(13 de enero, 2015).- Son dos los casos que hicieron temblar al sistema de procuración de justicia en México en 2014: la ejecución de 15 habitantes de la comunidad San Pedro Limón en el municipio de Tlatlaya, Estado de México el 30 de junio, a manos de militares, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre.
La PGR niega y desecha todo.
Sobre el primero la PGR negó que se trataran de ejecuciones realizadas por militares y mantuvo por un tiempo la versión de que la muerte de 15 personas fueron producto de un enfrentamiento entre sicarios de la zona. Lo mismo hizo cuando el país se enteraba de la desaparición de 43 normalistas, argumentando un enfrentamiento entre sicarios y habitantes de la comunidad.
A casi 7 meses de los hechos en Tlatlaya, Estado de México, la CNDH reclasificó el expediente que lleva dicha investigación, orientándola hacia un problema de violaciones graves a derechos humanos, tal como habitantes del municipio declararon desde el inicio. Hoy, la CNDH les da la razón aunque hayan pasado más de seis meses de la matanza.
Ante la presión y las dudas sobre el caso, la PGR tuvo que reconocer en diciembre de 2014 que la procuraduría del Estado de México encubrió a militares para mantener la versión de los hechos, además de alterar la escena del crimen para simular un enfrentamiento
En el caso Ayotzinapa, no fue sino días después que la PGR aceptó la participación del gobierno municipal en la desaparición de los estudiantes. Además, familiares y compañeros de los desaparecidos, así como la sociedad en general, han demandado al gobierno federal que acepte su responsabilidad en los hechos, ya que éste, si bien no dio órdenes precisas de matar y desaparecer, sí tenía la información suficiente para saber que José Luis Abarca, alcalde de Iguala y su esposa, estaban ligados al narcotráfico.
La última versión de la PGR sobre Ayotzinapa dice que los estudiantes desaparecidos fueron asesinados y luego incinerados. Ante esto, los padres de los 43 mantienen un postura de no creerle al gobierno ni a sus instituciones, afirman que hay testimonios que indican que de haber sido incinerados, el ejército mexicano estaría involucrado y probablemente lo hayan hecho en crematorios del ejército.
