La “verdad histórica” de Jesús Murillo Karam fue arrasada por las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y quedó crudamente expuesto el “encubrimiento histórico” de la Procuraduría General de la República (PGR), ahora a cargo de Arely Gómez González, en la investigación de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Junto con la aprobación de la Ley Atenco y las reformas a la legislación militar, son éstos rasgos claros delineantes de un Estado totalitario proyectado desde las administraciones de derecha panistas, pero cuajado en el régimen ultraderechista de Enrique Peña Nieto.
Antes de despedirse de México, los integrantes del GIEI lamentaron no haber localizado a los normalistas, pero en el reporte titulado Informe Ayotzinapa II: avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, recalcaron: no hay una sola evidencia para asegurar que en el basurero de Cocula, Guerrero, fueron ejecutados e incinerados 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, desaparecidos desde septiembre de 2014; en ese lugar no existió incineración de estos cuerpos. Aún más, acusaron: las autoridades no han seguido líneas de investigación claves, se ha manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, protegido a oficiales que habrían participado en las desapariciones, y torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la versión oficial.
Reprobaron los obstáculos colocados por la administración de Enrique Peña Nieto a su trabajo; especialmente se les negó obtener de manera directa el testimonio de los militares que estuvieron presentes en varias de las escenas de los hechos violentos en Iguala. Los soldados, destacaron, incluso tuvieron conocimiento de las golpizas y detenciones de los normalistas, “pero no tomaron ninguna medida para protegerlos”.
Además, resaltaron, hubo “perfecta coordinación” durante más de 10 horas, entre diferentes corporaciones policíacas y presuntos integrantes del crimen organizado, con la finalidad de crear “un círculo de control” que abarcaba hasta 80 kilómetros para evitar la salida de los autobuses de Iguala. En contraste, diversas policías dejaron pasar el llamado quinto autobús, clave en la investigación. Subrayaron: esta unidad ni siquiera se había incorporado al expediente inicial del caso.
El GIEI también acusa: la PGR habría sembrado pruebas y hasta restos óseos en la investigación sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y presentó material videograbador en el cual se observa a varios peritos de la PGR, en una arboleda cercana al río San Juan, manipulando y recogiendo huesos, el día 28 de octubre de 2014. Y señala: después de esta diligencia fue bloqueado el camino hasta ese sitio, por el cual fue impedido el paso a miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quienes venían del basurero de Cocula realizando su trabajo. También precisa: los integrantes del EAAF no estuvieron presentes en el momento en que se encontraron las bolsas con restos óseos del normalista de Ayotzinapa Alexander Mora Venancio, los cuales según la PGR fue localizada en el río San Juan.
Para Amnistía Internacional (AI) el “demoledor” informe del GIEI es una “nueva mancha en el atroz historial” de derechos humanos del gobierno mexicano. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, destaca: el GIEI acusa al gobierno de no haber seguido las líneas de investigación clave, manipular evidencias, proteger oficiales sospechosos de participar en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos responsables. También Joy Olson, directora ejecutiva de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó: el gobierno mexicano obstruyó la investigación, con el objetivo claro de confirmar su propia versión de los hechos, la cual carece de sustento y ha sido desacreditada.
Pero el Estado mexicano no entiende: la PGR refutó los señalamientos del GIEI. No obstante, reconoció que hay siete actas circunstanciadas y tres averiguaciones previos contra servidores públicos de la PGR que se presume participaron en actos de tortura contra 34 personas vinculadas con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Eber Betanzos Torres, subprocurador de Derechos Humanos, reconoció: la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la investigación penal más exhaustiva de la historia de la procuración de justicia en México y seguirá abierta hasta que se dé con todos los responsables.
Sobre el hecho de que se ocultó que los peritos de la PGR estuvieron, un día antes, en el lugar donde supuestamente encontraron restos de un normalista, a las orillas del Río San Juan, en Cocula, Guerrero, el funcionario se limitó a decir: “se analizará dicho material”, en referencia al video presentado por el GIEI, “y en el marco de la investigación determinará lo conducente”.
¿Creerán verdaderamente en el olvido total?
