El pasado martes, Artículo 19 en colaboración con otras asociaciones de Derechos Humanos y colectivos de búsqueda, llevó a cabo el lanzamiento de los nuevos datos y el diagnóstico forense de la Plataforma Ciudadana de Fosas, una herramienta para acompañar la búsqueda de personas desaparecidas.
En esta actualización de una plataforma que registra los hallazgos de la sociedad civil, la iniciativa hace hincapié en la diferenciación de tipos de fosas y parte de la premisa de que México no cuenta con un registro público confiable de fosas comunes, donde también podrían localizar a personas reportadas como desaparecidas.
Esto, sumado a la opacidad de las Fiscalías, principalmente estatales, que brindan información limitada sobre el destino de los cuerpos recuperados, su resguardo y su identificación forense, ha dificultado no solo la búsqueda de las familias, sino el acceso a una sepultura digna para los desaparecidos.
Diferenciar tipos de fosas es clave para alcanzar la justicia
Al presentar los datos actualizados, la activista y buscadora Edith Torres señaló que las entidades que se negaron a dar información durante la recopilación de datos fueron Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz.
Asimismo, se recalcó la importancia de diferenciar entre una fosa clandestina (generalmente ligadas al crimen organizado, ilegales y que tienen la intención de ocultar la evidencia de manera ilegal) frente a las fosas comunes, que son legales, están bajo el resguardo del Estado y albergan cuerpos no identificados o no reclamados.
“Las fosas no solo ocultan cuerpos, ocultan la verdad y la justicia” aseveró la activista.
El estudio recupera la definición de fosa clandestina propuesta por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, como un “sitio donde uno o más cuerpos o restos de personas fueron enterrados o semienterrados, de forma anónima o ilegal, en el intento de ocultar o destruir evidencia, y que posteriormente fueron exhumados por particulares o autoridades”.
En contraste, las fosas comunes son espacios formales, generalmente ubicados en panteones municipales o ministeriales y bajo resguardo del Estado, destinados legalmente al entierro de cuerpos no identificados o no reclamados.
Crisis en el sistema forense: entre la saturación y la falta de coordinación
Al igual que las fosas clandestinas, las fosas comunes en México representan una de las manifestaciones más graves de la crisis de derechos humanos, violencia e impunidad en el país.
De acuerdo a la plataforma, estas fosas no solo tienen implicaciones legales y sociales muy profundas, sino que también suelen estar marcadas por múltiples malas prácticas estatales que agravan la situación y vulneran aún más los derechos de las víctimas y sus familias.
Si las familias buscadoras enfrentan incertidumbre por la desaparición, la situación se agrava cuando las autoridades pierde los cuerpos que localiza, los resguarda sin registro o los abandona en morgues y panteones ministeriales, por lo que se ha llegado a considerar una segunda desaparición.
Cabe destacar que, de acuerdo al diagnostico forense disponible en la plataforma, México atraviesa un desastre forense sin precedentes, cuyo origen se remonta al 2007 y la guerra contra el narcotráfico.
Casi veinte años después, la saturación de morgues, la falta de coordinación entre instituciones y la ausencia de un sistema unificado de registros han hecho imposible identificar a miles de personas reportadas como desaparecidas.
Por su parte, Fabrizio Lorusso, del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Universidad Iberoamericana León, reconoció la importancia de que las familias crearan ciencia forense ciudadana desde hace más de 15 años y reflexionó el impacto social y simbólico que tienen las fosas.
“También hay significados y vivencias de la propia fosa que nos habla, nos interpela, nos devela cosas; delata, acusa. Es una fosa común porque nos atañe a todos y todas, no solo porque ahí hay muchas personas es común, sino porque es común a una la sociedad y es indecible: trastoca el territorio y cambia la memoria que tenemos de los lugares”
Así y con una cita del filósofo Arturo Aguirre, el académico señaló que la fosa es un espacio doliente “desde donde tenemos que volver a empezar; o sea comprender y resistir a partir de la fosa”
Sugerencias y acciones urgentes para las autoridades
Finalmente, Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la IBERO difundieron su propuesta de seis acciones urgentes para avanzar en la identificación de personas desaparecidas:
- Creación de un registro centralizado y público de todos los cuerpos bajo el resguardo del Estado.
Esto representaría un ejercicio de transparencia sin precedentes al recopilar información de los Servicios Médicos Forenses (Semefos), fosas comunes, panteones ministeriales y demás sitios de resguardo administrados por el Estado.
- Establecimiento de un banco de datos forenses transparente, que permita a las familias acceder a la información en tiempo real.
- Garantizar el acceso inmediato a huellas dactilares y perfiles genéticos como parte del proceso de identificación.
- Mejorar la coordinación entre la CNB, las fiscalías estatales y Semefos para evitar la pérdida, duplicación o abandono de cuerpos en el sistema.
- Asignación de mayor presupuesto y personal especializado en identificación humana, incluyendo equipos con experiencia en genética, antropología forense y análisis documental.
- Implementación de buenas prácticas impulsadas por los colectivos de búsqueda, reconociendo su aporte técnico y ético en los procesos de identificación.
