Por: Zazil Carreras
Twitter: @ZazCarreras3_0
La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones ha sido una magnífica estrategia con la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto incluye algunas de las peticiones por las que han pugnado quienes piden mejoras en los medios del país e incluye –por otra parte- contenido que pretende pasar de manera ligerita y desapercibida como progresista cuando, en diversos puntos, disfraza un retroceso en materia de medios.
Esta reforma propone que en su artículo 6° se incluya el derecho al libre acceso a información veraz. La reforma a este artículo trata, por primera vez en la historia, de las telecomunicaciones a los medios como algo público.
Hasta ahora, los medios públicos existentes dependen en su totalidad del gobierno, con pocos recursos y a consecuencia de esto, carecen de independencia editorial.
Estos medios han sido empleados de manera histórica para politiquería, propaganda pública y no para la inclusión de contenidos de calidad cercanos y de interés para la población. Conforme al transitorio DÉCIMO, la situación de estos medios debería cambiar para cumplir la función básica para la que fueron creados: servir a la sociedad.
En el artículo transitorio DÉCIMO SEXTO, fracción II, se incluye la propuesta del uso del espectro de 700 MHz, conocido como banda ancha, utilizando la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para garantizar este servicio a nivel nacional.
También propone limitar las prácticas monopólicas y es en esta parte donde comienza lo malo de la iniciativa.
La comunicación no es un mero problema del reparto del mercado y tampoco es un mero asunto económico.
Los derechos sociales y la libertad ciudadana de opinión, información, conocimiento y expresión, nunca se han manifestado completamente en los medios existentes.
Si los medios no expresan a los ciudadanos, ni permiten que los ciudadanos se expresen, se sigue considerando a la sociedad como mera audiencia y no como un colectivo con derechos y necesidad de información plural e incluyente.
A pesar de que la reforma plantea la ampliación de los medios informativos, en ningún momento plantea la democratización de los medios, que es precisamente la inclusión de la sociedad en los medios. Que sea a través de ella y para ella que se generen contenidos que no solo sean de calidad y accesibles, sino que sean relevantes y transformadores para los mexicanos.
A pesar de que con la reforma se crearán dos cadenas nacionales de televisión, los posibles propietarios son personajes involucrados en los medios de comunicación actualmente, personajes que han permitido que los medios no sean democráticos y mucho menos incluyentes, puesto que se encuentran vinculados al gobierno o son propietarios actuales de pequeños monopolios informativos.
Otra parte que es peligrosa en esa reforma es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que será el organismo autónomo que regulará, a partir de ahora, todo lo relativo al área pero que, a pesar de ser ampliamente definido en los artículos transitorios correspondientes, no responde a dos cuestionamientos básicos: ¿Seguirá el modelo de trabajo de instituciones independientes como el IFE, y el IFAI, que hasta ahora ha sido un fracaso? ¿Por qué va a ser encabezado por el Banco de México, que históricamente ha sido ajeno al tema de las telecomunicaciones?
La segunda pregunta probablemente tiene respuesta en la propuesta de reforma al artículo 27 que, de acuerdo con los críticos de esta iniciativa, es uno de los puntos realmente peligrosos de la reforma.
El texto dice a la letra: “… el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.”
Este grave artículo despoja al Estado del manejo del espectro radioeléctrico, que es el territorio estratégico y más importante del país en los últimos tiempos. Este artículo tiene todo que ver con el QUINTO artículo transitorio de la iniciativa, que permite la inversión de hasta el 100 por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite, así como hasta el 49 por ciento de inversión extranjera.
Esta gravísima reforma va de la mano con la iniciativa energética y económica, reformas que contienen un gran sentido privatizador, para las que no existe defensa en el congreso.
En este sentido, la telebancada en el Congreso de la Unión no representa un peligro, el verdadero peligro es la Telebancada de la Unión, ya que el pleno de los legisladores está trabajando como bloque unido para ala aprobación de esta ley. No existen frenos ni medidas para detener la imposición de esta reforma, que proviene del Pacto por México, mismo que tiene sujetos a los diputados de todos los partidos mayoritarios, por lo que no existe una oposición real.
Un claro ejemplo de este hecho fue lo sucedido en 2006, cuando la denominada Ley Televisa fue aprobada por el pleno del Congreso e incluso defendida por un miembro de la oposición, el entonces diputado y coordinador de la bancada del PRD, Pablo Gómez.
Es previsible que esta ley sea aprobada de manera mayoritaria y publicada en los términos en los que se encuentra, pues en una primera etapa de debate y análisis fue aprobada en lo general y en lo particular salvo los artículos reservados y sólo un diputado, Ricardo Mejía, se abstuvo de votar para su aprobación.
En términos de privatización, se avecinan terribles épocas para México, puesto que las reformas planteadas no cejan en el intento de lograr la venta de los bienes nacionales al extranjero, dejando con pocos recursos de defensa a los mexicanos.
