Ilustración: Pe Aguilar / @elesepe1
(20 de marzo, 2015).- La revolución que poco a poco se ha generado en México, producto de la violencia y los abusos, continúa avanzando. Amnistía Internacional declaró que si bien siete militares están siendo procesados por la participación en el asesinato de 22 personas, en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio, también debería haber mandos del ejército que también sean investigados.
Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, indicó; “Los estándares internacionales señalan que se debe sancionar a quienes no hicieron nada para detener o consignar los actos violatorios de derechos humanos”.
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“Entonces ahí tenemos que ser muy claros en que la Procuraduría General de la República debe investigar justamente cuál es el involucramiento de los altos niveles de mando”, agregó.
A su vez Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, aprovechó la audiencia pública de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, misma que investiga el caso con organizaciones de la sociedad civil, para señalar que la Procuraduría General de la República (PGR) es la encargada de obstaculizar la búsqueda de la verdad en los hechos acaecidos en Tlatlaya ya que no proporciona los documentos necesarios para conocer la cadena de mando de los militares que participaron en el operativo en dicha entidad.
Por su parte el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carlos Silva Forné, señaló que, de acuerdo a estudios, los niveles de letalidad al momento de llevar a cabo un operativo de seguridad son mucho más altos para el ejército y la marina.
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Y agregó que para la marina el número de muertos por herido, por enfrentamiento, es de 17, para el ejército 9 y la policía federal 2.
También al respecto se expresó Ernesto López Portillo, miembro del Instituto de la Seguridad y la Democracia, quien sentenció hechos como los ocurridos en Tlatlaya como producto de la “trampa” en la que el mismo Estado entró desde el sexenio pasado y que ocurrió por asignar al ejército tareas que no le corresponden relacionadas con seguridad pública.
En otro orden de los hechos Elena Tapia, presidenta de la Comisión Especial, esclareció que el hecho de esclarecer la cadena de mando en el caso Tlatlaya le corresponde no sólo a la PGR sino también a la Secretaría de la Defensa Nacional para así sancionar a los altos mandos que no castigaron y permitieron los asesinatos extrajudiciales.
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Y argumentó: “No debe usarse la reforma para acotar el fuero militar como pretexto para que la Sedena argumente que ahora el caso lo tiene la PGR y que ésta niegue la información con el argumento de que están en proceso varias líneas de investigación”.
