(20 de marzo, 2016. RevoluciónTRESPUNTOCERO).- “La política del miedo” lleva como título el más reciente informe mundial, dado a conocer por el organismo internacional Human Right Watch (HRW), en el que describe a México como “el país que ha empleado fuertemente a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la violencia vinculada al narcotráfico y la delincuencia organizada, mientras que los militares han cometido en estas operaciones numerosas violaciones de derechos humanos”.
El documento, donde se analizan hechos de este tipo, desde 2006 y hasta 2015, da cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió aproximadamente 9 mil denuncias de abusos cometidos por miembros del Ejército, incluidas más de mil 700 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Donde también se emitieron informes sobre más de 100 casos en los cuales determinó que personal de esta fuerza había participado en graves violaciones de derechos humanos. “En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar, el motivo fue proclamar la obligatoriedad que los abusos cometidos contra civiles por militares fueran juzgados en la justicia penal ordinaria en vez del sistema de justicia militar.
Aunque aceptada, no es una ley que asegure justicia, puesto que el gobierno ha dado una evidente protección a dicha Secretaría, hasta ahora un caso emblemático donde se ha aceptado responsabilidad de las Fuerzas Armadas (Ejército) ha sido el de los 4 de Rosarito, pese a esto ellos siguen en prisión y sin que se conozca quiénes fueron sus torturadores, los hechos hablan por sí solos”, explica a este medio Iran Faure, colaborador de HRW e investigador social, especialista en historia de la violencia -Siglo XX y XXl-.
Sobre la ausencia de justicia relacionada con militares, HRW, cita un caso perpetrado en el estado de Zacatecas, donde tres soldados y un coronel fueron detenidos en julio pasado, luego que se les relacionara con la desaparición de siete personas que posteriormente fueron halladas muertas.
Aunque todos ellos fueron consignados, por su relación en el caso, señalados por los delitos de homicidio y desaparición forzada, aún se espera que sean juzgados en la justicia penal ordinaria. “La lentitud de las investigaciones y la revictimización de los denunciantes también es protección para los culpables, cuando se trata de fuerzas de seguridad, es un logro que se consiga una orden de aprehensión en México, habla de ejercer justicia ya es una cuestión más complicada y casi imposible con un gobierno que está bajo el mando de lo que decidan sus secretarias de seguridad”, asevera Faure.
Quien a su vez denuncia que “la política del temor y la represión de la sociedad civil han venido poniendo en riesgo derechos globales, que de comprobarse abiertamente, deberían dar paso a un juicio donde se juzgue no solo ‘a los de abajo’, sino a toda la cadena de mando, donde el primero en ser juzgado sea el ejecutivo y los secretarios de cada dependencia”, afirma Fauere.
Agrega, que enlazando las violaciones a derechos humanos por parte de secretarías que deberían resguardar la seguridad del mexicano, al sistema penal actual, “nos da como resultado el peor de los crímenes, perpetrados con la mayor impunidad perpetrada por el Estado.
Esto generalmente sucede con las personas de escasos recursos (no es que no lo hayan hecho con personas de estatus económico mucho mayor), ya es habitual que el sistema penal ordinario no logre proporcionar justicia a las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos.
Con frecuencia liberan ladrones, delincuentes y hasta sicarios, pero cuando se trata de un inocente, los MP, se llenan de dos grupos, o gente inocente que irá a prisión por no saberse defender o inculpados que sí cometieron delitos, pero son intocables y con grandes cantidades de dinero quedan en libertad, lo cual en definitiva es uno de los daños que han dejado como consecuencia, la desaparición forzada y tortura de militares y marinos”, afirma Faure.
Sobre el tema HRW, asevera que en México casos de corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio con delincuentes y funcionarios abusivos, forman parte de los obstáculos necesarios para obtener justicia en este país.
En 2008, México promulgó una reforma constitucional destinada a transformar para 2016 su sistema judicial inquisitivo y escrito en uno de tipo acusatorio y oral. Pero la implementación de dicha reforma ha sido lenta. “La lentitud siempre ha existido, pero cuando se trata de víctimas de fuerzas armadas este resulta aún más lento, porque es la manera en que pueden apelar al hartazgo de los denunciantes y al agotamiento físico y mental” sentencia Faure.
