes, las acciones que cada una de las autoridades presentes realizó y sus efectos e impactos. Se analizan estrategias y acciones realizadas en conjunto, se evalúan sus resultados, se hacen los ajustes pertinentes y se toman decisiones operativas necesarias en cada caso. En determinadas circunstancias participan autoridades diversas, como de salud o cultura, por ejemplo. Este modelo obliga a las autoridades a atender puntualmente sus respectivos territorios y permite evaluar y corregir, de inmediato, errores o desviaciones.
La eficacia de este modelo es un hecho y la disminución consistente en casi todos los delitos es incontrovertible con relación a las cifras de 2018 y sus tendencias. El conjunto de delitos de orden federal muestra una reducción, a julio de 2022, de 29.3%, con algunos rubros muy destacados, como el robo de hidrocarburos con disminución de 91.3%, y el secuestro que registra 81% menos víctimas. El homicidio doloso, por ejemplo, mantiene la tendencia a la baja con una disminución de 12.8% contra el máximo histórico de 2018; es el julio más bajo desde hace cinco años. En 33 de los 50 municipios de atención prioritaria bajó 23.2% en promedio. Es notorio que Guanajuato, Michoacán, Baja California, México, Jalisco y Chihuahua, estados en los que la cooperación con las autoridades locales ha sido más tortuosa, concentran el 50% de este delito. Recordemos que el gobernador de Guanajuato, la entidad con casi la cuarta parte de los homicidios del país, afirmó que no participaría en el gabinete correspondiente. En una obvia responsabilidad compartida, es claro quien hace su parte y quién no.
Otro aspecto que es necesario considerar es la evaluación social. La Encuesta de Victimización 2022 del Inegi muestra una mejoría notable desde 2019 en la percepción de inseguridad entre los ciudadanos, tanto en el país como en su demarcación territorial y en su colonia. Al mismo tiempo, la Guardia Nacional registra niveles de aprobación y confianza del 80%. No cabe duda que la Estrategia Nacional de Construcción de Paz va por buen camino porque ha logrado articular esfuerzos y tiene la confianza de la gente. Es indispensable que se consolide y se dé oportunidad de recuperar lo perdido en décadas. Se requiere perseverancia y tiempo. Esperemos que la oposición en el Congreso, al menos en este propósito, se comporte a la altura y sea congruente con la exigencia de los ciudadanos, como lo han hecho gobernadores de sus partidos al solicitar la presencia de la Guardia Nacional en sus entidades.
Referencias
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